Presunta lucha anticorrupción causó desabasto de medicinas
En 2018, Andrés Manuel López Obrador asumió la Presidencia de la República con una estrategia enfocada en combatir la corrupción en todos los niveles de la administración pública federal. Como parte de esa meta, modificó el modelo de adquisición de medicamentos que venía operando desde años atrás y retiró al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) la responsabilidad directa de realizar esas compras. A partir de ese momento, la adquisición de insumos médicos quedó bajo control de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con el argumento de reducir costos y eliminar posibles prácticas irregulares detectadas en sexenios anteriores.
Según Oliver Meza, académico del Tecnológico de Monterrey, esta decisión derivó en un cambio institucional que el Gobierno federal no estaba preparado para implementar ni supervisar de manera adecuada. El especialista advirtió que el problema no se resolverá mientras la federación insista en un modelo que excluye al sector privado de los procesos logísticos y de distribución, los cuales requieren experiencia y capacidad técnica.
“El Gobierno necesita invertir en el suministro, y si no lo hace por falta de recursos, debería echar mano del mercado para que este asuma ciertas partes del proceso”, señaló. Subrayó que esto no implica privatizar los servicios de salud, sino adoptar una estrategia que asegure una cadena logística funcional y sostenible.
Como parte de las modificaciones implementadas, el Gobierno federal vetó a diversas empresas que durante años habían abastecido medicamentos al sector público, entre ellas Grufesa, Maypo y PiSA. Con una base de proveedores más reducida, la primera licitación encabezada por la SHCP dejó 62% de claves desiertas, de acuerdo con la investigación Operación Desabasto, realizada por Impunidad Cero y Justicia Justa. Este resultado marcó el inicio del desabasto de medicamentos en hospitales públicos, particularmente de insumos oncológicos y tratamientos de alta especialidad.
Ante el agotamiento de existencias, a finales de 2019 comenzaron las primeras movilizaciones convocadas por familiares de pacientes y colectivos que denunciaban la falta de medicamentos. Aunque el Gobierno federal calificó inicialmente dichas expresiones como infundadas, posteriormente pidió apoyo a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para asumir la compra de insumos. Sin embargo, este esquema se aplicó sin un análisis previo que considerara las particularidades administrativas y regulatorias del sistema mexicano.
Durante el proceso con la UNOPS, varios pedidos llegaron fuera de tiempo y no se estableció un mecanismo que garantizara el suministro constante. Paralelamente se eliminó el Seguro Popular y se creó el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), que tampoco logró asegurar las compras conforme a la programación inicial.
A finales de 2023, la federación cambió nuevamente su estrategia. Se encomendó a Birmex la compra y distribución de medicamentos junto con la Secretaría de Salud, pero la empresa enfrenta diversas investigaciones por posibles faltas administrativas, lo que ha generado nuevos retrasos. Asimismo, se puso en marcha la Megafarmacia del Bienestar con la intención de funcionar como centro nacional de almacenamiento, aunque sin un sistema eficiente de distribución. El Gobierno federal ha reiterado que el desabasto se resolverá “en las próximas semanas”, pero organizaciones civiles advierten que esa promesa se repite desde meses atrás sin resultados tangibles.
Pese a los constantes anuncios del Gobierno federal sobre la pronta resolución del desabasto de medicamentos oncológicos, especialistas advierten que la problemática no se resolverá si no se involucra a la iniciativa privada en la estrategia de distribución. Oliver Meza, académico del Tecnológico de Monterrey, señaló que las empresas privadas cuentan con incentivos claros para garantizar la entrega de medicamentos, lo que podría hacer más eficiente la cadena de suministro sin implicar una privatización de los servicios de salud.
“El Gobierno federal debería aprovechar este mecanismo, echar mano del mercado para atender la distribución. Esto no significa privatizar los servicios de salud, sino que el Estado incentive la creación y el desarrollo de empresas dedicadas al ramo, con una regulación que evite monopolios y, al mismo tiempo, subsidie los costos finales al usuario en algunas partes de la cadena”, explicó Meza.
El especialista consideró poco viable el plazo de 15 días prometido por la Secretaría de Salud y el Gobierno federal para entregar los medicamentos faltantes. “El anuncio de los 15 días se seguirá repitiendo una y otra vez mientras no se establezca una solución sostenible. El Gobierno necesita invertir en el suministro; si no tiene recursos, debería permitir que el mercado asuma partes del proceso. Esto permitiría una distribución más confiable y fechas límite más realistas”, señaló.
Meza también criticó la estrategia federal implementada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando la compra de insumos médicos fue transferida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sin un plan concreto de abastecimiento. Asimismo, indicó que la Megafarmacia del Bienestar no logró resolver el problema de fondo, mientras que gran parte de los recursos se destinaron a proyectos emblemáticos como la refinería de Dos Bocas o el Tren Maya.
