Descalificar al Congreso, la primera jugada del Gobierno en su campaña por la consulta: esto es lo que viene

Con la radicación oficial de la consulta popular en un acto con espada de Bolívar incluida –que varios sectores compararon con la parafernalia oficial del régimen chavista en Venezuela–, el gobierno del presidente Gustavo Petro inició este primero de mayo su campaña política: no solo para la aprobación de las 12 preguntas del texto oficial, sino mirando a las elecciones del 2026, como lo dijo expresamente el jefe de Estado.

El discurso del jueves del presidente Petro, ante seguidores, sindicatos e indígenas en la plaza de Bolívar, en medio de las movilizaciones por el Día del Trabajo, fue un preámbulo del polarizado ambiente en el que estará inmerso el país en los próximos meses.

El mandatario amenazó –así fue tomado por el Congreso– a los senadores que se atrevan a votar en contra de su consulta, y aunque en un principio habló de que el pueblo los revocaría, aclaró que sería en las urnas, en marzo del 2026, pues, dijo, no volverían a votar por ellos.

“Si en una sesión del Senado a medianoche votan para decir no a la consulta, el pueblo de Colombia se levanta y los revoca. Y no crean que va a ser como ellos piensan, porque el ladrón juzga por su condición. Ellos creen que vamos a entrar como una estampida, que podríamos, y que vamos a llegar allá y los vamos a sacar a la fuerza. No, señores, nosotros somos respetuosos de la libertad humana y de la dignidad humana, y los respetamos porque son seres humanos. Pero no somos pendejos”, dijo el mandatario, quien ondeó la bandera de guerra a muerte usada por Simón Bolívar y empuñó la espada del Libertador, al mejor estilo del expresidente de Venezuela, Hugo Chávez.

Esas eran precisamente las advertencias y los llamados que hacían sectores moderados sobre lo inconveniente de tramitar una consulta popular a un año de las elecciones. La Iglesia, por ejemplo, anticipó que, si bien el mecanismo es válido, podría representar un nuevo capítulo de polarización en Colombia.

El presidente Petro, además, cuestionó duramente la decisión de la Comisión VII del Senado de archivar la reforma laboral, que precisamente motivó la consulta, y pasó de los señalamientos políticos naturales, como decir que los congresistas le están dando la espalda al país, a acusar al liberal Miguel Ángel Pinto y a la conservadora Nadia Blel de ser los responsables del asesinato de Alberto Peña, militante de la Colombia Humana, en Miranda, Cauca. La declaración, rechazada ampliamente, no tiene sustento, y ya se anunciaron acciones legales para que el mandatario se retracte.

Las alarmas están encendidas y el llamado que han hecho varios sectores es a rodear el Congreso y pedir respeto por la separación de poderes.

“Preocupa inmensamente las presiones que se ejercen indebidamente desde el Ejecutivo a otras ramas del poder público. Es inaceptable amenazar al Congreso con revocatoria desde el Ejecutivo. La Constitución y la democracia nos imponen límites a todos, especialmente a las personas con mayor poder y responsabilidad”, aseveró Bruce Mac Master, presidente de la Andi.

“Si hay un momento definitivo en que nuestras instituciones deben ser protegidas ante el delirio autoritario de un presidente que las amenaza abiertamente, es este. La ciudadanía debe proteger su independencia y autonomía ante el discurso de un gobierno cada vez más demagógico”, dijo, por su parte, el analista político y columnista de este diario, Fernando Posada.

Pero el Senado, que tiene 30 días para tomar una decisión sobre la consulta que radicó el propio presidente Petro, está en la facultad de aprobar, pero también de negar, que los colombianos vayan a las urnas a decidir si quieren el recargo nocturno desde las 6 p. m., el pago dominical y festivo del 100 por ciento, y que los estudiantes del Sena reciban pago por sus prácticas. También hay temas relacionados con las plataformas digitales y el contrato sindical, que estuvieron entre los aspectos criticados del proyecto que se hundió hace mes y medio, así como la falta del aval fiscal. Y es que, según el propio Banco de la República, la reforma, que hoy se ve reflejada en la consulta, podría generar una pérdida de 450.000 empleos.

“Pretenden revivir el articulado del proyecto que fue hundido en la Comisión Séptima del Congreso, y ninguna de ellas apunta a solucionar el grave problema de desempleo en el país, que hoy tiene a casi 3 millones de personas desocupadas”, afirmó Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, les salió al paso a las críticas y dice que no hay amenaza alguna.

“No hay ninguna amenaza del presidente Petro al Congreso, simplemente que el senador que vote no a la Consulta Popular, el pueblo no lo va a reelegir. Dejen el miedo, que el pueblo decida”, dijo el jefe de la cartera Política, uno de los estrategas detrás de la consulta y quien será el principal encargado de conseguir los votos en la plenaria del Senado, donde el Gobierno ha tenido varias victorias, pero han sido más las amarguras.

“Nosotros somos elegidos popularmente también y tenemos una responsabilidad con los colombianos y, por eso, no podemos ceder ante el miedo, las amenazas y los descalificativos. Tampoco es justo que el Presidente intente, siempre que no le salen las cosas como él quiere, imponer su voluntad, porque el Gobierno, su gabinete, no han entendido que estos grandes cambios no se hacen con imposiciones, sino con concertaciones”, afirmó Blel.

Desde el propio Gobierno se han encargado de mencionar en varias oportunidades que esta consulta estaría directamente relacionada con la campaña.

