«La investigación francesa también está siendo atacada, aunque de forma más insidiosa que en Estados Unidos».

La ciencia se encuentra actualmente bajo ataque desde una cantidad asombrosa de fuentes. Estos ataques no se limitan a Estados Unidos, sino que también afectan a otros países, como Francia. El conocimiento científico nos informa sobre los mecanismos de la materia y la vida, nuestra historia, el funcionamiento de nuestras sociedades, el alcance de las desigualdades sociales, el estado de nuestro medio ambiente, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y más. Más allá de su propio valor, este conocimiento contribuye al desarrollo de políticas públicas, por ejemplo, para reducir las desigualdades o definir trayectorias para la descarbonización de la sociedad.

Todo el mundo recuerda las recientes medidas contra el sistema de investigación estadounidense . Francia parece, por el momento, inmune a estos ataques directos. Sin embargo, de forma más insidiosa, la situación del sistema francés de investigación y educación superior no es mucho mejor: sufrió recortes presupuestarios de 387 millones de euros en 2025 , tras un recorte de 900 millones en 2024. Esta financiación, incluyendo la iniciativa privada, representó, en 2022, tan solo el 2,2 % del producto interior bruto en Francia, frente al 3,1 % en Alemania. En comparación con el número de estudiantes, el presupuesto se ha reducido alrededor de un 25 % en quince años.

Muchos puestos competitivos para funciones de apoyo permanecen vacantes, debido a que el estatus y los salarios son prohibitivos. Los profesores investigadores deben transformarse en supergestores, en detrimento de sus misiones, para poder invertir los limitados recursos que logran conseguir.

La difusión del conocimiento también se ve debilitada. La publicación científica se deja, en su mayor parte, en manos del sector privado, que logra obtener márgenes cercanos al 30 % al depender del trabajo de profesores públicos para evaluar manuscritos, cuya publicación suele facturarse en torno a los 5.000 € por artículo en revistas biomédicas. Esta privatización impulsa un aumento del número de artículos y una reducción de los plazos de evaluación, lo que perjudica la calidad de la revisión por pares y, por consiguiente, de la producción científica.

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