Autopista A69 Toulouse-Castres: ¿Se reanudarán pronto las obras? El ponente público emite dictamen favorable

Este magistrado, cuyas opiniones son generalmente seguidas, considera en particular que mantener la paralización de las obras, como ordenó el 27 de febrero el tribunal administrativo de Toulouse, "corre el riesgo de tener consecuencias difíciles de reparar", declaró una abogada de los opositores, Julie Rover.

El tribunal administrativo examinará este miércoles un recurso presentado por el Estado para reiniciar las obras, en una nueva ronda del enfrentamiento entre partidarios y detractores de la A69, menos de una semana después de que el Senado votara a favor del proyecto impugnado. Se espera que el tribunal emita su decisión a finales de mes.

El ponente público considera que existe una "razón imperiosa de interés público mayor" (RIIPM) que justifica una rápida reanudación de los trabajos, sin esperar una decisión sobre el fondo del asunto, que no se tomará antes de finales de año, precisó Jean Olivier, de Amigos de la Tierra, una de las asociaciones que solicitó y obtuvo el cese de los trabajos. "Esperamos que los tres jueces ejerzan discernimiento y no sigan esta opinión del ponente público, que para nosotros no es aceptable en términos de derecho ambiental", añadió.

Es la primera vez que una obra de construcción de una autopista de esta envergadura es paralizada judicialmente. Desde este importante revés, los partidarios de la A69, incluido el gobierno, la empresa constructora Atosca y los principales cargos electos del departamento de Tarn, intentan que se reanuden las obras mediante la vía administrativa o la aprobación por el Parlamento de una "ley de validación" muy criticada por los activistas medioambientales.

El 24 de marzo, el Ministerio de Transporte anunció que había apelado esta sentencia y "al mismo tiempo, solicitó la suspensión de la ejecución de esta decisión para permitir la rápida reanudación de los trabajos en la obra".

De acuerdo con el Código de Justicia Administrativa, la suspensión de la ejecución (es decir, la suspensión de los efectos de la sentencia) puede obtenerse si los elementos presentados para invalidar la sentencia son suficientemente "graves" o si esta sentencia "corre el riesgo de tener consecuencias difíciles de reparar".

El Tribunal Administrativo de Toulouse justificó la anulación de la licencia de construcción de este tramo de autopista de 53 km entre Toulouse y Castres por la ausencia de una «razón imperiosa de interés público mayor» (RIIPM), concepto introducido en 1992 por una directiva europea. Sólo el reconocimiento de una RIIPM puede permitir obtener una exención para dañar a los “157 especímenes de especies animales protegidas” afectados por la A69.

Los defensores de la autopista recuerdan que su construcción fue declarada de utilidad pública en 2018. El diputado de Macron por Tarn, Jean Terlier, consideró "incongruente" que un tribunal administrativo dictara una sentencia que "contradice una declaración de utilidad pública (DUP) validada por el Consejo de Estado".

Señalan también que los trabajos están muy avanzados. El ministro de Transportes, Philippe Tabarot, habló de una situación "ridícula" con "una obra completada en dos tercios y parada de un día para otro".

Estas razones llevaron a los electos de Tarn a presentar un texto inusual para votación de los parlamentarios con el fin de obtener la reanudación de los trabajos sin esperar el examen del fondo del asunto por la justicia administrativa.

Este proyecto de ley, cuya conformidad con la Constitución es cuestionada por los opositores, fue adoptado en primera lectura en el Senado por una amplia mayoría el 15 de mayo. Fue enviado a la Asamblea Nacional, donde será examinado el 2 de junio.