Gobierno de Trump ordena a programas estatales de Medicaid que ayuden a identificar a inmigrantes indocumentados
La administración del presidente Donald Trump ha ordenado a los estados que investiguen a beneficiarios de Medicaid —el programa que cubre a personas de bajos ingresos o con discapacidades— para verificar si cumplen con los requisitos de elegibilidad en base a su estatus migratorio.
Hasta ahora, cinco estados informaron que ya han recibido, en total, más de 170.000 nombres, una medida del gobierno federal sin precedentes, que significa involucrar al programa de salud estatal-federal en la campaña del presidente contra la inmigración.
Defensores de los derechos de los inmigrantes advierten que esta decisión impone una carga adicional a los estados al tener que duplicar las verificaciones y podría llevar a que algunas personas pierdan su cobertura médica simplemente por no haber entregado a tiempo la documentación.
Sin embargo, el doctor Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), afirmó en una publicación en la plataforma social X el 31 de octubre que se estaban gastando más de $1.000 millones “de los contribuyentes [que pagan impuestos federales] en financiar Medicaid para inmigrantes ilegales” en cinco estados y Washington D.C.
El gasto total de Medicaid superó los $900 mil millones en el año fiscal 2024.
Ni la declaración de Oz ni un video adjunto aclararon el período durante el cual se realizaron estos gastos, y los voceros de los CMS no respondieron de inmediato a las preguntas solicitadas.
Las normas federales limitan la elegibilidad para Medicaid y para el Programa de Seguro de Salud Infantil (CHIP) a los ciudadanos estadounidenses y a algunos inmigrantes que residen legalmente en el país.
Las personas sin estatus migratorio legal no pueden recibir ninguna cobertura de salud financiada por el gobierno federal, incluidos Medicaid, Medicare y los planes adquiridos en los mercados de seguros creados por la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA).
Varios estados dijeron estar en desacuerdo con las declaraciones de Oz.
“Nuestros pagos para la cobertura de personas indocumentadas cumplen con las leyes estatales y federales”, declaró Marc Williams, vocero del Departamento de Política y Financiamiento de la Atención Médica de Colorado, que administra el programa estatal de Medicaid. “La cifra de $1.5 millones a la que hicieron referencia hoy los líderes federales se basa en un hallazgo preliminar inexacto y ha sido refutada por datos de expertos de nuestro departamento”.
Agregó: “Resulta decepcionante que la administración anuncie esta cifra como definitiva cuando es claramente exagerada y las conversaciones aún se encuentran en la fase de información y debate”.
Funcionarios del Medicaid de Illinois criticaron duramente los comentarios del jefe de los CMS.
“Una vez más, el gobierno de Trump está difundiendo información errónea sobre el uso habitual de los fondos de Medicaid”, declaró Melissa Kula, vocera del Medicaid de Illinois.
“Esto no es un reality show, y no existe ninguna conspiración para eludir la ley federal y brindar cobertura de Medicaid a personas que no cumplen con los requisitos. El Dr. Oz debería dejar de promover teorías conspirativas y concentrarse en mejorar la atención médica para los estadounidenses”, dijo Kula.
La Autoridad de Atención Médica del Estado de Washington, que administra el programa estatal de Medicaid, también fue contundente. “Las cifras que el Dr. Oz publicó en redes sociales son inexactas”, afirmó la portavoz Rachelle Alongi. “Nos sorprendió mucho ver la publicación del Dr. Oz, especialmente considerando que seguimos colaborando de buena fe con los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) para responder a sus preguntas y aclarar cualquier confusión”.
En agosto, los CMS comenzaron a enviar a los estados los nombres de personas inscritas en Medicaid que la agencia sospechaba que podrían no ser elegibles, exigiendo a las agencias estatales del programa que verificaran su estatus migratorio.
En octubre, KFF Health News contactó a 10 agencias estatales de Medicaid. Cinco de ellas proporcionaron cifras aproximadas de los nombres que habían recibido de la administración Trump hasta la fecha, pero suponen que llegarán más: Utah recibió 8.000 nombres; Colorado, 45.000; Pennsylvania, 34.000; Ohio, 61.000; y Texas, 28.000.
Actualmente, más de 70 millones de personas están inscritas en Medicaid.
La mayoría de esos estados no aceptaron hacer más comentarios. Otros cinco —California, Nueva York, Georgia, Florida y Carolina del Sur— se negaron a revelar cuántos nombres se les pidió que revisaran, o directamente no respondieron.
Oz afirmó en su publicación de X que California había malgastado $1.300 millones en atención médica para personas no elegibles para Medicaid, mientras que Illinois gastó $30 millones, Oregon $5.4 millones, el estado de Washington $2.4 millones, Washington D.C. $2.1 millones y Colorado $1.5 millones.
“Notificamos a los estados y muchos ya han comenzado a reembolsar el dinero”, dijo. “Pero, ¿qué habría pasado si nunca hubiéramos preguntado?”.
La directora de Medicaid de Washington D.C., Melisa Byrd, declaró que los CMS habían identificado gastos administrativos del programa del distrito, que cubre a personas independientemente de su estatus migratorio, que no debieron haberse facturado al gobierno federal, y que su agencia ya ha corregido algunos de esos errores.
“Administramos un programa grande y muy complejo, y cuando ocurren errores, los corregimos”, afirmó. El programa planea reembolsar $654.014 a los CMS para mediados de noviembre.
Los cinco estados, más Washington D.C., están gobernados por demócratas, y el presidente Donald Trump no ganó en ninguno de ellos en las elecciones de 2024.
