El líder del Partido Socialista pide “humanismo y sensibilidad social” para resolver los problemas de vivienda precaria

El secretario general del PS, José Luís Carneiro, afirmó hoy que comprende las dificultades que enfrentan los municipios frente a las construcciones precarias, pero aboga por soluciones equilibradas “con humanismo y sensibilidad social” en la resolución de los conflictos.

En declaraciones a la agencia de noticias Lusa, tras la sentencia judicial que impidió al Ayuntamiento de Loures demoler viviendas en el barrio de Talude Militar, en Loures, José Luís Carneiro consideró que “la construcción ilegal no es una solución a los problemas de vivienda”.

El Partido Socialista comprende las dificultades que enfrentan los municipios donde se instalan estructuras precarias, especialmente en cuanto al cumplimiento de la ley y su responsabilidad por la seguridad física de las personas. Sin embargo, cree que las soluciones deben ser siempre reflexivas, equilibradas y centradas en la resolución del problema, con humanismo y sensibilidad social. Esto garantiza la dignidad, especialmente de los más frágiles y vulnerables, argumentó.

Para el dirigente socialista, “el Gobierno y los Ministerios de Seguridad Social y de Vivienda tienen el deber de no hacer la vista gorda ante las dificultades que hoy y siempre enfrentan los alcaldes de las áreas metropolitanas”.

Las declaraciones del secretario general del PS a Lusa llegan un día después de que el Tribunal Administrativo del Distrito de Lisboa determinara, en una sentencia consultada por Lusa, que el Ayuntamiento de Loures, presidido por el socialista Ricardo Leão, está "impedido de realizar el acto de demolición" de casas en el barrio de Talude Militar.

El tribunal “aceptó provisionalmente la medida cautelar de suspensión de la eficacia de un acto administrativo” –es decir, demoliciones de viviendas– interpuesta por un abogado que representaba a 14 vecinos del barrio.

El tribunal considera que "se ha verificado la situación de especial urgencia", ordenando la notificación de su decisión "de forma inmediata y con la mayor celeridad posible", y recuerda además que "el trámite cautelar es un trámite urgente", dando al municipio un plazo de 10 días para impugnar la decisión, "sin perjuicio de lo que se resuelva".

En la solicitud de medidas cautelares, los 14 residentes y sus familias -entre las que hay dos personas enfermas, siete niños y una mujer embarazada- manifiestan que están “en riesgo de quedarse sin hogar y sin vivienda” y “no tienen alternativa habitacional”.

Según la abogada que representa a los vecinos, el lunes "se demolieron viviendas amparadas por medidas cautelares", por lo que presentará una denuncia penal contra el municipio, "por delitos de abuso de poder y daños", y exigirá que se indemnice a los afectados.