La buena noticia de Ayuso.... y la mala

La decisión de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de recurrir a la justicia contra el acuerdo de condonación de parte de la deuda de las comunidades autónomas, propuesto por la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tiene una gran relevancia, aunque ha pasado bastante desapercibida, tapada por la rápida sucesión de episodios informativos importantes.

De entrada, se puede leer como una buena noticia para los votantes del PP residentes en el resto de comunidades autónomas diferentes de la madrileña. La denuncia de Ayuso parece confirmar que se descarta para competir por la presidencia del Gobierno. Oponerse a la rebaja de la deuda de las comunidades más asfixiadas, supuestamente con el único objetivo de proteger a sus conciudadanos de Madrid, no se antoja la mejor carta de presentación para unas elecciones generales. Así, esos votantes del PP no se verán en la amarga disyuntiva de escoger entre los intereses de su territorio y los de su partido si Ayuso fuese la candidata.

Con su denuncia de la condonación de la deuda parece renunciar al voto de los que no viven en Madrid

En efecto, no reconocer que hay un buen número de comunidades autónomas que llevan décadas mal financiadas y no admitir que deben acometerse medidas para resolver esa situación supone un grave ejercicio de insolidaridad. En su condición de presidenta de la Comunidad que alberga la capital, Ayuso debería tener en cuenta hasta qué punto ese hecho beneficia a su territorio. Madrid recibe aportaciones del resto de las comunidades, entre otras cosas porque centraliza los servicios del Estado y de ello se deriva, por ejemplo la estructura radial de las infraestructuras de transporte terrestre y aéreo, a las que deben desplazarse millones de ciudadanos de otras comunidades. Las ventajas de ese esquema se traducen en menos impuestos para la comunidad, que, de rebote, gracias a esa fiscalidad a la baja, atrae capitales y residentes del resto.

La obsesión de Ayuso recuerda a la de Angela Merkel, la canciller alemana en los primeros años de la crisis financiera. Esta última se obstinó en no reconocer la realidad del funcionamiento de la eurozona, unos países consumían lo que Alemania producía y para ello se endeudaban y les acusó de irresponsables y malgastadores. Fue el punto de partida de la austeridad, que casi se llevó el euro por delante y depositó la semilla del populismo ultraderechista que ahora atenaza a Europa. Ayuso reformula la idea merkeliana vistiendo a los madrileños de alemanes, negando, de igual manera que estos hicieron en el pasado, que su bienestar dependa de sus socios, comunitarios en un caso, el resto de los españoles en el otro. ¿Pretende Ayuso que las autonomías más endeudadas estrangulen más a sus ciudadanos añadiéndoles más impuestos? ¿Cuál es su propuesta para mejorar la situación financiera de esas comunidades?

La otra cara es que la presidenta se propone arrebatar una cuota mayor del dinero del Estado

Además, se esmera en centrar su análisis únicamente en el sistema de financiación autonómica, cuando ya es de sobra conocido que este es solo una parte, y no la mayor, de las relaciones entre el Estado y las comunidades autónomas. Falta por computar partidas esenciales, como la inversión pública, el sistema de pensiones, la financiación de entidades del Estado. En el primero de esos dos expedientes, tanto el volumen de inversión como el porcentaje de ejecución dan un saldo desproporcionadamente favorable a la comunidad de la lideresa. Las cifras son bochornosas para los sucesivos Gobiernos de las últimas décadas, pese a sus presunciones de neutralidad.

Hasta aquí las nuevas agradables; Ayuso parecería querer quedarse en la Puerta del Sol. La otra cara de la denuncia de la Comunidad de Madrid es que Ayuso habría detectado que el cargo de presidenta de esta comunidad aún tiene un largo recorrido político y puede extraerle más réditos en términos de poder e influencia.

Hasta ahora estaba claro que su cerrada oposición a solucionar tanto a la elevada e impagable deuda de las comunidades como a un nuevo modelo que aporte soluciones económicas y políticas a las más perjudicadas pretendía oscurecer la realidad de las relaciones de Madrid con el resto, especialmente el de la llamada España vaciada, la más afectada por el efecto aspiradora.

Pero lo que emerge es que la hipertrofia y el exceso de centralización del sistema Madrid está acercándose al límite. El modelo madrileño ya no puede seguir fagocitando recursos del resto con una fiscalidad más baja y atendiendo a su creciente necesidad de infraestructuras e inversiones públicas para evitar problemas graves de funcionamiento. Lo de bajar impuestos no da para más.

La siguiente página es hacerse con una parte sustancial de los presupuestos del Estado para seguir con esa expansión. Y un nuevo sistema de financiación autonómica que de verdad atienda las necesidades de las más injustamente tratadas es incompatible con ese plan.

Se dibuja pues un nuevo frente en la batalla política de la financiación. Por un lado, el de Catalunya, como siempre proponiendo nuevos modelos, recibidos habitualmente con ruidoso escándalo por la mayoría de las restantes comunidades autónomas, pero que, una vez aprobados, estas acaban pidiendo también para sí; y el de Madrid, disconforme con cualquier mejora que le impida hacerse con una nueva cuota especial para financiar su proyecto de profundizar la centralización de todas las actividades interesantes. El supuesto cupo catalán, que nadie plantea, aunque eso poco importa a los que lo denuncian como si fuera una verdad incontestable, es el gran trampantojo tras el que avanza la ambición de Ayuso y los suyos de quedarse con una parte aún más grande del dinero recaudado por el Estado para financiar su plan de expansión.