España, cada vez más sola contra los centros de retorno de inmigrates

Cada varapalo en los tribunales que sufren los planes europeos para avanzar en los centros de deportaciones de migrantes es celebrado en el Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska, quien cada vez está más solo entre sus homólogos comunitarios en su firme oposición a la apertura de campos de internamiento en países fuera de la Unión Europea para enviar a los migrantes a los que se les rechaza la solicitud de protección internacional. Ante la última sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), conocida el viernes, que paraliza el modelo migratorio estrella de Giorgia Melonia –con centros construidos en Albania para encerrar a inmigrantes antes de que lleguen a Italia–, Interior aboga por dejar a un lado este tipo de “soluciones innovadoras”.

El endurecimiento de las políticas migratorias sigue sumando cada vez más adeptos, con una mayoría de gobiernos conservadores entre los Veintisiete. El último que se ha sumado es el Gobierno alemán de Friedrich Merz, canciller conservador que formó coalición con los socialdemócratas. Para su ministro del Interior, los centros de retorno representan un “enfoque innovador y absolutamente necesario”. Francia también está estudiándolo, mientras que España ni tan si quiera se abre a esto último.

Marlaska pide dejar a un lado “soluciones innovadoras” como el modelo Meloni que no dan resultados

Interior incide en la “dimensión exterior” de la inmigración, que tanto repite el ministro en las reuniones europeas en las que se están empezando a fijar en cómo España ha logrado contener la crisis de los cayucos gracias a la cooperación con Mauritania, Gambia y Senegal, destino de la minigira africana que hizo el año pasado el presidente del Gobierno para estrechar la colaboración en el control de fronteras. Marlaska, según fuentes ministeriales, ha mostrado en las últimas reuniones con sus compañeros de Interior europeos sus “serias reticencias, políticas, jurídicas, económicas y de sostenibilidad” sobre los centros de retorno a los que ningún país –por ahora– se atreve a situar en el mapa, más allá del caso de Albania.

La oposición de Gobierno central a este tipo de campos de internamiento no solo tiene que ver con el respeto a los derechos fundamentales, sino también porque no hay datos que avalen que se puedan contener los flujos migratorios gracias a este tipo de centros que denuncian todas las oenegés. Por ello, la intención del ministro en los próximos foros, según fuentes de su equipo, es seguir insistiendo en que la Unión Europea se dote “de músculo presupuestario suficiente” para aportar más ayudas materiales y de formación a las fuerzas de los terceros países encargadas de prevenir las salidas irregulares y de readmitir a los retornados –una de las tareas más complicadas del reto migratorio–.

Además, el Gobierno desplegará su diplomacia para tratar de convencer al resto de socios de que la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) debe tener presencia operativa en terceros países para desincentivar las salidas de embarcaciones. Para ello no solo es necesario el acuerdo comunitario, sino también las rúbricas bilaterales con los países de origen y tránsito. Interior apuesta por que Frontex cuente con funciones amplias que incluyan desde la vigilancia fronteriza a la formación.