Presión de Díaz al PP para recortar la jornada

Gran indignación entre las empresas por el empeño del Gobierno en lesionar sus intereses.

La ley estrella de la vicepresidenta Yolanda Díaz para esta legislatura, el recorte de la jornada laboral máxima, recibió finalmente ayer la luz verde del Consejo de Ministros después de meses de retrasos por las negociaciones para conseguir el apoyo de los aliados parlamentarios de PSOE y Sumar. Pese a la confirmación de que Junts votará en contra de esta reforma e incluso prepara una enmienda a la totalidad por considerar que sería muy dañina para las pymes, la coalición ha optado por remitir el proyecto de ley a las Cortes como forma de presión a los grupos que lo rechazan de antemano.

Al igual que ya hiciera en el pasado con otras medidas de corte social, como las subidas del salario mínimo o de las pensiones, el Gobierno pretende poner contra las cuerdas al PP, consciente de que si se abstiene para no ser señalado ante la opinión pública la norma lograría salir adelante por mayoría simple. La propia Yolanda Díaz se encargó de iniciar la campaña de presiones al partido de Alberto Núñez Feijóo, reclamándole que decida si se posicionará en favor de los 12 millones de trabajadores que, según afirmó, se beneficiarían del recorte de la jornada laboral sin ajuste de los salarios, o volverá a "maniobrar para tumbarla como hizo con la reforma laboral".

Cabe recordar que aquella norma fue aprobada por un error a la hora de votar de un diputado del PP y la polémica decisión de la entonces presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de no atender las alegaciones de los populares. A pesar de ello, los distintos portavoces del Ejecutivo no pierden ocasión de acusar a la formación que lidera Feijóo de actuar en contra de los intereses de los trabajadores, pero cuando no cuentan con el respaldo de sus aliados se permiten exigir a los populares que no bloqueen la acción gubernamental.

En este caso, y a diferencia de lo que sucedía con la reforma laboral, el recorte de la jornada pretendido por Díaz no cuenta con el aval de los agentes sociales, ni tampoco responde a una demanda social y, además, va en contra de lo que precisa una economía como la española que sufre una grave pérdida de productividad. De ahí que todas las patronales, incluso las que Moncloa considera próximas, se hayan posicionado en público contra una medida que dispararía los costes laborales de las empresas. El terco empecinamiento de PSOE y Sumar por imponerles una reforma lesiva para sus intereses y los del conjunto de la economía ha generado una profunda indignación en el sector productivo.