Una petición pide que los cambios en la ley de nacionalidad se apliquen solo a quienes llegan a Portugal

Más de 12 mil personas firmaron una petición, entregada a la Asamblea de la República, pidiendo un régimen transitorio que mantenga el plazo actual de naturalización de extranjeros para aquellos que ya están en el país, según el documento consultado hoy por Lusa.

Ilia Bobin es un médico ruso que reside en Portugal desde hace tres años huyendo del régimen de Putin y es el impulsor de la petición presentada al Parlamento portugués, con 12.167 firmas, para solicitar que los cambios propuestos por el Gobierno (permiso de residencia de siete años para los lusohablantes y diez para los demás) solo se apliquen a los recién llegados, manteniendo "el plazo anterior de cinco años para las personas que, en la fecha de entrada en vigor de esta ley, ya residan legalmente en territorio nacional y sean titulares de un permiso de residencia".

"Somos muchos como yo, que trabajamos y queremos integrarnos. En mi caso, me fui por motivos políticos, y la naturalización no es solo una cuestión de conveniencia, sino de seguridad", dijo el médico, que vive en Seixal y está aprendiendo portugués para ejercer en Portugal.

Hasta entonces, dirige una empresa de limpieza con su esposa. Ilia Bobin eligió Portugal "por muchas razones", entre ellas "los plazos de naturalización vigentes".

“Los extranjeros que llegaron a Portugal con el objetivo de integrarse en la sociedad portuguesa planificaron sus vidas, carreras y el futuro de sus familias basándose en el período de cinco años para la naturalización”, por lo que un “cambio retroactivo del período podría frustrar expectativas legítimamente creadas, protegidas por la Constitución de la República Portuguesa”.

«Nosotros, ciudadanos extranjeros residentes legalmente en Portugal, entre los que se encuentran profesionales de diversos ámbitos, como la informática, la gestión, el comercio, los servicios y otros sectores, así como padres de niños ya matriculados en escuelas portuguesas y que consideran Portugal su hogar, presentamos esta petición con un espíritu de diálogo constructivo», afirman los patrocinadores de la petición.

El documento fue firmado “por muchos extranjeros” para demostrar que “están comprometidos con la integración”, explicó Ilia Bobin.

Reconociendo “el derecho y el deber del Parlamento portugués de revisar y mejorar la legislación en respuesta a los nuevos desafíos y necesidades de la sociedad”, los firmantes consideran que “la posibilidad de solicitar la naturalización y poder contar con una evaluación justa es una expectativa legítima que se deriva de los principios del Estado de Derecho”.

Los autores consideran que las nuevas normas deben aplicarse “sólo a los futuros residentes”, manteniendo “la seguridad jurídica y las expectativas legítimas de los inmigrantes residentes en el país que ya siguen de buena fe las normas establecidas por el Estado y construyen su vida en Portugal con base en la legislación vigente”.

Los fiscales invocan los principios de protección de la confianza jurídica, prohibición de retroactividad, seguridad jurídica y previsibilidad, así como igualdad.

“Los cambios a la ley crearán condiciones diferentes según la fecha de ingreso al país, permitiendo a algunos naturalizarse después de cinco años y exigiendo períodos más largos a otros”, lo que “podría constituir discriminación”, afirman.

Además, los firmantes citan estudios internacionales que indican que “la naturalización promueve una mejor integración de los migrantes a la sociedad”, con “mejores indicadores de empleo, roles más calificados e ingresos más elevados”.

La aplicación de las nuevas normas a los extranjeros ya residentes no se corresponde con los objetivos de los partidos de derecha, que quieren limitar la inmigración, porque "estas personas ya están en Portugal, no constituyen 'inmigrantes potenciales', sino residentes efectivos que no intentarán salir del país", con la excepción de "los profesionales más cualificados y aquellos con mayor capacidad de contribución a los sistemas fiscal y social".

Para miles de familias, algunas de ellas procedentes de países con regímenes autoritarios o conflictivos, obtener la nacionalidad portuguesa no es una formalidad, sino un objetivo fundamental de vida que garantiza la seguridad, la dignidad y el futuro de sus hijos. Estas personas se han establecido en Portugal, depositando su confianza en el sistema jurídico nacional, afirma la petición.

Por ello, “creemos que cambiar las reglas a mitad de este proceso no es sólo una medida administrativa, sino que podría suponer una intervención profunda en la vida de estas personas, comprometiendo sus planes y generando desilusión y desconfianza”, afirman los autores.

Los cambios a la ley de nacionalidad, que prevén la revisión de los plazos para acceder a la naturalización y la retirada de la ciudadanía en casos de delito, se encuentran actualmente en discusión en el Parlamento, y la oposición de izquierda considera que la propuesta del gobierno contiene varias inconstitucionalidades.