Más mossos y más juzgados: los nuevos acuerdos entre Cataluña y el Gobierno de Pedro Sánchez

Más mossos y más juzgados. Así pueden resumirse los principales acuerdos cerrados este lunes en la Comisión Bilateral Generalitat-Estado y la Comisión Mixta de Traspasos celebradas en Barcelona. Estas cumbres dan continuidad a la reunión bilateral sobre infraestructuras llevada a cabo el pasado 17 de febrero, en la que se negoció la cesión de Rodalies a la Generalitat. El próximo viernes, 28 de febrero, se producirá el último de estos encuentros, la Comisión de Asuntos Económicos y Fiscales, en la que se abordará la financiación "singular" para Cataluña.

"Ha empezado una nueva etapa de relaciones entre el Gobierno de Cataluña y el Gobierno de España. La política de colaboración debe dar mejores resultados que la política de la confrontación", ha reivindicado el conseller de Presidencia, Albert Dalmau.

En total, ambas administraciones han sellado 20 acuerdos que marcan un "tiempo nuevo" de colaboración institucional. Dalmau también ha reprochado que estos cónclaves lleven años sin celebrarse. En el caso de la Comisión de Transferencias, la cumbre no se reunía desde el año 2010.

"Plan de choque" judicial

Entre las principales medidas se halla el aumento de los Mossos d'Esquadra, que crecerá en 5.000 agentes hasta 2030 y alcanzará ese año una plantilla total de 25.000 uniformados. La previsión inicial era aumentar la dotación solo hasta 22.000 agentes.

Además, se ampliará la planta judicial catalana para "situarla en la media española de nuevos juzgados" Este promedio, según Dalmau, exigirá crear 60 juzgados cuyo principal cometido será luchar contra la multirreincidencia. Sin embargo, el Govern no ha aclarado cuántos jueces ocuparán estas salas de justicia.

Según datos oficiales, de los 137 jueces que se graduaron en la última promoción, 48 fueron destinados a Cataluña. La plantilla total de magistrados en Cataluña asciende a 851. Este "plan de choque" judicial, como lo ha definido el ministro de Política Territorial y Administración Pública, Ángel Víctor Torres, pretende dar la vuelta a la falta de togados en la comunidad.

Consorcio de inversiones

Ambas administraciones también han acordado crear un grupo de trabajo para poner en marcha este mismo año un consorcio de inversiones que pilote las grandes actuaciones públicas en Cataluña. Este consorcio, que se prevé que tenga una composición paritaria entre la Generalitat y el Estado, formaba parte de los acuerdos de investidura entre ERC y PSC.

Asimismo, se ha pactado la transferencia a la Generalitat de la competencia para nombrar secretarios interventores en los municipios. También se transferirá a la administración autonómica el canal Xerta-Sénia y una decena de obras hidráulicas como las depuradoras del Priorat, la Noguera y el Montsià.