Las discrepancias sobre cómo facilitar el acceso a la vivienda marcan el debate en València

Con permiso de la terrible dana y las iniciativas encaminadas a que los daños de la barrancada no vuelvan a producirse -instalación de cámaras, sistemas de alerta e incluso una gran inversión para asegurar el autoabastecimiento de agua potable en caso de emergencia-, el problema de la vivienda fue el gran protagonista del debate sobre el estado de la ciudad celebrado ayer en el Ayuntamiento de València. Gobierno local y oposición confrontaron en cómo resolver una cuestión pendiente que hace cada vez más complicado el acceso a una casa de los vecinos del cap i casal. Fórmulas muy distintas, e incluso contradictorias, para abordar una problemática de difícil solución.

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La alcaldesa María José Catalá (PP) puso encima de la mesa la propuesta para crear una Agencia de Alquiler. Con el respaldo asegurado de la mayoría del plenario, la primer edil detalló que este organismo “arrancará este curso político con dos objetivos: dar seguridad a los propietarios y activar las viviendas vacías que existen en la ciudad para que salgan al alquiler y que muchas de ellas no salen al mercado por miedo a la inquiocupación”.

Catalá avanzó que el Ayuntamiento asegurará a los propietarios el pago de los alquileres a cambio de que estos sean a precios por debajo del mercado. Con ello, se pretende que los dueños pierdan el miedo a alquilar y que los inquilinos puedan acceder a alquileres más asumibles. Lo que no quedó demasiado claro de su explicación es cómo se actuará si no se paga, pues el propietario seguirá cobrando el alquiler y el Ayuntamiento tendrá que hacer un desembolso y actuar contra los morosos.

Catalá se compromete que la nueva Agencia asegurará el pago del alquiler a los propietarios

La alcaldesa también mostró su esperanza de que con la puesta en marcha del Plan + Vivienda, en los próximos años, los vecinos de la ciudad puedan tener acceso a 1.000 viviendas nuevas a precios asequibles.

Al contrario que la izquierda, Catalá no se mostró partidaria de nuevas medidas respecto a los pisos turísticos -cuya presencia también influye en los precios de los alquileres-. La dirigente popular reseñó que, según los datos del Consistorio, en estos momentos, “hay 1.100 apartamentos ilegales menos que en julio del 2024”.

Compromís pone el foco en que cada trimestre ·unas 3.000 personas se ven obligadas a abandonar València por no poder pagar un alquiler o comprar una vivienda

Medidas totalmente insuficientes para la izquierda. La portavoz de Compromís, Papi Robles, recordó que cada trimestre “unas 3.000 personas se ven obligadas a abandonar València por no poder pagar un alquiler o comprar una vivienda”. Una circunstancia “insostenible y sin precedentes” que hace, a su juicio, que las 1.000 viviendas prometidas por Catalá “no solucionen nada”.

Ante esto, la dirigente de Compromís propuso un paquete de medidas valientes que incluye la regulación de los precios del alquiler, la prohibición de los apartamentos turísticos, una mayor inversión en vivienda pública y la movilización de la vivienda vacía mediante un canon específico.

El PSPV pide que se declare a València zona tensionada para limitar los precios del alquiler

En una línea similar se situó el portavoz del PSPV en el Ayuntamiento, Borja Sanjuan, que reclamó, como ya había anunciado el día de antes su secretaria general, Pilar Bernabé, un acuerdo para reducir el precio de la vivienda, solicitando la declaración de zona tensionada para limitar los precios del alquiler, tal y como permite la ley estatal. El dirigente socialista cree que se debe obligar a que los nuevos desarrollos urbanísticos tengan un mínimo de un 50% de vivienda pública y protegida.

En paralelo al tema de la vivienda, Sanjuan también reclamó la prohibición de todos los apartamentos turísticos en un plazo de cinco años (como ya anunció el Ayuntamiento de Barcelona) para que 10.000 viviendas vuelvan a ser hogares y la instauración de la tasa turística en València.

Catalá plantea el derribo de las Casitas Rosas

Entre los muchos anuncios realizados ayer por la alcaldesa María José Catalá destaca la petición para que empresa municipal AUMSA encargue la redacción de un instrumento de planeamiento de reforma interior que defina la nueva reordenación, el realojo, la edificabilidad, la definición del justiprecio y el derribo de las Casitas Rosas, una de las zonas más degradas de la ciudad y convertida desde hace años en un foco de venta de droga.