La UCO entra en la sede del PSOE, ADIF, el Ministerio de Transportes y la Dirección General de Carreteras

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha accedido hoy a la sede del PSOE, en la calle Ferraz, a petición del Tribunal Supremo, para clonar el correo corporativo del exsecretario de Organización del partido Santos Cerdán, investigado por adjudicaciones presuntamente irregulares.

Los agentes han acudido, además de a Ferraz, al Ministerio de Transportes y a las instalaciones de ADIF y de la Dirección General de Carreteras para requerir la información que les ha solicitado el juez del Alto Tribunal Leopoldo Puente, informa Efe a partir de fuentes próximas a la investigación.

El instructor ha autorizado hoy una serie de diligencias relacionadas con el 'caso Koldo', entre ellas la recuperación del correo corporativo de Cerdán, y en el resto de las instituciones en las que la UCO esta realizando pesquisas se buscan los contratos de posibles adjudicaciones irregulares de obra pública, informa Servimedia.

Fuentes socialistas han señalado a Europa Press que el juez ordenó al PSOE que facilite el acceso a la policía judicial y también ha reclamado al Ministerio de Transportes que aporte el correo del exministro de dicha cartera José Luis Ábalos.

No se trata de registros sino de requerimiento de información, apuntan fuentes de Efe, ya que el magistrado del Supremo, en un auto conocido este viernes, ha rechazado la petición formulada por las acusaciones populares de registrar la sede del PSOE y el despacho de Cerdán al tratarse de una medida "limitativa de derechos" que no sería útil en este momento. Fuentes de Transportes han reiterado a Efe su "máxima disposición" a colaborar con la investigación.

En un auto dictado este mismo viernes, el instructor requiere al PSOE que permita a los agentes "la entrada en sus instalaciones para proceder al acceso y grabado (clonado) de los contenidos que pudieran hallarse en la cuenta de correo electrónico corporativa" de Cerdán. Asimismo, reclama que entregue a la UCO "cualquier otra cuenta de correo que pudiera hallarse" y que haya sido "empleada exclusivamente" por el exdirigente socialista.

El magistrado ha adoptado esta decisión al haber acordado formalmente la imputación de Cerdán, que ya no goza del aforamiento tras renunciar a su escaño como diputado el pasado lunes; todo ello después de que trascendiera el contenido del informe de la UCO que le sitúa en el epicentro de una presunta trama de amaños de adjudicaciones de obra pública a cambio de comisiones.

El magistrado también requiere a Adif que envíe al Supremo -en un plazo de 15 días- documentación relativa a la adjudicación de cinco obras: una en Sant Feliú de Llobregat (Cataluña), por 51,7 millones de euros; dos en Murcia, por 158,8 millones y 121,1 millones; una en Monforte (Galicia), por 1,4 millones; y otra en Asturias, valorada en 592.053 euros.

Asimismo, reclama a la Dirección General de Carreteras que facilite documentación relativa a la adjudicación de seis obras: una en Logroño (La Rioja), por 92,4 millones de euros; una en Sevilla (Andalucía), por importe inicial de 71,4 millones que luego se amplió hasta los 102,8 millones; una en Asturias, por 7,3 millones; una en Úbeda (Andalucía), de la que no se precisa importe; una en Teruel, por 5,7 millones; y una en la autovía A-12 en el tramo entre La Rioja y Burgos, por 72,4 millones.

Se trata de las adjudicaciones señaladas por la UCO en su informe del 5 de junio. Según los agentes, dichos contratos fueron otorgados a Acciona Construcción, Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), en proyectos destinados a Andalucía, Asturias, Cataluña, Galicia, La Rioja, Región de Murcia y Teruel.

"De no encontrarse en su poder todo o parte de dicha documentación, deberá indicarse el órgano concreto en el que se hallen", explica el instructor a Adif y Carreteras.

Según precisa, dicha información "deberá ser aportada en formato digital (copia auténtica), debiendo incluirse en ella la totalidad de los informes, estudios, dictámenes, observaciones, propuestas de redacción, fuesen o no preceptivas, en forma que permitan identificar al funcionario que los emitió, así como órdenes, comunicaciones y contestaciones efectuadas por cualquier medio entre los distintos intervinientes".

Asimismo, el magistrado les reclama que aporten las actas de reuniones y el listado completo de las actuaciones con sus responsables.

La llegada de Cerdán al procedimiento tiene lugar a raíz del informe en el que la UCO sitúa a Cerdán como origen de una presunta trama de cobro de comisiones por obra pública. Según los agentes, su protagonismo varió: menguando primero, para "gestionar pagos" a Ábalos y a Koldo -solo las mordidas que habrían obtenido de Acciona ascenderían a 620.000 euros-; para finalmente volver a ascender.

La UCO llama la atención sobre "la discrecionalidad con la que se adjudicaban obras en el Ministerio de Transportes" y, en concreto, le "resulta de especial relevancia" que Ábalos ordenara a Koldo que "hablara con Santos antes de decidir nada", cuando "éste no ostentaba cargo alguno dentro del Gobierno".

En esa nueva tesitura, Cerdán habría quedado relegado a "gestionar pagos". La Guardia Civil da detalle en su informe de algunas de estas "contraprestaciones económicas". En concreto, las "dimanantes presuntamente de Acciona, percibidas por Ábalos y Koldo, y gestionadas por Cerdán, ascenderían a 620.000 euros, si bien a criterio de Koldo aún quedarían 450.000 euros pendientes de abono".

En el mismo auto, de 47 páginas, el magistrado requiere al ministro de Transportes, Óscar Puente, "para que imparta las órdenes oportunas al efecto de que se facilite a los agentes (..) el acceso y grabado (clonado) de los contenidos que pudieran hallarse en la cuenta de correo electrónico corporativa de uso personal exclusivo" de Ábalos. El instructor considera que dicha medida es "conveniente y necesaria" y no había sido acordada hasta la fecha.