México, segundo con más asesinatos de defensores
Con 32 asesinatos documentados en 2024, México fue el segundo país más letal del mundo para personas defensoras de derechos humanos, solo detrás de Colombia, que registró 157 casos, según el Global Analysis 2024/25, elaborado por la fundación internacional Front Line Defenders.
La lista de los países con más defensores ultimados la completan: Guatemala, que registró 29 casos; Palestina, con 22 registros; Brasil, con 15; Perú, con nueve asesinatos; Pakistán, con un total de siete y Somalia con seis.
El documento advierte que, en la República mexicana, la violencia, la criminalización y la falta de protección por parte del Estado continúan deteriorando gravemente las condiciones para quienes defienden los derechos colectivos, especialmente en contextos de conflicto, megaproyectos y operaciones empresariales.
Además, en el reporte se indicó que la situación es especialmente crítica para las personas defensoras indígenas, quienes enfrentan amenazas, hostigamiento y asesinatos, además de procesos judiciales arbitrarios que terminan en sentencias desproporcionadas.
“La criminalización de quienes defienden sus comunidades y territorios en México responde a una estrategia sistémica en la que el Estado, en vez de protegerlos, se alinea con intereses empresariales y criminaliza sus denuncias”, se señaló en el documento.
También, se precisó que el sistema de justicia penal mexicano está permeado por un racismo estructural que niega el enfoque intercultural y perpetúa violaciones a la identidad de los pueblos originarios.
“No solo se impide el derecho de defensa de sus territorios, sino que se rompe el tejido comunitario al encarcelar a sus líderes lejos de sus comunidades”, se apuntó en el reporte.
“La colusión entre actores estatales, empresas y el crimen organizado profundiza la violencia en regiones indígenas y rurales, donde operan actividades legales e ilegales como la minería, el tráfico de drogas, la tala o el acaparamiento de tierras”, se denunció.
Por otro lado, en el trabajo publicado, se explicó que se tienen reportes de agresiones contra quienes defienden los derechos de personas migrantes frente a redes de trata y grupos delictivos.
Sentencias y crímenes
Según Front Line Defenders, entre los casos destacados que se documentaron durante el 2024, en cuanto a sentencias desproporcionadas, se destacó el de Versaín Velasco García, defensor maya tzotzil sentenciado a 58 años de prisión en Chiapas tras denunciar abusos cometidos por fuerzas de seguridad y el crimen organizado en la comunidad Nueva Palestina.
Otro caso es el del defensor otomí Tomás Martínez Mandujano, condenado a 43 años y 9 meses de prisión por un homicidio que no cometió, tras oponerse al despojo de tierras en la comunidad de Llano Grande Azcapotzaltongo, Estado de México. Asimismo, el informe recordó que la defensora amuzga Kenia Hernández Montalván sigue presa desde 2022, cumpliendo una pena de más de 21 años por cargos fabricados relacionados con su oposición a megaproyectos estatales.
La organización detalló que otro caso más que ilustra esta dinámica fue el asesinato del sacerdote tzotzil Marcelo Pérez Pérez, ocurrido en octubre pasado en San Cristóbal de Las Casas. Se explicó que, durante más de una década, fue amenazado por denunciar la presencia de grupos criminales y proteger los derechos de los pueblos indígenas en Chiapas.
Situación global
A nivel global, 324 defensores y defensoras de derechos humanos fueron asesinados durante 2024 en 32 países.
De ellos 84.6% eran hombres (274 casos); 13.3% fueron mujeres (43 casos) y el 1.2% correspondió a personas trans o de género no conforme.
En cuanto a los autores, el 54.6% de los homicidios se atribuyen a actores no estatales, el 15.1% a actores estatales, mientras que en el 29.7% de los casos no se pudo identificar a los responsables.
El sector más atacado fue el de defensores de tierras: el 20.4% de las personas asesinadas defendían este derecho; un 17.9% luchaban por los derechos de pueblos indígenas y 5.2% documentaban violaciones a los derechos humanos en contextos de conflicto armado.
Eleconomista
