Saldos de la elección judicial: ¿es esto lo que querían?

Cada día que pasa es más evidente el fracaso de la elección judicial. No en términos políticos, pues Morena tendrá el control absoluto de la Corte, del Tribunal de Disciplina y de los magistrados. Lo habría obtenido de cualquier manera. Con las mayorías haigan sido como haigan sido que tienen en las Cámaras, era cuestión de tiempo: para 2026 habrían tenido ocho de once ministros y el control total de la Judicatura. La elección costó un dineral, un dineral que urge en otros lados, pues, aunque la abarataron quitando la mitad de las casillas, nos gastamos siete mil millones de pesos en un proceso que no le dio al Poder Judicial la legitimidad esperada y, por el contrario, se hizo evidente que el así llamado pueblo no tenía interés alguno en elegir a los jueces y magistrados. Lo que el pueblo quiere es justicia, y esa no va a llegar con el Poder Judicial que se está conformando.

El caso más patético es la elección de Silvia Delgado, quien fue abogada del Chapo Guzmán, y ahora será jueza de lo penal en Chihuahua. La señora fue la segunda más votada en su jurisdicción. A lo mejor, como dice ella, no es sino una estudiosa que puso su conocimiento en manos del mejor postor, en su caso el Chapo, pero pudo haber sido cualquiera que le pagara. El problema es que pasó todos los filtros de la elección y nadie chistó. Delgado fue propuesta por el Poder Ejecutivo de Chihuahua, es decir, por el Gobierno de la panista Maru Campos.

¿Los poderes van a dar la cara por los jueces, magistrados y ministros que propusieron? Ellos y solo ellos podían proponer candidatos, así que, si un juez o magistrado propuesto por algún gobernador o por la propia Presidenta se corrompe, ¿responderán como avales? Porque eso fue lo que hicieron al proponerlos: avalar su trayectoria e idoneidad. El caso de Silvia Delgado es el más visible, pero como ella hay otros veinte, de acuerdo con la organización Defensorxs, que preside Miguel Meza y que ha hecho uno de los seguimientos más puntuales de la elección. Hay otro montón que pasaron por los filtros de los poderes y no cumplen con los requisitos constitucionales para ser electos, algunos de ellos absurdos, como tener nueve de calificación en la materia en la que pretenden desempeñarse y ocho como mínimo de promedio en la carrera. Es decir, los representantes de los poderes que tienen el monopolio de las candidaturas no fueron buenos ni para revisar los currículos.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ya deslizó la posibilidad de hacer una reforma a la reforma judicial antes de la elección de 2027. La pregunta es si ahora sí los poderes van a escuchar las críticas o seguirán caminando solos, sordos y orgullosos hacia el hoyo que ellos mismos cavaron.