¿Barrios marginales otra vez? ¿No hemos aprendido nada?

La reciente demolición de barrios marginales en el municipio de Loures es la señal más visible del inicio de procesos de construcción ilegal que han sido una realidad en el país durante décadas. A finales del siglo pasado, los barrios marginales habían desaparecido, con familias realojadas o reubicadas. Lograr este objetivo fue, en mi opinión, uno de los mayores logros del régimen democrático.

En aquel entonces, a pesar de las diferencias políticas, existía una preocupación genuina y un consenso oportuno para abordar la escasez de vivienda, y este objetivo común determinó el éxito. Los organismos públicos especializados en la promoción de la vivienda también contribuyeron a ello, pero hoy en día ya no cuentan con los mismos conocimientos, experiencia ni capacidad.

Por el lado del sector privado, hubo condiciones para que las empresas se desarrollaran, lo que les permitió construir lo necesario.

La legislación era incomparablemente más sencilla y los costos mucho más bajos en comparación con los ingresos y la capacidad del país.

En Lisboa, hay dos presidentes que se destacaron en este desafío, el ingeniero Nuno Cruz Abecassis (CDS) y el doctor João Soares (PS), así como los consejeros que ocuparon esas carteras, algunos de ellos de diferentes partidos.

En 2001, el número de viviendas públicas alcanzó las 120.000.

Desde entonces, poco más se ha logrado. Esta realidad dice mucho sobre el estado de la nación durante este siglo, con políticas centradas en lo inmediato, carentes de una estrategia de desarrollo y planificación a mediano y largo plazo. La grave crisis de vivienda fomenta la construcción ilegal, el hacinamiento en las viviendas y, en última instancia, la falta de vivienda. Porque los barrios marginales no surgen de la nada; son consecuencia de la falta de políticas para construir vivienda pública y para la clase media, y de políticas deficientes que han exacerbado el problema.

Estamos presenciando el surgimiento de los mismos problemas, que creíamos ya cosa del pasado, pero el contexto actual es muy diferente, empezando por el entorno político. Antes, el objetivo era acabar con los barrios marginales, mientras que ahora algunos políticos utilizan las dificultades como arma política, pero sin encontrar soluciones.

En mi opinión, los municipios deberían:

1. Garantizar acciones preventivas para evitar la construcción de nuevos barrios marginales, de lo contrario volveremos al pasado sin las herramientas de aquella época para garantizar la reubicación, a saber:
2. El coste actual de la construcción por metro cuadrado de vivienda social ya no está bajo control y es demasiado elevado para cumplir con las exigentes e inadecuadas normas y regulaciones. Los costes de construcción actuales se han duplicado en comparación con 1995, en relación con el salario mínimo vigente en aquel momento.
3. Las reglas impuestas para urbanizar el suelo no permiten los precios asequibles del pasado;
4. Las empresas que produjeron miles de viviendas para eliminar las favelas ya no existen y sólo volverán a crecer si el ambiente político permite confiar en la estabilidad del mercado, la tributación y las condiciones de contratación de trabajadores, además de la falta de mano de obra calificada;
5. La administración pública no cuenta con organizaciones con la capacidad técnica que existían antes, por muchas razones, entre ellas la falta de carreras atractivas con salarios adecuados a la cualificación profesional.

Si bien el Gobierno debería:

1. Crear un programa de emergencia para producir vivienda pública con un cambio profundo en el marco legislativo y regulatorio que permita su construcción a un costo mucho menor;
2. Introducir cambios legislativos que permitan a los municipios, la administración pública y la ciudadanía disponer de los medios legales para restablecer la legalidad y la normalidad ante la ocupación indebida de suelo y vivienda.

Las nuevas regulaciones y requisitos han incrementado consistentemente los costos, lo que ha contribuido a que la suma de los costos de producción se vuelva inaccesible para la mayoría de las familias, incluso antes de que se obtenga alguna ganancia.

El reto es revertir el sistema, definir un coste máximo y los requisitos para producir a un precio ajustado al ingreso, como ocurre en todos los demás sectores.

Regresar a las tiendas está fuera de cuestión.