La Corte Constitucional debate la constitucionalidad del decreto Piantedosi
La constitucionalidad del decreto
La Corte se pronunciará sobre las normas que detienen a los barcos de rescate civil en los puertos, amenazándolos con el riesgo de confiscación y limitando los rescates
Esta mañana el Tribunal Constitucional debate la legitimidad constitucional del decreto Piantedosi, la ley que barre a las ONG del Mediterráneo, la ley que deja sin testigos las incursiones de los milicianos de la Guardia Costera libia y de la Guardia tunecina. El Tribunal Constitucional finalmente tendrá que pronunciarse sobre aquellas normas que detienen a los buques de la flota civil en los puertos, amenazándolos de hecho con el riesgo de confiscación.
Durante uno de los procedimientos iniciados por la ONG SOS Mediterranée contra la detención del barco Ocean Viking (que sigue salvando a cientos de personas: en su última operación, el 17 de mayo, rescató una embarcación de madera sobrecargada en aguas internacionales frente a Túnez), la cuestión de la legitimidad del decreto fue remitida al Tribunal Constitucional. La cuestión de constitucionalidad fue planteada por el Tribunal de Brindisi, en el contexto de la sentencia del recurso de apelación contra el arresto del Ocean Viking el 9 de febrero de 2024. Los abogados que firmaron dicho recurso, Dario Belluccio y Francesca Cancellaro , recuerdan que está en juego un principio jurídico fundamental: « Las conductas destinadas a salvar la vida de otros no pueden ser sancionadas» . Las disposiciones de la ley Piantedosi (decreto de enero de 2023 convertido posteriormente en ley estatal) entran en conflicto con las disposiciones de la Constitución italiana en varios puntos. Una de las principales cuestiones se refiere al principio de proporcionalidad y razonabilidad de la sanción.
«El principio de proporcionalidad siempre debe guiar las decisiones del legislador a la hora de limitar los derechos fundamentales », declararon los abogados en la audiencia celebrada en el Tribunal de Brindisi en octubre de 2024. « En este caso, están en juego derechos fundamentales, tanto de los afectados por la sanción prevista por la ley, como los buques de rescate, como de los propios náufragos. La detención del buque constituye una sanción que inhibe las actividades de rescate y, por lo tanto, impide el acceso a los derechos fundamentales de las personas en peligro en el mar». Luego está la cuestión del principio de determinabilidad. Las reglas Piantedosi subordinan la determinación de la conducta ilícita de los buques de rescate a las apreciaciones de las autoridades de un tercer Estado, en el caso que dio origen al recurso, es decir, Libia. La ley es tan vaga que obliga a los rescatistas a respetar cualquier indicación , incluso si proviene de autoridades pertenecientes a otros Estados, en este caso Libia: desde un punto de vista jurídico, por lo tanto, la sanción de Italia al Ocean Viking -un barco con bandera noruega que se encontraba en aguas internacionales- por no haber respetado las indicaciones de las autoridades libias es altamente cuestionable desde el punto de vista jurídico.
Los jueces del Tribunal Constitucional están llamados pues a pronunciarse principalmente sobre estas objeciones planteadas por el juez de mérito, que ponen en tela de juicio no sólo disposiciones individuales sino toda la estructura de una ley injusta, discriminatoria y punitiva. A la espera de la audiencia de hoy, la abogada Francesca Cancellaro declara: «Esta es la primera oportunidad real de abordar la raíz de las críticas que hemos formulado al decreto Piantedosi desde su promulgación: una ley que criminaliza a las organizaciones no gubernamentales, limitando de hecho el número de sus rescates. Es un sistema que subordina las decisiones operativas a las indicaciones de países como Libia, que violan sistemáticamente los derechos fundamentales y ponen en peligro la vida de los náufragos y de los rescatadores en el mar. El Tribunal Constitucional podrá resolver las contradicciones que actualmente hacen incoherente nuestro sistema: por un lado, es un delito llevar a los náufragos a Libia o entregarlos a las autoridades libias; por otro lado, y al mismo tiempo, si no se cumplen las órdenes libias, se corre el riesgo de que el barco sea detenido, e incluso confiscado».
Valeria Taurino , directora de SOS Mediterranée Italia, añade: «Ante los intentos de este gobierno de eludir el derecho internacional, el derecho humanitario y, sobre todo, los deberes de humanidad con leyes injustas, el hecho de estar ante el máximo tribunal del país demuestra inequívocamente que el Estado de derecho es inamovible. Rescatar a quienes corren peligro es un derecho y un deber, y corresponde a quienes desean anular este principio inviolable demostrar que no es así, y mucho menos a quienes, impulsados por un espíritu humanitario, se encuentran en el mar para intentar salvar vidas humanas. Además, ya al aceptar nuestra solicitud de suspensión del arresto, el Tribunal de Brindisi había subrayado que nuestras actividades de búsqueda y rescate son, en sí mismas, dignas de protección institucional».
Desde que entró en vigor el decreto Piantedosi , se han producido decenas de detenciones administrativas de barcos de ONG de la flota civil que realizan operaciones de búsqueda y rescate en el mar, especialmente a lo largo de las rutas mortíferas que parten de Túnez y Libia. Estas sanciones han limitado gravemente la capacidad de rescate en el mar Mediterráneo y han contribuido al fortalecimiento de las actividades ilegales de la Guardia Costera libia y las milicias tunecinas y a la expulsión de solicitantes de asilo.
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