El Supremo propone juzgar a Ábalos, a Koldo y a De Aldama por los contratos de mascarillas

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha propuesto sentar en el banquillo al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario y presunto comisionista Víctor de Aldama por la parte de la investigación centrada en contratos irregulares de mascarillas.
El magistrado de la Sala Penal Leopoldo Puente ha dictado hoy auto de procedimiento abreviado contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos, el exasesor del anterior Koldo García Izaguirre, y el empresario Víctor de Aldama, en la pieza inicial en la que se ha investigado, entre otros asuntos, los contratos irregulares de mascarillas durante la pandemia de Covid, hechos provisionalmente calificados como cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
El instructor ha dictado este lunes (día en el que en el Supremo arranca el juicio al fiscal general del Estado por supuesta revelación de secretos) un auto de pase a procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento) por presuntos delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
El instructor considera que los tres "se concertaron, muy poco después de tomar posesión el primero de su cargo como ministro del Gobierno de España, para, aprovechando esa circunstancia y la natural influencia que proyectaba, beneficiarse económicamente de la adjudicación de contratos que pudieran realizarse en el ámbito de la Administración Pública, así como para aprovechar en su beneficio económico cuantas oportunidades se les pudieran presentar de hacerlo valiéndose de dicha valiosa influencia".
En su auto, el instructor da traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a la representación de las acusaciones populares para que, en el plazo común de diez días, soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.
A lo largo de 47 páginas el juez expone los indicios de delito contra los tres investigados por la rama principal del conocido como caso Koldo, que se desgajó a su vez en una pieza separada donde los tres están también imputados, junto al exnúmero 3 del PSOE Santos Cerdán, por el presunto reparto de comisiones en adjudicaciones de obra pública.
El juez apunta a un "concierto de voluntades entre los investigados", quienes, "aprovechando el cargo" de Ábalos en el Gobierno, "convinieron" que podrían favorecer la contratación pública de ciertas empresas introducidas por Aldama "a cambio del correspondiente beneficio económico" para los tres.
Puente ha dado este paso después de que el pasado septiembre decidiera dividir la causa para dejar en la pieza principal las investigaciones relativas a los contratos de mascarillas y dedicar la pieza separada a la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública.
En aquel momento, ya el magistrado advirtió de que la parte de la investigación relativas a las obras públicas estaba en fase "muy incipiente", pero la relacionada con los contratos de mascarillas estaba muy avanzada, "siendo previsible la pronta terminación de la fase de instrucción correspondiente" a esa parte principal.
Ahora, el instructor sostiene que "existen muy consistentes indicios, a partir de los hechos que se declaran como indiciariamente justificados, de que De Aldama hizo entregas de sucesivas cantidades de dinero a los también investigados José Luis Ábalos y Koldo García, al fin y con el propósito de que por los mismos se efectuaran actos contrarios a los deberes inherentes a sus respectivos cargos públicos".
De igual forma, asegura que también hay indicios de que Ábalos y Koldo "recibieron dichas retribuciones económicas, en ejecución del proyecto delictivo que a todos les unía, y como contraprestación a dichas conductas desleales".
Según Puente, en esta presunta trama De Aldama estaba encargado de "la localización de las empresas o particulares que estuvieran dispuestas a satisfacer los pagos correspondientes para contactar o contratar con la Administración, obteniendo por ello un beneficio económico para sí".
Por su parte, señala que Koldo, "aprovechando su condición de asesor del ministro y la confianza absoluta de éste (que el conocimiento por el mismo de los planes del grupo le proporcionaba) se encargaba de realizar las gestiones ordinarias oportunas que, en cada caso, resultaran precisas; reservándose la intervención personal del ministro para cuando su firma o su directa influencia fueran indispensables".
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