El Congreso reforma su reglamento para poner coto a los agitadores de la extrema derecha
La regulación de la actividad de los periodistas parlamentarios llega este martes al pleno del Congreso de los Diputados. Se trata de una iniciativa sellada por la práctica totalidad de formaciones -a excepción de PP y Vox- que persigue poner fin a las "faltas de respeto" que diversos activistas de extrema derecha llevan meses llevando a cabo en la Cámara Baja. Provocaciones que en algún caso se han traducido en agresiones verbales y amenazas en las redes sociales que los agitadores ejercen con el objetivo de reventar las ruedas de prensa de ciertos grupos parlamentarios e intimidar a los profesionales de la comunicación.
El texto, firmado por el PSOE junto a Sumar, PNV, EH Bildu, Junts, ERC, BNG y Coalición Canaria, y que apoya Podemos, es una proposición de ley de reforma del reglamento del Congreso que plantea esta nueva regulación de la actividad periodística.
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Los partidos firmantes denuncian la presencia de individuos acreditados por pseudomedios que acostumbran a difundir mentiras y bulos en sus canales “perturbando gravemente” el derecho a la información con actitudes reprobables.
Las faltas de respeto llegaron a un punto inaudito la pasada semana. Cuando Bertrand Ndongo, uno de los activistas que, en muchos casos, ejercen y han ejercido en esta misma legislatura como asesores de partidos políticos incurriendo en una incompatibilidad manifiesta, boicoteó entre graves amenazas la intervención de la portavoz de Sumar, Verónica Barbero.
El agitador ultra boicoteó la rueda de prensa al intentar apropiarse del turno de preguntas sin que, como reza el reglamento, se lo hubieran concedido los correspondientes jefes de prensa. No contento con eso, comenzó a proferir a gritos diversas amenazas y soflamas por encima de quien estaba realmente en el uso de la palabra imposibilitando que ese corte sea válido para que lo publiquen las webs, las televisiones y las radios. Unos hechos que provocaron el plante de los periodistas que fue aprobado por unanimidad por cerca de medio centenar de profesionales de un amplio abanico de medios de comunicación.
Lee tambiénVox, que se da el caso que ha cursado invitaciones en otros parlamentos autonómicos a alguno de los activistas que después boicotean al resto de partidos políticos, ya ha dejado claro su rechazo a esta reforma del reglamento. Mientras que el PP, que ha contado recientemente con otro de ellos, Vito Quiles, para una campaña política en redes sociales, mantiene la incógnita de si finalmente votará a favor o si se opondrá como se inclina a hacer su portavoz, Miguel Tellado.
Los votos de las dos derechas, no obstante, apuntan a ser irrelevantes puesto que el apoyo del PSOE y sus socios garantiza que esta reforma del reglamento será aprobada más adelante en su votación final, para lo que es necesario la mayoría absoluta, es decir, 176 votos.
La reforma plantea que la Mesa del Congreso regule el procedimiento para conceder y renovar acreditaciones a los medios teniendo en cuenta criterios como el respeto al “derecho a la información veraz y el buen funcionamiento de la Cámara”.
El texto propone también la creación de un Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria, formado por un miembro de cada grupo parlamentario y por colectivos del ámbito de la información. Al tiempo que plantea hasta 17 tipos de infracciones por incumplimiento.
Entre las muy graves, figura la falta de respeto o de las reglas de cortesía frente a otras personas en el interior del Congreso o en las zonas de acceso al mismo, así como la grabación de imágenes o audios por medio de dispositivos ocultos en los despachos de los miembros de la Cámara y en las zonas reservadas a los grupos. Algo que también ha llevado a cabo alguno de los pseudomedios colándose en la anterior legislatura en el despacho del exvicepresidente segundo Pablo Iglesias.
Las infracciones leves pueden provocar un apercibimiento y la suspensión de la credencial de hasta diez días hábiles. Periodo que puede llegar a los tres meses en el caso de las infracciones graves.
Y en el caso de las infracciones muy graves es posible una suspensión de la credencial de entre tres meses y cinco años o, incluso, su revocación definitiva.
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