La siniestra agenda de la UE oculta en los impuestos a la nicotina

La Comisión Europea invoca la salud pública, pero ignora los efectos secundarios del nuevo impuesto al tabaco por una sencilla razón: persigue un fin mayor. El desempleo, el contrabando o la pérdida de ingresos se convierten en costes aceptables cuando el verdadero objetivo es impulsar la centralización presupuestaria de la Unión con el pretexto de la salud.

La Unión Europea está a punto de reestructurar el mapa fiscal del tabaco con proporciones trascendentales. Según un documento interno revelado por Euractiv , la Comisión Europea se prepara para proponer un aumento del 139 % en el impuesto mínimo sobre los cigarrillos, de 90 € a 215 € por cada mil unidades, e incrementos aún más drásticos en otros productos, como el tabaco de liar (+258 %) y los puros (+1090 %). Oficialmente, se trata de una medida de salud pública. Pero tras esta retórica se esconde una arquitectura fiscal que tiene efectos en cascada sobre las economías locales, los consumidores más vulnerables e incluso la propia legitimidad del proyecto europeo.

La propuesta llega en un momento en que la necesidad de Bruselas de encontrar nuevas fuentes de financiación se hace cada vez más evidente. Bajo el pretexto de promover la salud, esta reforma fiscal parece ocultar un intento de crear, en la práctica, un impuesto europeo.

Más allá de las implicaciones institucionales, las consecuencias prácticas de la revisión TED son múltiples, predecibles y negativas: la primera será una disminución de la demanda legal. Los pequeños comerciantes, quioscos y productores locales sufrirán el aumento de precios, especialmente en los Estados miembros donde el tabaco aún representa una actividad agrícola significativa, como Bulgaria, Grecia y Polonia.

En el documento publicado por Euractiv, la Comisión minimiza el impacto en el empleo, calificándolo de "marginal". Sin embargo, la pérdida de empleos nunca es marginal cuando afecta a cadenas enteras, desde la producción agrícola hasta el procesamiento industrial, incluyendo la distribución y la venta minorista. En los últimos quince años, el número de productores de tabaco en la UE ha disminuido de unos 60.000 a menos de 15.000. Un aumento tan drástico de la presión fiscal podría acelerar este declive y poner en peligro el sustento de miles de familias que trabajan en el sector, especialmente en regiones ya de por sí vulnerables económicamente.

Además, las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la fabricación, el envasado y la comercialización de productos alternativos, como los cigarrillos electrónicos, el tabaco calentado o las bolsitas de nicotina, se enfrentan ahora a una situación de supervivencia. Estos productos, a menudo utilizados como estrategias de reducción de daños, se tratan ahora como cigarrillos tradicionales, pero sin medidas de transición ni apoyo. La destrucción de estos empleos, con sus características específicas, tendrá efectos negativos: comunidades enteras podrían verse arrastradas al desempleo estructural, lo que afectaría las arcas públicas nacionales, por órdenes supranacionales.

Este colapso económico allana el camino para el inevitable auge del mercado paralelo. Cuando el consumo legal disminuye, el contrabando y la producción ilegal prosperan. Irónicamente, esto reduce precisamente los ingresos que la UE espera obtener de esta medida.

Incluso los no fumadores sentirán el impacto: aumento de la inflación, menor recaudación fiscal neta y mayor presión sobre los servicios públicos. La combinación de evasión fiscal, pérdida de empleos y mayores costes de supervisión recaerá, en última instancia, sobre el contribuyente. Todo esto debería ser motivo suficiente para replantear el modelo. Pero quizá no lo sea, porque, en realidad, estos efectos secundarios no son un error de cálculo, sino el precio político de una mayor ambición: la construcción de un sistema tributario centralizado en Bruselas.

La Unión Europea está explorando maneras de aumentar sus propios ingresos para financiar nuevas prioridades presupuestarias, desde la defensa hasta la transición energética. La revisión del TED, al crear en la práctica un impuesto europeo sobre los productos del tabaco, actúa como un auténtico caballo de Troya para transferir competencias fiscales de los Estados miembros al gobierno central. Se trata de otro paso estratégico, cuidadosamente disimulado, en el camino hacia la uniformidad fiscal.

Una entidad sin mandato electoral directo no puede tener la legitimidad para alterar las bases fiscales de países soberanos. Y no es moral disfrazar esta ambición bajo una narrativa moral de salud pública. Los partidos políticos nacionales y europeos deben rechazar la revisión del TED y cualquier intento de centralización fiscal en Bruselas. Cada país debe decidir sus políticas según sus características y necesidades, y su soberanía está siendo aplastada entre bastidores, con todas las consecuencias.

La Comisión Europea corre el riesgo de desencadenar una cadena de efectos adversos: desempleo, crisis económica, crecimiento del mercado negro, inflación, todo ello en nombre de supuestas preocupaciones sanitarias que, en realidad, sirven de escudo para la centralización presupuestaria.

La salud pública es sin duda un objetivo noble; no debería ser un caballo de Troya.