Avanza la Ley Antilavado; la oposición teme violación de datos personales
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron el dictamen de la Ley Antilavado, que propone la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El objeto del dictamen es proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo, los delitos relacionados y con las estructuras financieras de las organizaciones delictivas, así como evitar el uso de los recursos para su financiamiento.
El dictamen busca reformar los artículos 11 bis y 400 bis del Código Penal Federal y fue aprobado por 23 votos a favor, cero en contra y seis abstenciones.
La iniciativa establece que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) será la encargada de prevenir el lavado de dinero y la faculta para coordinar sus funciones con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), además de la Guardia Nacional para investigar operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La reforma también busca monitorear a las “Personas Políticamente Expuestas (PPE)” en actividades financieras consideradas de “riesgo” y de contar con manuales internos para detectar operaciones sospechosas en las llamadas "actividades vulnerables": casinos, joyerías, bienes raíces, venta de autos, obras de arte, préstamos y donativos, entre otras.
La iniciativa establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) será la dependencia encargada de elaborar y mantener actualizado un listado nominativo de cargos de personas servidoras públicas que serán consideradas políticamente expuestas.
La iniciativa se prevé se discuta durante el periodo extraordinario que se anunció del 23 de junio al 30 de junio en el Comisión Permanente.
Más control y vigilancia del oficialismo, acusa la oposiciónLa senadora de Movimiento Ciudadano (MC), Alejandra Barrales, afirmó que la información que se solicite se puede proporcionar sin restricción alguna, además de que la inclusión de la figura de personas políticamente expuestas resuelta muy ambigua.
“Esto nos parece pues sumamente grave porque se trata de darle acceso absoluto a la Secretaría sin limitación alguna, sin intervención judicial previa ni mucho menos, solamente la que la propia Secretaría designe como el proceso o el método que va a seguir para poder solicitar a cualquier ente público la información de todas las mexicanas y los mexicanos.
“El concepto de las personas políticamente expuestas es muy amplio, es abierto, cuáles son las personas relacionadas con nosotras, nuestros asesores, otra vez lo que la Secretaría designe, familiares o quien crea que tiene una persona, el que nos toma fotografías ahorita puede ser una persona relacionada con nosotros si la Secretaría así lo determina, porque está muy amplio, está muy abierto y nos parece también muy delicado el manejo que se pueda hacer de esta redacción”, detalló.
Por su parte, la senadora del PAN, Laura Esquivel, afirmó que, pese a que su partido votará a favor en comisiones, enumeró los cinco puntos en los que su partido no está de acuerdo:
La inclusión de los partidos políticos, de sindicatos y colegios de profesionistas dentro de la vigilancia por parte de la SHCP y UIF; ambigüedad en la definición de persona políticamente expuesta; la inclusión de la Guardia Nacional, que implica que el Ejército obtenga información financiera sensible no solo de quienes realizan actividades vulnerables, sino de opositores y críticos.
Además de obligar a las autoridades electorales a entregar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público información sobre partidos, coaliciones, agrupaciones, candidatos y precandidatos, y por último, incluir como actividades vulnerables a los fideicomisos o cualquier otra figura es otro exceso.
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