En medio de amenazas y tensión, la laboral vive una semana crucial en el Congreso

La reforma laboral del Gobierno Petro entrará esta semana en la fase más decisiva de la carrera contrarreloj que está corriendo para convertirse en ley de la República, pese a la atmósfera cargada de tensión política, advertencias institucionales y presiones internas dentro del gabinete presidencial, que tiene que sortear.

Todo, teniendo en cuenta que si no logra superar este proceso y ser conciliada con la Cámara antes del 20 de junio, el texto se hundirá nuevamente por falta de trámite; pese a que fue revivida en la escogencia de un mal menor que buscaba evitar una consulta popular que nuevamente cobró vida.

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La iniciativa, presentada por el Ministerio del Trabajo en marzo de 2024, propone una transformación estructural del modelo laboral colombiano y sus ejes incluyen la formalización del trabajo, la ampliación de derechos para sectores históricamente excluidos, y el fortalecimiento de la negociación colectiva.

Sin embargo, pese a que sus intenciones son buenas, su tránsito por el Congreso ha estado marcado por un duro pulso entre el Ejecutivo, gremios empresariales y algunos partidos independientes y marchas convocadas por las centrales obreras, en rechazo del hundimiento de la propuesta oficial y el avance de una reforma que calificaron desde la Casa de Nariño como un “frankenstein”.

Un trámite lento

Aunque el trámite de este proyecto comenzó oficialmente este lunes -09 de junio- con la citación al debate en la plenaria del Senado, todavía no se tienen avances sustanciales y los legisladores están lejos de concentrarse en el articulado, pese a que faltan menos de dos semanas y, según fuentes del Congreso, los recientes hechos de orden público podrían llevar a que el inicio del debate se demore más de lo esperado.

Durante la semana pasada, antes de su radicación final, se introdujeron apenas tres modificaciones sustanciales, según sus responsables, dos en beneficio de los aprendices del Sena y una en favor de las pequeñas empresas, comenzando por garantía de que los aprendices cuenten con afiliación al sistema de salud durante la etapa lectiva, corrigiendo una ambigüedad del texto anterior y la segunda les permitirá certificar su práctica como experiencia laboral, un derecho que hasta ahora no tenían.

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Además, se introdujo un régimen simple de cotización mensual de cesantías, que permite al empleador hacer aportes graduales al fondo de cesantías y evita la acumulación de pagos a fin de año. Esto con el fin de facilitar lo administrativo y permitir que el saldo del trabajador gane rendimientos desde el primer mes".

También se agregó un artículo de política pública para la formalización de transportadores, un sector históricamente afectado por la informalidad y, ante la ola de desinformación sobre el trabajo a tiempo parcial, la senadora aclaró que no se modifica lo dispuesto desde 1990 y que no hay cambios en la jornada parcial regulada por el Decreto 1072 de 2013.

Se eleva el tono

En declaraciones recientes, el ministro del Interior, Armando Benedetti, sorprendió al país al poner sobre la mesa que, si la reforma laboral es aprobada por el Senado, el Gobierno podría desistir de convocar la consulta popular anunciada por el presidente Gustavo Petro, dado que ayudaría a garantizar

“Es un futuro hipotético muy lejano, pero lo cierto es que siempre nos ha ido mal con el Congreso, donde han hundido todas las reformas sociales del Gobierno. En ese escenario, uno podría pensar en desistir de la consulta. Sin embargo, ahora viene la etapa más difícil en la plenaria del Senado”, afirmó Benedetti.

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Cabe recordar que sus palabras se produjeron luego de la escasa movilización ciudadana que respaldó las marchas del 28 de mayo, convocadas para apoyar la agenda legislativa del Ejecutivo, ya que el bajón en la calle obligó al Gobierno a jugar todas sus fichas en el terreno parlamentario.

Así mismo, mientras Benedetti abría la puerta al retiro de la consulta, el presidente Petro adoptó una postura opuesta y a través de su cuenta en X (antes Twitter), lanzó una advertencia directa en la que sostuvo que “Ministro que no firme el decreto presidencial de inmediato se va. El poder presidencial es poder del pueblo”.

Concretamente, Petro busca que el decreto que convoca la consulta popular, prevista para el próximo 7 de agosto, sea firmado en Cali este miércoles 11 de junio durante una movilización organizada por colectivos sociales afines y de esta forma mantener vivo el camino plebiscitario si el Congreso vuelve a bloquear sus reformas; pese a las diversas alertas que han surgido en este frente.

Otro punto de vista en este debate es el de la Procuraduría General de la Nación, que se sumó al debate, por medio del procurador Gregorio Eljach Pacheco, quien afirmó que si la reforma laboral es aprobada con la recuperación de derechos perdidos en las últimas dos décadas, la consulta popular “no tendría ningún sentido”.

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“Invito a la sensatez, al diálogo, a que utilicemos los escenarios que la democracia nos brinda, para determinar nuestras diferencias. Este es el momento de las instituciones, no de los líderes ni de las emociones”, dijo Eljach, quien advirtió además que todo servidor público que actúe por fuera del marco constitucional será objeto de control disciplinario.

Mientras se libra la batalla política en Bogotá, en Ginebra el Gobierno recibió un espaldarazo técnico, dado que el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, sostuvo una reunión con el director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Gilbert Houngbo, quien expresó su respaldo al enfoque de la reforma.

La iniciativa del Gobierno incluye compromisos derivados de más de 15 convenios internacionales ratificados por Colombia, entre los que se destacan el Convenio 87 sobre libertad sindical, el 98 sobre negociación colectiva, y el 111 sobre no discriminación. También se recoge la Recomendación 208, que exige garantizar aprendizajes de calidad, así como normas sobre horas de trabajo y descanso semanal.

Este respaldo internacional busca blindar la reforma frente a los cuestionamientos internos, sobre todo en lo referente al respeto de los derechos fundamentales del trabajo.

De esta forma, con menos de 15 días antes de que finalicen las sesiones ordinarias, el Congreso enfrenta una cuenta regresiva, en las que si el Senado aprueba el proyecto esta semana, aún quedaría pendiente la conciliación de los textos con la Cámara, donde hubo diferencias sustanciales en artículos clave.

Además, cualquier reforma aprobada en medio de presiones o controversias institucionales podría ser demandada ante la Corte Constitucional. Por eso, no solo se juega el contenido de la reforma, sino la estabilidad política y jurídica del país; ya que si la reforma pasa, el Gobierno podrá celebrar una victoria legislativa, pero si se hunde, el escenario será aún más incierto, con un presidente decidido a ir a las urnas por decreto.