NPR demanda a Trump por orden ejecutiva que recorta fondos

Washington — NPR demandó el martes al presidente Trump y a funcionarios de la administración por una orden ejecutiva firmada a principios de este mes que busca recortar la financiación federal a la organización de noticias y a PBS.

La demanda , presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Washington, D.C., fue interpuesta por NPR y tres estaciones de radio públicas de Colorado. Argumenta que la orden ejecutiva del Sr. Trump viola la Primera Enmienda y las disposiciones de la Ley de Radiodifusión Pública, aprobada por el Congreso en 1967. Los demandantes también afirman que el Sr. Trump no tenía la autoridad para suspender la financiación federal a NPR y PBS, y que su orden debería ser invalidada por inconstitucional.

La orden, según señalaron NPR y las tres estaciones en su denuncia, es una "represalia clásica" y discrimina en función del punto de vista, lo que constituye una violación de la Primera Enmienda.

"Los objetivos de la orden no podrían ser más claros: pretende castigar a NPR por el contenido de noticias y otra programación que no le gusta al presidente y frenar el libre ejercicio de los derechos de la Primera Enmienda por parte de NPR y de estaciones de radio públicas individuales en todo el país", afirma la demanda.

El Sr. Trump y sus aliados republicanos llevan mucho tiempo quejándose de la NPR y acusándola de estar sesgada contra los conservadores. El Proyecto 2025 , la amplia hoja de ruta política supervisada por la Fundación Heritage, exige retirar la financiación tanto a la NPR como a la PBS.

La orden ejecutiva del presidente ordena a la Corporación para la Radiodifusión Pública (CPB), que proporciona fondos públicos a NPR y PBS, y a otras agencias federales, que suspenda la financiación federal y la financiación indirecta de ambos medios. La directiva establece que los contribuyentes tienen derecho a esperar que, si sus impuestos financian la radiodifusión pública, solo financien una cobertura informativa justa, precisa, imparcial y no partidista. La Casa Blanca ha afirmado que ambos medios reciben millones de dólares de los contribuyentes para difundir propaganda radical y progresista disfrazada de 'noticias'.

NPR se financia principalmente mediante patrocinios, donaciones, membresías y cuotas de licencias de estaciones de radio locales, así como financiación directa de la Corporación para la Radiodifusión Pública (CBP) y otras subvenciones federales. Sin embargo, solo aproximadamente el 1% de su presupuesto proviene directamente de fondos federales, según Katherine Maher, directora ejecutiva de NPR. Para el año fiscal 2024, NPR recibió aproximadamente $11.1 millones en subvenciones de la corporación para programación y apoyo al Sistema de Radio Satelital Pública (PSS), el sistema de interconexión de radio pública del país.

Pero la orden ejecutiva del presidente dirigida a NPR y PBS fue solo una de las medidas que ha tomado para atacar a los medios públicos. El mes pasado, el presidente intentó despedir a tres funcionarios de la Corporación para la Radiodifusión Pública (CBP), creada por el Congreso en 1967 como una entidad privada sin fines de lucro para garantizar la inversión en la radiodifusión pública. La corporación afirma distribuir más del 70% de sus fondos a más de 1500 estaciones de radio y televisión públicas de propiedad local.

Los miembros expulsados ​​de la junta directiva de la Corporación para la Radiodifusión Pública demandaron a la administración Trump por su destitución, argumentando que el presidente no tenía el poder de despedirlos.

En su demanda, NPR, Aspen Public Radio, Colorado Public Radio y KSUT Public Radio afirmaron que la orden ejecutiva del Sr. Trump viola la "voluntad expresa del Congreso" y sus derechos amparados por la Primera Enmienda. Los medios advirtieron que la directiva del presidente "amenaza la existencia de un sistema de radio pública del que millones de estadounidenses en todo el país dependen para obtener noticias e información vitales".

"La Orden Ejecutiva constituye una clara violación de la Constitución y las protecciones de la Primera Enmienda a la libertad de expresión y asociación, así como a la libertad de prensa. Constituye una afrenta a los derechos de NPR y de sus 246 estaciones miembro, organizaciones de medios locales, sin fines de lucro y sin fines comerciales, que prestan servicios en los 50 estados y territorios", declaró Maher en un comunicado. "Hoy impugnamos su constitucionalidad ante los tribunales independientes del país".