El fiscal general del Estado niega las acusaciones de revelación de secretos

La vista oral ha arrancado con la lectura por parte de la letrada de la administración de Justicia del auto de apertura de juicio, que el fiscal general, vestido con toga, ha seguido atento con un bolígrafo en la mano con el que ha tomado notas de manera recurrente.

Tras ello, el presidente del tribunal Andrés Martínez Arrieta ha dado por comenzado el juicio y de inmediato ha preguntado al fiscal general: ¿Señor García Ortiz, se considera autor responsable de los delitos que se le imputan? "No", ha respondido el fiscal general desde el estrado, donde está sentado a la derecha de los abogados del Estado que le representan.

Acto seguido, ha dado comienzo la fase de cuestiones previas, en la que la acusación particular que ejerce la pareja de Díaz Ayuso, y otras acusaciones, han solicitado incorporar como prueba comunicaciones entre un periodista de la Cadena Ser y el abogado de González Amador que propuso el pacto, así como un artículo de El País.

También la Fiscalía, que pide la absolución, ha tomado la palabra para denunciar vulneraciones de derechos fundamentales, en concreto a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones y también a un juez imparcial, y ha presentado varios documentos, como la certificación de que el polémico correo continúa a día de hoy en la dirección genérica de la Fiscalía de Delitos Económicos.

Por su parte, la Abogacía del Estado, que también denuncia vulneración de derechos, ha presentado hasta siete cuestiones previas, entre ellas un dictamen pericial que concluye que no se puede determinar qué mensajes borró de su dispositivo el fiscal general el 16 de octubre -día en que se abrió la causa-.

También ha pedido incorporar tuits del jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, o un programa de radio que conecta la versión que este difundía con la información de El Mundo que atribuía a la Fiscalía la iniciativa del pacto, y no al revés.

García Ortiz está acusado de filtrar el correo en el que, el 2 de febrero de 2024, la defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ofrecía al fiscal Julián Salto un pacto por el que reconocía en nombre de su cliente dos delitos contra Hacienda en busca de una rebaja en su petición de condena. Este empresario continúa procesado por estos hechos.

Para García Ortiz las acusaciones -la particular de González Amador y seis populares- solicitan entre 4 y 6 años de cárcel y hasta 12 de inhabilitación, mientras que la Fiscalía defiende que no hay delito y, como la Abogacía del Estado, pide la absolución.

La abogada del Estado Consuelo Castro, que ejerce la defensa de García Ortiz, ha pedido la nulidad de varias actuaciones y denunció la vulneración de sus derechos fundamentales durante la instrucción.

Entiende la defensa que durante la instrucción se vulneró el principio de igualdad de armas y que todas las diligencias que se realizaron iban dirigidas a probar la culpabilidad del investigado, practicándose más diligencias de cargo que de descargo, dado que la mayor parte de las solicitadas por la defensa resultaron rechazadas.

En el trámite de cuestiones previas, la defensa de García Ortiz consideró nula la declaración de secreto de las actuaciones durante un mes por "falta absoluta de motivación" y también pide la nulidad del registro en el despacho del fiscal general, que juzgó "desproporcionado y atentatorio contra su intimidad".

Castro insistió en que durante la instrucción hubo una "vulneración frontal y grave del Convenio Europeo de Derechos Humanos y de la Constitución" que obligó al fiscal general a recurrir el auto "a ciegas". Por tanto, considera que debe declararse nulo todo lo derivado de ese registro, incluidos los informes de la UCO y las comisiones rogatorias cursadas a Irlanda y a Estados Unidos para rastrear los mensajes borrados y que, además, no tuvieron éxito puesto que no se pudieron recuperar.

La defensa de García Ortiz se expresó muy duramente contra el instructor Ángel Hurtado del que asegura que realizó una investigación "inquisitiva" y "prospectiva", sometiéndole a un "proceso injusto" que se inició bajo la premisa de que el "investigado era culpable".

En estas cuestiones previas, la Abogacía del Estado presentó un informe pericial que rebate el informe de la UCO sobre el borrado del móvil de García Ortiz. Los agentes concluyeron que el borrado se produjo el día16 de octubre, fecha en que el Supremo abrió formalmente la investigación, y aventuró que podrían haberse eliminado los mensajes intercambiados el 13 de marzo, día en que supuestamente se produjo la filtración.

Según el informe de parte, es imposible saber qué contenidos se borraron el día 16 de octubre, por lo que la deducción de la UCO no se basa en datos. Además, Castro ha pedido nuevas documentales como los tuits difundidos por Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de Gabinete de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, tuits del periodista de El Mundo Esteban Urreiztieta en los que sólo hablaba de dos delitos fiscales; conversaciones en el chat de Tribunales; los mails "ofensivos" que obligaron al fiscal general, según su defensa, a cerrar su cuenta de correo electrónico y la transcripción y audio de un programa de EsRadio en el que intervino Esteban Urreiztieta con la "versión que difundía Miguel Ángel Rodríguez".

Tras la lectura del auto de procesamiento y de los escritos de acusación, el presidente del Tribunal, Andrés Martínez-Arrieta, dio inicio a la vista y se dirigió a García Ortiz para preguntarle: "¿Se considera responsable de los delitos que se le imputan?", a lo que el procesado respondió con un escueto "no".

Por su parte, el abogado de González Amador pidió incorporar dos documentos como prueba. Se trata de dos whatsapps de Miguel Ángel Campos (periodista de la Cadena Ser) la noche de la filtración del correo electrónico. Son mensajes entre el informador y Carlos Neira, abogado de González Amador. Y también el artículo de El País de Juan José Mateo publicado el día 14 a las 19.00 horas en el que se recoge el contenido del mail.