Son recordadas expresiones de Benedetti, como cuando dijo que “nos dieron papaya” al hundir la reforma y haber provocado el escenario de la consulta.

Asimismo, aseveró que “la minireelección del presidente Petro” comenzaba con la radicación de la consulta y las marchas del 1.º de mayo, aunque luego aclaró que “no estoy hablando de minireelección en el sentido de reelección, sino de ese anhelo de que las reformas sociales continúen gracias a la voluntad del pueblo de hacerse escuchar”.

El mandatario también ha hablado abiertamente de las presidenciales del 2026, y el jueves, mientras le gritaban “reelección”, no fue la excepción.

“La gente determinará si vota o no vota. Y pasado el 7 de agosto del año entrante, yo me iré. Ya es materia de otra discusión.Le corresponde es al pueblo decidir ese 7 de agosto o antes, en marzo del año entrante, en marzo, mayo y junio, si quieren que volvamos atrás. Si quieren que volvamos a las fosas comunes”, insistió el jefe de Estado.

Los analistas coinciden en que es campaña pura y dura. “Sí, es un ejercicio de participación política y claramente es el inicio de la campaña. El Presidente arrancó la campaña no con la consulta popular, sino desde el mismo momento en el que decidió dejar de gobernar e insistir en la concertación para sacar adelante sus políticas públicas. Terminó echando a todos aquellos funcionarios que le hacían contrapoder y tenían criterio, y contratando a una serie de activistas políticos”, opinó el analista político Carlos Arias, docente de la Universidad Javeriana.

Pero, de cierta manera, hay quienes coinciden con Benedetti cuando dice que les ‘dieron papaya’. Al haber negado la reforma que tocaba directamente a la clase obrera, más que cualquier otra ley, le dieron un aire al Gobierno. No en vano, el Presidente comenzó a mejorar su calificación en las encuestas.

“Si la oposición no entiende lo que está pasando, es ciega. Si no calibra su estrategia, está acabada”, vaticinó Gabriel Cifuentes, también columnista de este diario.

Sin embargo, así no lo cree Miguel Ángel Pinto, clave en el archivo de las reformas de la salud y señalado ahora por el presidente Petro como su enemigo. “Ellos estaban en esa tarea desde antes. El Gobierno radicó una reforma laboral inconstitucional, con vicios de procedimiento, con leyes estatutarias. Una ley ordinaria modificando la Constitución no se había visto en la historia de Colombia. Lo radicaron con el único fin de que el Congreso la tumbara, la archivara. Y, si el Congreso, arrodillado mayoritariamente, la aprobaba, que la tumbara la Corte, y así ellos salir a decir que era en la Corte donde le estaban haciendo el golpe. Lo tenían calculado”.

Precisamente, Pinto es el ponente de una reforma que busca modificar el recargo nocturno y el pago dominical y festivo, la cual caminará al mismo tiempo que la consulta, y su aprobación podría ser una señal de que el Congreso sí legisla a favor del pueblo y que no es necesaria la consulta, en la que, además, hay serias preocupaciones por su alto costo, que sería de más de 700.000 millones de pesos.

El Senado estará inmerso en las próximas semanas en la discusión de la consulta. Por ahora, no es claro cómo será el mecanismo, si se elegirán una especie de ponentes o, simplemente, escucharán a representantes del Gobierno para que defiendan el proceso.

Lo que está claro es que en esos 30 días, plazo máximo que hay para tomar una decisión porque, de lo contrario, se convocará vía decreto, la agenda del Congreso se volcará en la consulta. Esto podría retrasar la discusión de la reforma de la salud 2.0, así como el debate en plenaria del Senado de la ley ordinaria de jurisdicción agraria, que se ha venido aplazando desde comienzos de año y ahora parece estar más enredada.

Si la votación fuera mañana, sería imposible anticipar el resultado. Será a voto finish. Los grandes debates en el Senado, así como elecciones, han tenido una diferencia de aproximadamente cinco votos, y hasta el momento, así parece que será en este caso. Se necesita mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los presentes en la sesión. Si ese día están los 105 miembros de la corporación, 53 será el número mágico. Partido Conservador, Centro Democrático, Cambio Radical, Mira y Colombia Justa Libres votarían por el no. Pacto Histórico, Comunes y buena parte de la Alianza Verde votarían por el sí. Quienes inclinen la balanza serán los liberales y ‘la U’, donde las fuerzas están divididas.

Una estrategia del Gobierno sería reducir el quórum para que sus números sean favorables. Si la Casa de Nariño logra que cinco opositores salgan del recinto, ya no necesitaría 53 votos, sino 50. Así podría moverse el conservador Carlos Andrés Trujillo, quien es aliado del Gobierno, y ante una decisión de bancada por el no, tendría que votar en contra. Pero si no va a sesionar ese día, podría terminar ayudando al Gobierno. Ya en el pasado varios partidos, especialmente en Cámara, han hecho una jugada similar, pero haciendo quorum.

La pelota, como lo dijo el Presidente, está en manos del Senado, pero también de Benedetti, quien estará detrás de la más dura votación que se haya visto en el Congreso durante el actual gobierno. Es un pulso que solo podría compararse con el famoso fast track durante el gobierno Santos. Lo que venga después de la votación, sea por positiva o negativa, es incierto, pero desde ya se anticipa una escalada de la polarización que tendría un efecto en las elecciones del 2026.