Dolor minimizado, actos no consentidos... Numerosas discriminaciones en el acceso a la atención

«Si bien la denegación de acceso a la atención sigue siendo la forma más conocida y evidente, la discriminación puede producirse en todas las etapas de la atención y, de forma menos visible o consciente, en la relación entre el profesional sanitario y el paciente», considera la autoridad independiente encargada de garantizar el respeto de los derechos en Francia.

En 2022 se presentaron 224 denuncias ante colegios profesionales y seguros de salud y se enviaron 31 reclamaciones al Defensor del Pueblo, pero la "escala de discriminación supera con creces" estas cifras, afirma el informe.

En teoría, los profesionales sanitarios no tienen derecho a rechazar a un paciente a menos que la solicitud de atención no corresponda a su área de especialización, si tienen demasiados pacientes o si el paciente en cuestión ha sido previamente violento o insultante hacia ellos.

Pero en la práctica y sobre el terreno, esta regla es objeto de numerosas violaciones, ya sea en el acceso a la atención o en el proceso de atención, señala el Defensor de Derechos.

En los servicios de urgencia, la autoridad independiente describe "una subestimación" del dolor y "la gravedad de los síntomas expresados ​​por las mujeres, sobre todo cuando son jóvenes, de origen extranjero o percibidas como tales". “Dependiendo del caso, el dolor del paciente se minimiza o se cuestiona y se atribuye a una supuesta ansiedad o a un sufrimiento psicológico oculto”, denuncia.

El síndrome mediterráneo, un prejuicio racista sin base médica según el cual las personas de origen magrebí o negro exageran sus síntomas o su dolor, tiene como efecto minimizar el sufrimiento expresado por estos pacientes y/o rechazar el tratamiento, con consecuencias a veces fatales.

Otras víctimas de esta discriminación son las personas económicamente vulnerables, como los pacientes que viven en la calle o los consumidores de drogas a quienes, "por su apariencia física, olor corporal o consumo de alcohol", se les puede negar el acceso a los servicios de emergencia.

Los beneficiarios de la cobertura sanitaria universal (CSU), de la solidaridad sanitaria complementaria (CSS) y de la ayuda médica estatal (AME) tienen dificultades para obtener incluso una cita, según el informe.

En cuanto a las personas con discapacidad, algunas son rechazadas por razones que van desde "falta de tiempo o formación" hasta "locales inaccesibles o equipo médico inadecuado".

Más allá del acceso a la atención, el Defensor de Derechos se muestra preocupado por las “frecuentes violaciones” del derecho del paciente a recibir información útil para tomar una decisión informada y poder dar el consentimiento. Esto se aplica en particular a las mujeres durante su seguimiento ginecológico, con exámenes (citología vaginal, ecografía endovaginal, inserción de DIU) "realizados sin información previa y sin solicitar su consentimiento".

Pero la institución también dice haber sido alertada sobre "actos de atención no consentidos a personas con discapacidad mental", como la administración forzada de una inyección a un paciente que estaba siendo atendido bajo el régimen de hospitalización voluntaria, o el uso incrementado e injustificado de la fuerza, la contención o el aislamiento.

Estas discriminaciones tienen "consecuencias perjudiciales inmediatas y duraderas en el recorrido asistencial de los pacientes" que acaban posponiendo o abandonando por completo la atención, advierte la institución, que insta al Gobierno a poner en marcha una estrategia nacional para prevenir y combatir estas prácticas.