Prohíben a partidarios de Bolsonaro acampar en Brasilia
Brasilia, 26 de julio de 2025 (Lusa) – Un juez brasileño prohibió hoy los campamentos de apoyo al expresidente Jair Bolsonaro, imputado por golpe de Estado, frente a las sedes de los tres poderes del Estado, ministerios o cuarteles de las Fuerzas Armadas, en Brasilia.
El juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, tomó esa decisión después de que diputados pro-Bolsonaro acamparan frente al STF para protestar contra las medidas cautelares impuestas al expresidente por supuestamente intentar obstruir el juicio por intento de golpe de Estado.
Desde el 18 de julio, el líder ultraderechista lleva una pulsera electrónica, está obligado a pasar noches y fines de semana en casa y tiene prohibido utilizar las redes sociales, hablar con otras personas investigadas y acercarse a las embajadas.
Como forma de protesta, el diputado Hélio Lopes, que suele acompañar a Bolsonaro en eventos públicos, instaló una carpa frente a la Corte Suprema y se puso un yeso en la boca mientras llevaba una Biblia.
"Mientras silencien a Bolsonaro, censuren al pueblo y se burlen de nuestra fe, resistiré, aunque sea en silencio", afirmó el congresista en una publicación en redes sociales.
A la manifestación también se sumaron otros diputados de extrema derecha que apoyan a Bolsonaro, entre ellos João Chrisóstomo, más conocido como 'Coronel Chrisóstomo'.
El juez Alexandre de Moraes ordenó al gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, poner fin al campamento, bajo pena de prisión de los participantes, ya que, a su juicio, pueden estar cometiendo un "acto delictivo".
Los manifestantes optaron por abandonar la llamada Praça dos Três Poderes y trasladarse a un lugar de la Esplanada dos Ministérios, donde se encuentran otros organismos oficiales.
Sin embargo, Alexandre de Moraes emitió esta mañana una nueva decisión, en la que prohíbe “cualquier acampada en un radio de 1 km de la Praça dos Três Poderes, Esplanada dos Ministérios y, obviamente, frente al cuartel de las Fuerzas Armadas”.
El juez decidió “garantizar la seguridad pública” y “prevenir nuevos hechos delictivos similares a los ocurridos el 8 de enero de 2023”.
Ese día, miles de partidarios de Bolsonaro invadieron y vandalizaron la sede del Supremo Tribunal Federal, del Congreso y de la Presidencia de la República en busca de una intervención militar para derrocar al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, quien había asumido el cargo una semana antes.
La Fiscalía ve este episodio como la culminación de un plan golpista que utilizó medios violentos para anular las elecciones de 2022, ganadas por Lula da Silva, y mantener a Bolsonaro en el poder.
El expresidente brasileño está acusado de liderar la conspiración y enfrenta una posible sentencia de 40 años de prisión.
También es investigado, junto a su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, "por instigar" al gobierno de Estados Unidos a imponer sanciones a jueces de la Corte Suprema y al propio Brasil, en un intento de anular el juicio.
JMF // EJ
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