El móvil político toma fuerza en el inicio del juicio contra García Ortiz
La primera jornada del juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha dejado ya testimonios relevantes que apuntan a un móvil claramente político en la filtración que contenía datos reservados de Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso. El fiscal Julián Salto, que estaba en contacto con González Amador para dilucidar si había cometido fraude fiscal, aseguró ayer que le sorprendió el interés que mostraron sus superiores por este caso, que, en su opinión, "parecía un fraude fiscal más".
Julián Salto pronto se dio cuenta de que no lo era y de que había otras razones que explicaban esa movilización extraordinaria contra un particular llevada a cabo por orden del fiscal general. "El 8 de marzo pregunté a qué venía este repentino interés, porque no era un asunto de los de dación de cuenta (que tenga que rendir cuentas), y me dicen que es porque el implicado mantiene una relación sentimental con la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid", dijo Salto. En el entorno del fiscal general, que mantiene la hipótesis de que no hay caso contra él, han intentado hacer pasar por normal y legal que se requiriera información de un ciudadano a Julián Salto. Ahora se sabe que legal si es, pero normal no lo era en absoluto. La declaración de este fiscal, clave para alumbrar qué ocurrió, deja al descubierto que alguien ha podido estar utilizando los órganos del Estado para fines particulares que exceden o nada tienen que ver con el interés general. Y, sobre todo, pone en tela de juicio que la intervención de todo un fiscal general, movilizando a varios fiscales para hacerse con la documentación secreta que se habían cruzado González Amador y la Fiscalía en el curso de un procedimiento habitual, fuera solo para desmentir un bulo.
La urgencia que demostró tener el fiscal general por recabar los datos de la investigación a Alberto González Amador centra las sospechas de la filtración sobre él. El testimonio de Julián Salto fue clarificador en este punto. Según él, sus jefes en un principio no le presionaron para obtener la información de González Amador. De hecho la fiscal jefe de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, no le transmitió urgencia alguna. Sin embargo, todo cambió cuando entró en escena Pilar Rodríguez, la fiscal provincial, estrechamente vinculada a García Ortiz. Rodríguez llegó a sacar a Salto de un partido de la Champions League en el Metropolitano entre el Atlético de Madrid y el Inter de Milán porque "el fiscal general no podía esperar" y necesitaba urgentemente la documentación.
El relato de Salto, según muchos expertos jurídicos, ya sería una razón con suficiente peso para procesar a García Ortiz como principal sospechoso del delito de revelación de secretos. Pero hay otro elemento que refuerza aún más las sospechas sobre una posible actuación impropia de un fiscal general: el borrado de los datos de sus teléfonos móviles. García Ortiz procedió a destruir o hacer desaparecer gran parte de la información que contenían sus terminales móviles el mismo día que el Tribunal Supremo abrió causa contra él.
BorradoEste hecho es altamente sospechoso teniendo en cuenta que nadie borra pruebas que demuestran su inocencia y, en todos los casos, suele ocurrir lo contrario.
La hipótesis más extendida, dado su comportamiento, que se baraja es que los mensajes de sus móviles no solo le incriminaban a él sino a quienes en el entorno del Gobierno o directamente dentro de él pudieron haberle encargado recabar la información relativa a González Amador con el único objetivo de utilizarla contra Ayuso. Si una lancha rápida arroja paquetes al mar cuando es perseguida por la Guardia Civil caben muchas posibilidades de que sea porque se trata de droga o algún otro material delictivo.
Las propias explicaciones que García Ortiz dio para justificar la destrucción de esas pruebas no despejan ninguna de las sospechas. Inicialmente se dijo que García Ortiz había borrado su móvil por razones de seguridad y siguiendo un protocolo. Pero la existencia de ese protocolo ha sido desmentida.
No hay manera de justificar que borrara la información nada más ser requerido por el alto tribunal. La imposibilidad de los técnicos de recuperar esa información a pesar de haberlo pedido el juez en varias ocasiones hace pensar que en el borrado se hizo a conciencia y que en el mismo ha podido participar alguna estructura compleja del Estado.
Además de Salto, también declaró ayer Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid. Rodríguez fue la que sugirió en su momento añadir "cianuro" en la nota de prensa que el fiscal general ordenó sacar para desmentir la versión de que la Fiscalía había propuesto un acuerdo al novio de Ayuso, cuando en realidad era al revés. La fiscal provincial quiso ayer matizar esta expresión que según ella se debió a su estado de ánimo por los dos días que llevaba soportando la "invectiva" de Ayuso. La estrecha colaboradora de García Ortiz relató, a preguntas de las partes, la indignación de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, cuando supo que se habían filtrado los datos secretos de González Amador. "Han filtrado los correos", le dijo Lastra a Rodríguez.
Protagonistas
En el juicio que se inició ayer y que durará dos semanas se oirá el testimonio de cuarenta testigos, entre los que destacan los fiscales implicados (Julián Salto, Almudena Lastra, Pilar Rodríguez y Diego Villafañe(mano derecha de García Ortíz), el propio Alberto González Amador, el exsecretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, y Pilar Sánchez Acera, jefa de Organización de los socialistas madrileños y en el momento de la filtración jefa de gabinete del ministro Óscar López. Sánchez Acera envió a Lobato el supuesto documento que se había intercambiado González Amador con la fiscalía para que lo utilizara contra Ayuso. Lobato, que es técnico de Hacienda, ante la sospecha de que podría tratarse de una filtración ilegal, llevó el caso ante un notario para protegerse. García Ortiz declarará el último.
Los siete magistrados de la sala de lo Penal del Tribunal Supremo que van a juzgar Álvaro García Ortiz son Andrés Martínez Arrieta, presidente de la Sala, la progresista Susana Polo, que además en este caso será la ponente, Juan Ramón Berdugo, Manuel Marchena, Antonio del Moral, Carmen Lamela y Ana María Ferrer.
Del juicio que se inició ayer lo más extraordinario no es que un fiscal general del Estado, en este caso Álvaro García Ortiz, se siente en el banquillo por primera vez en la historia.
Eso es lo normal en un Estado de Derecho con cualquiera en el que concurran indicios de que ha cometido un delito. Lo extraordinario es que todo un fiscal general del Estado haya podido participar en la comisión de ese grave delito, revelación de secretos, regulado en al artículo 417.2 del código penal, por el que le podría ser condenado de 4 a 6 años de cárcel, multa, inhabilitación y suspensión de empleo. El hecho más surrealista es que García Ortiz no ha dimitido y va a ser juzgado mientras permanece en el cargo, lo que supone que el fiscal que debe actuar en el juicio está subordinado a él, un hecho sin parangón que ha sido criticado por la mayor parte de los fiscales.
Ayer fueron muchas las críticas que recibió el fiscal general por no sentarse en el banquillo de los acusados y acudir al juicio con su toga. Sin embargo, la vestimenta oficial esa es una prerrogativa que tienen todos los jurídicos cuando están ante un jurado.
La defensa de García Ortiz ha negado las acusaciones que pesan sobre su defendido y ha cuestionado la instrucción del juez Ángel Hurtado por considerarla "prejuiciosa o sesgada". Además, considera que es nula la declaración de secreto de las actuaciones, el auto de incoación de diligencias previas y el de registro de su despacho. Lo cierto es que los autos de Hurtado obtuvieron el respaldo de la Sala de Apelación del Supremo.
Expansion