En los últimos días, el subsecretario de Salud y Servicios Humanos, Jim O’Neill, comenzó a publicar en la plataforma social X fotos de personas que, según él, son delincuentes convictos que viven en Estados Unidos sin autorización y que han recibido beneficios de Medicaid.
No se pudo contactar a O’Neill para obtener declaraciones.
“Estamos muy preocupados porque esto, francamente, parece un desperdicio de recursos estatales y refuerza la agenda antiinmigrante de la administración”, dijo Ben D’Avanzo, estratega senior de políticas de salud en el National Immigration Law Center, una organización de defensa de los derechos de los inmigrantes. “Esto duplica lo que los estados ya hacen”, añadió.
Como parte de la ofensiva contra las personas sin estatus legal, el presidente ordenó en febrero a las agencias federales que se aseguraran de que quienes no tienen la residencia en regla no obtuvieran beneficios que violaran la ley federal.
En junio, el secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS) Robert F. Kennedy le ordenó a los CMS que compartieran con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) la información sobre las personas inscritas en Medicaid. Esto provocó una demanda por parte de varios estados preocupados de que esa información se utilizara para campañas de deportación.
En agosto, un juez federal ordenó al HHS que dejara de compartir esa información con las autoridades migratorias.
Las agencias estatales de Medicaid normalmente utilizan bases de datos administradas por la Seguridad Social, el Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias gubernamentales para verificar el estatus migratorio de los solicitantes.
Si los estados tienen que volver a contactar a las personas inscritas para verificar nuevamente su estatus migratorio o ciudadanía, algunas podrían perder su cobertura injustificadamente, por ejemplo, si no ven la carta donde se les solicitan documentos o no responden a tiempo.
“No estoy segura de que haya evidencia suficiente que justifique esta verificación adicional”, dijo Marian Jarlenski, profesora de políticas de salud en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Pittsburgh.
Oz dejó en claro que la administración Trump no está de acuerdo.
En el comunicado de agosto, los CMS explicaron que estaban pidiendo a los estados que verificaran la elegibilidad de las personas cuyo estatus migratorio no pudo ser confirmado mediante bases de datos federales. “Esperamos que los estados actúen con rapidez y supervisaremos los progresos mes a mes”, dijo la agencia.
Leonardo Cuello, profesor investigador del Georgetown University Center for Children and Families, calificó la orden de los CMS a los estados como “algo sin precedentes” en los 60 años de historia del programa Medicaid.
Dijo que es posible que el gobierno federal no haya podido verificar el estatus migratorio de algunas personas porque sus nombres estaban mal escritos o desactualizados, como cuando una beneficiaria aparece con el apellido de soltera en lugar del de casada.
Los listados también pueden incluir a personas que recibieron ayuda a través de Medicaid de Emergencia, un programa que cubre los gastos de servicios de emergencia en hospitales, incluidos el parto y la atención de trabajo de parto, sin importar el estatus migratorio.
“Los CMS están haciendo revisiones inútiles del estatus migratorio de personas cuyos gastos hospitalarios fueron cubiertos por el Medicaid de Emergencia”, explicó Cuello.
Oz señaló en su publicación que la ley federal “permite a los estados usar fondos de Medicaid para tratamientos de emergencia, independientemente de la ciudadanía o el estatus migratorio de los pacientes”, y que los estados pueden “crear legalmente programas de Medicaid para inmigrantes indocumentados usando sus propios impuestos estatales, siempre y cuando no se utilicen fondos federales”.
Todos los estados que mencionó Oz administran sus propios programas de este tipo.
Estas revisiones representan una carga adicional para las agencias estatales de Medicaid, que ya están ocupadas con los preparativos para implementar la ley tributaria y de gasto público que Trump firmó en julio.
Esta ley, que los republicanos han llamado la “One Big and Beautiful Bill”, establece numerosos cambios en Medicaid, incluyendo la imposición de requisitos laborales en la mayoría de los estados a partir de 2027. También les exige que revisen la elegibilidad de las personas inscritas al menos dos veces al año.
“Temo que los estados realicen verificaciones innecesarias que impongan una carga a ciertos beneficiarios, que perderán la cobertura médica cuando no deberían”, explicó Cuello. “Esto será mucho trabajo para los CMS y los estados, con muy pocos resultados reales”.
Dado que la nueva política permite a la agencia divulgar públicamente los datos, Cuello opinó que el esfuerzo tiene más valor político que práctico.
Brandon Cwalina, vocero del Departamento de Servicios Sociales de Pennsylvania —que administra Medicaid—, dijo que el estado ya exige que toda persona solicitante demuestre su ciudadanía o, cuando corresponde, su estatus migratorio.
“Sin embargo, la lista de nombres y las instrucciones emitidas por los CMS el mes pasado constituyen un nuevo procedimiento, y el departamento está revisando cuidadosamente esa lista para encarar las acciones correspondientes”, explicó.
En su publicación, Oz no mencionó a Pennsylvania, estado que Trump ganó en 2024.
Cuando un residente legal no tiene número de Seguro Social, el estado verifica su estatus usando una base de datos del Departamento de Seguridad Nacional, además de revisar los documentos migratorios específicos, agregó.
Otras agencias estatales de Medicaid dijeron que todavía no han comenzado a contactar a las personas inscritas.
“Estamos elaborando un procedimiento para realizar estas revisiones”, dijo Jennifer Stroehecker, directora de Medicaid en Utah, durante una reunión en agosto con una junta asesora estatal.
Renuka Rayasam y Rae Ellen Bichell colaboraron con este artículo.
kffhealthnews
