PIDE vive
Según una investigación de TVI, el juez de instrucción Ivo Rosa, tras la sentencia que dictó en el marco de la Operación Marquês, fue objeto de una investigación iniciada por una denuncia anónima sin fundamento. Durante tres años, fue objeto de escuchas telefónicas, vigilado por agentes de la Policía Judicial y sus cuentas bancarias fueron allanadas. Todo quedó archivado después de, repito, tres años.
Esta investigación sobre un juez de instrucción, realizada por el Ministerio Público y autorizada por un juez del Tribunal de Apelación de Lisboa, no es un simple error judicial más, es un ataque violento y uno de los más graves al buen funcionamiento de las instituciones, al principio de separación de poderes y al Estado de derecho.
Se trata de una maniobra tipo PIDE que pretende sobre todo intimidar a cualquier organismo que considere tomar una posición que no se alinee con las tesis del Ministerio Público y condicionar cualquier otra posición a futuro.
Los jueces aprenden que enfrentarán serios problemas si no se comportan como quiere el Ministerio Público.
Ante esto, ¿qué dice el garante del buen funcionamiento de las instituciones? ¿Qué dice el Gobierno? ¿Qué explicaciones debería dar el Fiscal General? ¿Cuál es la postura de los candidatos presidenciales? ¿Los partidos políticos? ¿La sociedad civil?
Además, en un país decente, un asunto como este recibiría más atención mediática que cualquier otro, y no sería una noticia más. Espero sinceramente que me contradigan.
¿Seguirán todos colaborando con estos ataques a los principios constitucionales más sagrados? ¿Harán la vista gorda cuando un organismo esencial para la democracia actúe con total impunidad y total desprecio por el Estado de derecho?
¿Cuánto durará esta cobardía? Creo saberlo: cuando no quede nada del edificio de Justicia y un grupo de magistrados del Ministerio Público, con la complicidad de algunos jueces, tome el control. Para entonces, será demasiado tarde.
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