Oposición estudia reacción ante Tribunal Supremo y quiere entender disposición de Motta

La oposición estudia cómo reaccionar ante el Supremo Tribunal Federal (STF) tras la formación de la mayoría de la Primera Sala del Tribunal para anular parcialmente la decisión del pleno de la Cámara en el caso del diputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ). El grupo también quiere entender cuál será la actitud del presidente de la Cámara, Hugo Motta (Republicanos-PB), ante la situación.

Ramagem queda liberado, hasta el final de su mandato, de responder por los delitos de daño calificado y deterioro del patrimonio catalogado. La Procuraduría argumenta que estos hechos ocurrieron con posterioridad a su juramentación como diputado y, por lo tanto, las actuaciones deben ser suspendidas. Por otra parte, los juicios por abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado y organización criminal continúan su curso con normalidad.

La comprensión de la Primera Sala del Tribunal Supremo hasta el momento choca con la decisión del pleno de la Sala del pasado miércoles (7). La mayoría de los diputados había aprobado la suspensión de todos los procesos penales contra el ex director de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) en la investigación del complot golpista.

Los miembros de la oposición están ahora considerando cómo proceder, pero creen que será poco probable que se trate de una respuesta rápida o de una iniciativa única. Especialmente porque consideran que el enfrentamiento entre el Congreso y la Corte Suprema se ha ido intensificando y ha llegado a este nivel de tensión en los últimos 10 años: no ocurrió de la noche a la mañana. Además, se trata de una acción legal, cuyo trámite no depende de votaciones internas en la Cámara.

Asimismo, afirman que es necesario comprender la disposición de Motta, otros dirigentes y presidentes de partidos de eventualmente criticar públicamente la decisión de la Primera Sala. Tras bastidores, la oposición recuerda que Motta, como candidato a la presidencia de la Cámara, se comprometió a defender lo que ellos consideran prerrogativas constitucionales de la Cámara, como una promesa de campaña. Hay quienes exigen una actitud conjunta, con participación del Senado.

Diputados del gobierno vieron la decisión de sus colegas como una maniobra de amnistía inconstitucional y un resquicio legal para beneficiar al expresidente Jair Bolsonaro (PL) y otros acusados ​​en el intento de golpe. También se quejaron de la rapidez con la que se discutió el asunto en la Cámara, con permiso de Motta.

La base del gobierno considera que el movimiento era peligroso. El cálculo es que Motta jugó en contra del Planalto al programar la acción para liberar a Ramagem tan rápido. La actitud del presidente de la Cámara fue considerada “lamentable” por el grupo, que recordó la presión que ejercen los partidarios de Bolsonaro para la aprobación del proyecto de amnistía.

De los 315 diputados que aprobaron la decisión pro-Ramagem, 197 son de partidos de base aliados de Lula, alrededor del 63% de los votos. Juscelino Filho (União Brasil-MA), ministro de Comunicaciones de Lula hasta el mes pasado, fue uno de los que votó a favor.

Al igual que la oposición, los dirigentes centristas ven la interferencia del STF en una prerrogativa que consideran exclusiva del Parlamento. A ello se suma su descontento con decisiones que implican enmiendas parlamentarias y otras investigaciones, por ejemplo.

También este viernes, la Primera Sala del STF formó mayoría para condenar a la diputada Carla Zambelli (PL-SP) a 10 años de prisión por invadir los sistemas del Consejo Nacional de Justicia (CNJ) e insertar documentos falsos.

Zambelli perdió terreno y se convirtió en una especie de persona non grata en la oposición desde el episodio en el que apuntó con un arma a un hombre en medio de la calle en vísperas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2022. Sin embargo, en el PL el discurso es que, si es posible, la orden es intentar defenderlo.