Expertos y defensores de la ley de inmigración plantean inquietudes sobre el registro del DHS

Grupos de derechos de los inmigrantes y expertos en leyes de inmigración están expresando su preocupación después de que el Departamento de Seguridad Nacional anunció que está creando una base de datos en línea diseñada para realizar un seguimiento de los inmigrantes mayores de 14 años que viven en el país ilegalmente.

Los migrantes que están en Estados Unidos sin autorización deben registrar su información en una base de datos que los rastrea en un esfuerzo por "obligarlos" a autodeportarse, dijo el DHS en un comunicado de prensa el martes.

Sin embargo, hasta el miércoles no se había creado el registro. Una página web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos instruyó a los inmigrantes que deben registrarse que creen una cuenta en línea en la agencia.

El DHS prometió "utilizar todas las herramientas disponibles para obligar a los extranjeros ilegales a autodeportarse" y afirmó en un comunicado que las personas que no se registren ni envíen sus huellas dactilares podrían enfrentarse a multas y prisión.

"El presidente [Donald] Trump y la secretaria [de Seguridad Nacional Kristi] Noem tienen un mensaje claro para quienes se encuentran en nuestro país de manera ilegal: váyanse ahora. Si se van ahora, podrán tener la oportunidad de regresar y disfrutar de nuestra libertad y vivir el sueño americano", dijo un portavoz del DHS en un comunicado el martes. "La administración Trump aplicará todas nuestras leyes de inmigración; no elegiremos qué leyes aplicaremos. Debemos saber quién está en nuestro país por la seguridad de nuestra patria y de todos los estadounidenses".

El DHS dijo que está invocando una sección de la Ley de Inmigración y Nacionalidad que existe desde hace décadas y que requiere el registro de los inmigrantes mayores de 14 años que se encuentren en Estados Unidos, que no hayan sido registrados ni se les hayan tomado las huellas digitales y que hayan estado en el país durante más de 30 días.

"Históricamente, sabemos que tenemos que estar atentos y prestar atención cada vez que un gobierno dice que va a establecer un registro sobre la base del origen nacional, la raza, la religión o cualquier otra característica inmutable, porque seguramente se producirán pérdidas dramáticas de libertades y derechos civiles y potencialmente peores", dijo Heidi Altman, vicepresidenta de políticas del Centro Nacional de Derecho de Inmigración.

Después del ataque del 11 de septiembre, la administración del presidente George W. Bush estableció un sistema conocido como Sistema de Registro de Entradas y Salidas de Seguridad Nacional, que requería el registro de ciertos no ciudadanos, en su mayoría de países de mayoría musulmana y de Corea del Norte.

"Al igual que el sistema de registro que Trump está imaginando aquí, se creó bajo el pretexto de preocupaciones de seguridad nacional o de seguridad pública que, al final, sólo sirvieron para eviscerar los derechos civiles de las comunidades que fueron objeto de la persecución y para separar a las comunidades", dijo Altman. "Hubo alrededor de 83.000 personas que fueron obligadas a registrarse a través del NSEERS y muchos miles de ellas fueron puestas en proceso de deportación".

Los padres y tutores legales de inmigrantes indocumentados que tengan menos de 14 años de edad y no se hayan registrado previamente también tendrían que inscribirse en la base de datos.

Según el registro de la administración Trump, a los inmigrantes mayores de 18 años se les emitirá una prueba de que se han registrado que "deberán llevar consigo y mantener en su posesión en todo momento", según el sitio web del USCIS.

Ese requisito está alimentando temores de que se trate de una nueva ley del tipo "muéstrame tus papeles", dijo Michelle Lapointe, directora legal del Consejo Americano de Inmigración.

"Aquí hay algunos problemas reales de libertades civiles", dijo Lapointe a ABC News. "Esto terminará atrapando a las personas en función de las percepciones que las fuerzas del orden tienen de su raza y de las suposiciones que las fuerzas del orden hacen sobre el estatus migratorio de las personas en función de eso".

"Por lo tanto, existe una oportunidad real de abuso, porque esto esencialmente está estableciendo un sistema donde las personas tienen que presentar sus documentos, mostrar sus documentos a las autoridades para probar su estatus", continuó.

Lapointe dijo que el DHS también está amenazando con penas de cárcel por no registrarse, aunque estar en el país sin autorización no siempre se castiga con prisión.

"El hecho de que un extranjero no se registre es un delito que podría resultar en una multa, prisión o ambas", señala el comunicado de prensa del martes.

En muchos casos, estar en el país sin autorización constituye un delito civil y normalmente se castigaría con la deportación en lugar del encarcelamiento.

A medida que la administración Trump continúa intensificando sus esfuerzos de deportación, Greg Chen, director senior de Relaciones Gubernamentales de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, dijo que pocas personas podrían optar por registrarse.

"No creo que mucha gente vaya a presentarse y registrarse, porque van a tener demasiado miedo de que si se registran, simplemente serán deportados rápidamente, dado el agresivo plan de deportación masiva que la administración está estableciendo", dijo Chen.