Complejidad regulatoria, palo en la rueda para el crecimiento de la inversión

Recientemente se conoció que Colombia volvió a destacarse en un ranking internacional, pero no precisamente por razones que animen la llegada de inversión extranjera, dado que, por el contrario, ocupó el quinto puesto en el Índice Global de Complejidad Corporativa 2025 (GBCI, por sus siglas en inglés), elaborado por la firma TMF Group, convirtiéndose en la segunda jurisdicción más compleja de América Latina para hacer negocios y la tercera más complicada a nivel mundial, por detrás de naciones como Grecia y Francia.

Para los expertos a cargo del estudio, este dato es el reflejo de un entorno cada vez más exigente, incierto y burocrático para las empresas, especialmente aquellas que buscan expandirse o invertir desde el extranjero, y se está convirtiendo en un palo en la rueda del crecimiento económico a largo plazo.

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El informe, que analiza 79 jurisdicciones en términos de complejidad regulatoria, fiscal, laboral y de cumplimiento, advierte que América Latina continúa siendo la región más compleja del planeta. Sin embargo, dentro de ese panorama general, Colombia sobresale como un caso crítico, donde la combinación de alta carga normativa, ejecución inconsistente y cambios legales frecuentes está convirtiéndose en un verdadero obstáculo para el dinamismo empresarial.

“Los corredores de comercio resilientes, la gestión de las cadenas de suministro y la correcta adhesión a las tendencias laborales, serán los enfoques primarios del desarrollo en el corto plazo, asegurando que la complejidad en sí no es el enemigo, pero sí lo es la incertidumbre, la cual volvió a los mercados de manera abrupta y dramática”, reseñaron.

Temores regulatorios

Para explicar mejor por qué sucede esto, contaron que entre los factores detrás de esta complejidad creciente se encuentran, en primer lugar, los cambios regulatorios frecuentes, ya que las empresas en Colombia deben adaptarse constantemente a modificaciones en leyes tributarias, laborales, contables y societarias, lo que genera incertidumbre, dificulta la planeación financiera y aumenta los costos de cumplimiento legal.

“Además, aunque existe un marco normativo estructurado, su interpretación y aplicación no siempre son consistentes. Es común que diferentes autoridades –nacionales o locales– adopten enfoques disímiles ante situaciones similares, lo cual obliga a las empresas a invertir recursos adicionales para blindarse jurídicamente”, dijeron desde TMF Group.

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En este sentido, Cristhian Fresen, country head para Colombia de TMF Group, agregó que “la normativa colombiana no es solo densa, sino también ambigua en muchos aspectos. Esto hace que la gestión del cumplimiento sea más lenta, costosa y expuesta a errores, incluso para compañías con buena reputación”.

Otro punto crítico es la presencia de múltiples exigencias locales para operar, aun cuando las empresas hayan cumplido con los requisitos generales a nivel nacional, ya que para ellos, la existencia de trámites duplicados, licencias adicionales y requisitos regionales genera retrasos en el inicio de operaciones, afecta la expansión territorial de negocios ya establecidos y limita el ingreso de nuevas inversiones.

“Colombia, a pesar de haber firmado tratados internacionales y buscar atraer inversión extranjera, mantiene barreras operativas que no han sido desmontadas en la práctica. Incluso, algunas de estas se han intensificado por la digitalización incompleta de procesos administrativos”, dijo Fresen.

Así mismo, resaltaron que “las plataformas digitales han mejorado la presentación de información, pero no han eliminado la burocracia. En algunos casos, incluso han hecho más complejo el seguimiento, al superponer sistemas que no se comunican entre sí”, poniendo así un nuevo punto a trabajar hacia adelante.

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Costos ocultos

Los responsables del informe fueron enfáticos en que este entorno regulatorio y administrativo exige a las empresas un mayor nivel de preparación y gestión, por lo que muchas de ellas han optado por externalizar procesos clave, como contabilidad, nómina, cumplimiento tributario o gestión societaria, para evitar sanciones o errores involuntarios.

No obstante, dejaron claro que esto implica mayores costos operativos, especialmente para pequeñas y medianas empresas que no cuentan con estructuras jurídicas robustas e hicieron énfasis en que esta situación disuade a potenciales inversionistas extranjeros, quienes buscan entornos con normas claras, tiempos razonables y costos previsibles para operar, ya que en el caso colombiano, la alta complejidad actúa como un "palo en la rueda" para el crecimiento del capital internacional.

“No basta con tener mercados atractivos o buenos tratados comerciales. La confianza del inversor también depende de la eficiencia institucional y la estabilidad regulatoria. Colombia, en este momento, no está transmitiendo esas señales con la claridad que necesita”, concluyó Cristhian Fresen, de TMF Group.

Cabe destacar que Colombia no está sola en el podio de la complejidad regional, ya que México (3), Brasil (6) y Perú (puesto 13) también figuran en los primeros lugares del ranking global. Por otra parte, hay que decir que si bien no es el único país latinoamericano dentro del top 5 mundial, estar en los primeros puestos del listado acentúa su imagen de país particularmente difícil para hacer negocios.

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Por contraste, economías como Chile o Uruguay han logrado estabilizar sus marcos normativos y mejorar la interoperabilidad de sus sistemas administrativos, reduciendo su posición en el índice y mejorando su reputación ante inversores, y los países considerados más simples para operar son Dinamarca, Islas Caimán y Curazao, donde la digitalización avanzada, la claridad regulatoria y la baja intervención estatal han generado ecosistemas favorables para el emprendimiento y la inversión extranjera.

A pesar de este diagnóstico crítico, el informe de TMF Group plantea que Colombia podría revertir su posición si decide avanzar en reformas estructurales de simplificación normativa, mejora de la seguridad jurídica y mayor armonización entre niveles de gobierno. Cristhian Fersen, dijo que estos cambios requieren voluntad política, colaboración interinstitucional y un enfoque realista hacia el fortalecimiento del Estado de Derecho.

“La complejidad no es un destino inevitable. Es el resultado de decisiones acumuladas, muchas veces bien intencionadas, pero mal integradas. Colombia puede mejorar su competitividad si coloca la facilidad para hacer negocios como un eje estratégico de su política económica”, apunta el informe.

Este experto cerró destacando que más allá del ranking, lo que está en juego es la capacidad del país para recuperar su dinamismo económico y atraer inversión productiva en sectores clave como infraestructura, tecnología, manufactura o servicios, teniendo en cuenta que en un entorno global cada vez más competitivo, donde los capitales buscan eficiencia, seguridad y velocidad, la complejidad es un lujo que pocos países pueden darse.