Turquía: Funcionarios acusados de emitir pasaportes y documentos de identidad falsos
Los funcionarios del registro civil de la provincia fronteriza meridional de Kilis enfrentan cargos penales por una presunta trama que emitía documentos de identidad y pasaportes falsificados a extranjeros, según la fiscalía turca. Este caso es la última parte de una creciente red de investigaciones por falsificación que ya ha sacudido los sistemas educativo y político del país.
 |
| Turquía: Funcionarios acusados de emitir pasaportes y documentos de identidad falsos |
Las autoridades iniciaron la investigación después de que residentes de varias provincias descubrieron que funcionarios de Kilis, una ciudad en la frontera de Turquía con Siria, habían emitido nuevas tarjetas de identidad biométricas turcas a su nombre sin su consentimiento.
La investigación se amplió en diciembre de 2021, cuando dos ciudadanos uzbekos fueron detenidos en la estación de autobuses de Kilis portando documentación fraudulenta. Declararon a la policía que habían pagado a intermediarios —identificados en los documentos judiciales como Tarık Avcı y Murat Avcı— para concertar citas en la oficina del registro civil de Kilis, donde proporcionaron huellas dactilares y fotografías a cambio de documentos de identidad oficiales.
Según la fiscalía, los intermediarios mantenían contacto con funcionarios del registro civil, entre ellos el director de distrito Mehmet Bars y los secretarios Vedat Kaya y Mahmut Apaydın. Los investigadores alegan que estos funcionarios tenían acceso directo a la base de datos gubernamental, lo que les permitió alterar datos biométricos y fotográficos vinculados a los registros de ciudadanos turcos auténticos.
Al menos 22 pasaportes diplomáticos y de servicio, junto con ocho documentos de identidad, se emitieron presuntamente de esta manera. En un caso citado en documentos judiciales, un ciudadano sirio bajo protección temporal obtuvo un documento de identidad con el nombre de un ciudadano turco tras pagar 25.000 dólares.
La policía afirma que el plan podría haberse extendido a otras provincias. Sin embargo, la investigación se ha visto obstaculizada por la política de la oficina de Kilis de borrar automáticamente las grabaciones de las cámaras de seguridad cada 10 días, eliminando así cualquier prueba de video del período en cuestión.
Un escrito de acusación formal, finalizado en marzo de 2024, imputa a los tres funcionarios del registro y a varios intermediarios por múltiples cargos de falsificación de documentos oficiales por parte de un funcionario público y delitos conexos. Todos los acusados están siendo juzgados sin prisión preventiva. El Ministerio del Interior denegó a los investigadores la autorización para presentar cargos contra el entonces director provincial, Hüseyin Ayvacı.
El caso Kilis surge junto con una extensa investigación sobre credenciales académicas falsificadas que ha afectado a Turquía durante el último año. Esta investigación, centrada en Ankara, alega que una red criminal utilizó firmas electrónicas robadas para falsificar diplomas universitarios, alterar calificaciones de exámenes y eliminar registros de las bases de datos educativas nacionales.
En Turquía, las firmas electrónicas funcionan como sellos de identidad digitales encriptados, lo que permite el acceso a sistemas gubernamentales sensibles. La fiscalía afirma que se utilizaron firmas electrónicas falsificadas pertenecientes al personal de 14 instituciones, entre ellas el Consejo de Educación Superior y el Ministerio de Educación, para insertar títulos falsos en los registros oficiales.
Aunque los primeros informes de prensa sugirieron que hasta 400 académicos podrían haber estado implicados, la Dirección de Comunicaciones Presidenciales ha declarado que ninguno de los 220 sospechosos oficialmente investigados ocupa cargos académicos. La lista confirmada de sospechosos incluye, en cambio, a un instructor de manejo, un entrenador físico y, sobre todo, a Abdulhamit Kayıhan Osmanoğlu, descendiente del sultán otomano Abdulhamid II.
 |
El caso del pasaporte Kilis y el escándalo del diploma con firma electrónica comparten características comunes: presunto acceso interno a bases de datos estatales críticas, manipulación de registros biométricos o educativos y pagos de alto valor de clientes que buscan eludir los requisitos legales de ciudadanía, viajes o calificaciones profesionales.
En los últimos años, casi todos los trámites oficiales en Turquía, desde la renovación de pasaportes hasta el registro de propiedades, se han trasladado a la plataforma de gobierno electrónico del estado. Esto ha simplificado la burocracia, pero también ha creado puntos únicos de fallo que pueden explotarse si se comprometen las credenciales de personas con información privilegiada.
Los tribunales turcos están tramitando actualmente múltiples acusaciones que abarcan docenas de provincias y en los casos más graves se piden penas de hasta 45 años.
Medyascope
