Accidente en el río Guadiana: la libertad debe ser protegida.

Las primeras horas de la mañana en el río Guadiana terminaron en tragedia. Una patrullera de la Guardia Nacional Republicana fue embestida por una lancha rápida sospechosa de estar vinculada al narcotráfico. Un soldado perdió la vida y tres resultaron heridos. La noticia es dura, pero lo que simboliza es aún más preocupante: un país que sigue reaccionando tras las tragedias, en lugar de prevenirlas. El liberalismo no es lo opuesto a la seguridad. El Estado debe ser eficiente, sí, pero nunca ausente. La libertad individual es un derecho fundamental, pero depende de una estructura pública capaz de proteger a quienes respetan la ley y de enfrentarse a quienes la infringen. Lo ocurrido en el Guadiana es un ejemplo de un Estado lento, burocrático y con escasa capacidad tecnológica que intenta frenar redes criminales transnacionales, rápidas y bien financiadas.

Cuando el crimen avanza más rápido que el Estado. Es inaceptable que los agentes de la GNR se enfrenten a embarcaciones de gran potencia con recursos desiguales y equipos reducidos. El río Guadiana ha sido durante mucho tiempo una frontera muy activa, tanto a nivel económico como social y delictivo. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo dice. Pero pocos actúan en consecuencia. Las reacciones institucionales, las declaraciones, las condolencias y las promesas de investigación ya no son suficientes. El país necesita reformas prácticas y valientes que combinen eficiencia, inteligencia y responsabilidad. -Refuerzo real de la vigilancia fluvial y marítima, con lanchas rápidas, visión nocturna y drones tácticos; - Cooperación continua con España, incluyendo patrullas conjuntas e intercambio inmediato de datos operacionales; -Revisión jurídica de los delitos de tráfico de embarcaciones, adaptando el Código Penal a la realidad tecnológica y transfronteriza del crimen organizado; -Formación y protección adecuadas para las fuerzas de seguridad, que arriesgan sus vidas para hacer cumplir la ley;

La planificación preventiva es clave, porque esperar a que ocurra un delito es lo opuesto a gobernar.

¡La libertad no es anarquía! Un Estado liberal debe ser eficiente, no permisivo. Defender la libertad no significa hacer la vista gorda ante el crimen; significa asegurar que quienes infringen la ley paguen el precio que merecen. Un estado verdaderamente minimalista es aquel que hace lo esencial, y lo hace bien. Quienes confunden la "libertad individual" con la ausencia de reglas no han comprendido el principio básico del liberalismo: la libertad termina donde comienza el riesgo impuesto a los demás.

El tráfico de drogas, el contrabando y la evasión de la justicia son ataques directos contra la libertad de todos nosotros, y el Estado tiene el deber constitucional de actuar.

Un ejemplo que no se puede repetir… Un miembro de las Fuerzas Armadas de la República murió en acto de servicio. Este sacrificio no puede ser un episodio trágico más. Debe ser una clara señal de que Portugal necesita replantearse su estrategia de seguridad, sus fronteras y los recursos que destina a quienes la protegen. Lamentarse no basta.

Necesitamos reformar, actuar y proteger, con menos burocracia, más inteligencia y un verdadero sentido de Estado. La libertad, la verdadera libertad, no se conquista con discursos. Se conquista con responsabilidad, valentía y justicia. Todo esto tiene una base legal y contextual. El artículo 27 de la Constitución de la República Portuguesa consagra el derecho a la libertad y a la seguridad como valores fundamentales, imponiendo al Estado el deber de protección activa y efectiva. El Código Penal, en sus artículos 21, 22 y 24, define la coautoría y la responsabilidad penal por conductas intencionales como el tráfico y la resistencia a la autoridad.

La Ley Orgánica del GNR (Ley n.º 15/94) y el artículo 271 de la Constitución estipulan que los agentes del Estado, en el ejercicio de sus funciones, gozan de protección especial y de medios adecuados para la misión de defender la legalidad democrática. ¿Dónde están?

Estas normas no son meros adornos legales; son compromisos constitucionales que el Estado debe cumplir. Porque la libertad no puede sobrevivir sin orden. Y el orden no puede existir sin valentía política. La libertad exige responsabilidad. Y la responsabilidad exige acción.