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Mientras la agenda pública estaba ocupada con las operaciones de la IMM y las presiones a la oposición, por otro lado, se presionaba el botón de muchas leyes. En la última semana, muchos ámbitos, desde el poder judicial hasta las tierras 2B, desde la Dirección de Asuntos Religiosos hasta los patrones, han estado moviéndose hacia un enfoque antipopular, pro mercado y reaccionario.

El Ministro de Medio Ambiente, Urbanización y Cambio Climático, Murat Kurum, anunció nuevas "buenas noticias". El gobierno se prepara para vender áreas deforestadas por la mano del hombre, legalizando así la construcción ilegal a cambio de dinero.

El artículo 7 del proyecto de ley, que también incluye normas que otorgan nuevos poderes a la Presidencia de Asuntos Religiosos, fue aprobado en la Asamblea General de TBMM. Con esta normativa, la Dirección General de Servicios Religiosos prestará asesoramiento espiritual y servicios religiosos de manera cooperativa en residencias de estudiantes, instituciones educativas, centros y campamentos juveniles, instituciones penitenciarias, instituciones de salud, instituciones de servicio social y lugares similares.

Se publicó en el Boletín Oficial el "Decreto Presidencial sobre Ayudas Estatales a las Inversiones". Con esta decisión los recursos del país volverán a fluir hacia los industriales.

La coeducación fue criticada en el informe del taller "Visión pedagógica y científica de los debates sobre coeducación " de la Plataforma Maarif y en el informe "Un nuevo paradigma para las políticas familiares y de mujeres" de Memur-Sen. Mientras se lanzaba la campaña de firmas para la enmienda constitucional, se criticaba la “Ley de Unidad de la Educación”.

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EJECUCIÓN DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES

El décimo Paquete Judicial presentado a la Presidencia de la Gran Asamblea Nacional de Turquía fue una decepción. Las regulaciones incluidas en el paquete, que no cumplieron con las expectativas públicas y aumentaron la presión sobre la oposición, generaron críticas. La propuesta, que prevé una reducción de la pena para quienes se encuentren en prisión por delitos cometidos antes del 31 de julio de 2023, también incluye un camino a prisión para quienes cometieron delitos descritos como “delitos no penales”.

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