“Se intentaron hacer cambios en el gobierno anterior, pero no existió la capacidad suficiente para atender el desabasto. Otros temas de la agenda pública acapararon la atención, dejando la problemática de los medicamentos en segundo plano, aunque no es menor”, agregó el experto.
Meza insistió en que una alianza con el sector privado podría transformar la distribución de medicinas oncológicas en un proceso más sostenible y eficiente. Esto no solo garantizaría la disponibilidad de los medicamentos para los pacientes que los requieren, sino que también permitiría que el Estado se concentre en supervisar y regular el mercado, asegurando que los beneficios lleguen a la población sin comprometer la gratuidad ni la calidad del servicio.
La participación de la iniciativa privada se considera una herramienta estratégica para asegurar que el suministro de medicamentos oncológicos deje de ser un problema recurrente en México. De acuerdo con Meza, la colaboración entre gobierno y empresas especializadas podría optimizar la logística, reducir retrasos y generar mecanismos de control más efectivos, mientras que el Estado mantiene la autoridad sobre los costos y estándares de calidad.
“Si se logra una coordinación adecuada, las fechas límite de entrega podrían ser más realistas y sostenibles, y los pacientes tendrían certeza de que recibirán sus tratamientos de manera continua”, afirmó el académico. La implementación de estas medidas permitiría que el desabasto deje de ser un problema recurrente y brinde a los pacientes una solución efectiva y duradera.
Ante las movilizaciones de pacientes con cáncer y sus familiares por el desabasto de medicamentos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó a inicios de este mes que se ha adquirido el 96% de los fármacos oncológicos necesarios y que actualmente existe abasto suficiente para la mayoría de los tratamientos. Sin embargo, reconoció que hay tres medicamentos específicos que presentan dificultades en su distribución.
La Mandataria explicó que no hubo problemas en los procesos de compra o licitación, sino que las fallas se deben al suministro y la logística de ciertos medicamentos. Para contrarrestar esta situación, señaló que el Gobierno federal mantiene una reserva de fármacos oncológicos especiales, destinados a cubrir necesidades inmediatas de los pacientes.
Sheinbaum Pardo destacó la transparencia de su administración en torno a la adquisición de medicamentos y explicó que se implementará un esquema adicional de distribución para garantizar que los fármacos lleguen incluso a los municipios más alejados del país. Según la presidenta, se trabaja con un equipo permanente que supervisa y asegura la entrega oportuna de los insumos para tratamientos oncológicos.
TELÓN DE FONDO
Toman las calles para exigir medicinasPara la presidenta Claudia Sheinbaum, las manifestaciones realizadas en distintas ciudades del país el pasado fin de semana fueron organizadas por Margarita Zavala, diputada federal por el PAN, por lo que descalificó las demandas, señalando que se trataba de un golpe de la oposición contra su administración.
“Ayer, eso de la marcha de medicamentos, Margarita Zavala la encabezaba. Por cierto, estamos dándole seguimiento personal a la llegada de los medicamentos a todos los centros de salud; ayer pedí que me enviaran fotos de todos los medicamentos oncológicos que están llegando a todas las instituciones que atienden cáncer”, aseguró en su conferencia matutina del lunes pasado.
La asociación civil Nariz Roja convocó a la marcha nacional “Queremos medicinas” los días 9 y 10 de agosto. Las ciudades participantes incluyeron Guadalajara, Oaxaca, Salamanca, Villahermosa, Ciudad de México, Toluca, León, Aguascalientes y Cancún.
En Guadalajara, los manifestantes recorrieron avenida Vallarta hasta la glorieta Minerva para alzar la voz contra el desabasto. El contingente, con un eco que resonaba por la ciudad, coreaba: “Gobierno federal, no nos mientas más”, “Es por los niños”, “Queremos quimio para los niños”. Entre los asistentes estuvo Ainhoa Castañeda, de apenas 11 años, diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda en enero de este año.
Tras las declaraciones de la Presidenta, Nariz Roja rechazó que Margarita Zavala hubiera organizado las marchas. “La Presidenta Claudia Sheinbaum miente y quiere desviar la atención del objetivo de la marcha con la asistencia de Margarita Zavala. Si nos demuestra que la diputada encabezó la marcha, cerramos la asociación y pedimos disculpas públicas. Si ella mintió, que acepte el desabasto y se disculpe con todos los participantes, incluidos niños con cáncer y sus familias. Ya basta de politiquerías y de evadir responsabilidades”, publicó la organización en su cuenta de X el pasado lunes.
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