Crisis fiscal, un flagelo que también se siente en el bolsillo de los colombianos

Colombia atraviesa una de las situaciones fiscales más complejas de los últimos años y aunque conserva su grado de inversión, el déficit, la deuda y la inestabilidad política están empezando a sentirse en el día a día de los ciudadanos y amenaza con apretones en el gasto y posible encarecimiento de los precios de bienes y servicios.

Un reciente informe de Crowe Co, elaborado por Juan Carlos Arbeláez, socio de impuestos y asuntos legales de la firma, advierte que la crisis fiscal ya no es solo una preocupación de técnicos y economistas, sino un problema con consecuencias directas sobre el costo de vida, el acceso a créditos y la continuidad de programas sociales clave.

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En primer lugar, este analista recuerda que el país cerró 2024 con un déficit fiscal del 6,8% del PIB, superando el tope legal del 5,6%; situación que fue provocada por una caída histórica en el recaudo tributario, que representó más de $18,5 billones menos que en 2023, y un aumento del gasto primario. Pese a los recortes implementados, la deuda pública escaló al 61,3% del PIB, y según Fitch, podría superar el 62% en 2026.

Ante esto, Arbeláez advierte que este panorama “afecta directamente la inversión en programas sociales e infraestructura”, y agrega que el aumento en el pago de intereses está limitando los recursos disponibles para otras prioridades, ya que “podría traducirse en recortes en subsidios y empleo, impactando directamente a los colombianos de a pie”.

Uno de los primeros sectores en sentir los efectos de esta situación fue el de la vivienda, donde el programa Mi Casa Ya, que ofrece subsidios para la adquisición de vivienda de interés social, fue suspendido a finales de 2024 por falta de recursos y aunque el Gobierno lo reactivó en marzo de este año, unos 40.500 hogares perdieron el beneficio de cobertura de tasa de interés, lo que implicó un aumento en las cuotas mensuales de hasta el 30%.

Además, se estima que unas 49.000 familias podrían desistir de comprar vivienda este año por la reducción en los subsidios, golpeando también al sector de la construcción; que lleva varios meses entre altas y bajas en el ritmo económico.

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“La educación es otro de los frentes críticos. El Icetex redujo en 40.000 los cupos de crédito educativo frente al año anterior, debido a una caída del 33% en su presupuesto, que pasó de $1,2 billones a $859.036 millones. La eliminación de los subsidios a tasas de interés ha encarecido el acceso a la educación superior, con un aumento promedio del 17% en el costo de los créditos para estudiantes vulnerables”, acotó el vocero de Crowe Co.

En este contexto, destacó que la tasa de usura, que establece el interés máximo legal para tarjetas de crédito y préstamos de libre inversión, se ubica actualmente en el 25,97%, lo cual dificulta aún más el acceso al crédito para muchas familias.

El ajuste fiscal que no llega

Según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), para cumplir con los lineamientos legales, el país necesitaría un ajuste fiscal de $46 billones en 2025, lo que equivale al 2,6% del PIB. Sin embargo, el informe considera que este escenario es poco viable dadas las restricciones actuales.

“El intento del Gobierno de aprobar una nueva reforma tributaria en 2024 fracasó, y los recortes por más de $12 billones no han sido suficientes para recuperar la estabilidad. Las principales agencias calificadoras, como Moody’s, S&P y Fitch, han cambiado la perspectiva del país de estable a negativa, una señal de alerta que podría derivar en la pérdida del grado de inversión mantenido desde 2011”, agregó Juan Carlos Arbeláez.

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Así las cosas, resalta que la solución requiere una transformación de fondo, partiendo de entender que “Colombia necesita una reforma fiscal estructural que controle el gasto, amplíe la base tributaria, elimine exenciones injustificadas y enfrente la evasión”, con el fin de generar confianza en el mercado.

Un impacto fuerte

Más allá de los números macroeconómicos, el informe insiste en que el deterioro fiscal tiene impactos reales sobre los hogares colombianos: servicios más costosos, subsidios menos accesibles y condiciones de crédito más restrictivas. En palabras del autor: “Ya no se discute si la crisis fiscal existe, sino cuánto más estamos dispuestos a esperar para corregirla”.

“Las pequeñas y medianas empresas también sufren los efectos de esta crisis fiscal. Desde la reforma tributaria de 2022, enfrentan una mayor carga tributaria, con incremento en impuestos a dividendos y una tasa mínima del 15% sobre la utilidad financiera depurada. A esto se suma la inflación, los altos intereses, y mayores anticipos y retenciones en la fuente”, resaltaron.

Adicionalmente, contaron que el acceso al crédito se ha restringido y la inversión pública ha disminuido significativamente, partiendo de centros de análisis como el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana que reporta que el presupuesto de inversión pública cayó un 33% en 2025 (de $105,8 billones a $70 billones) y entidades como la Contraloría General que también señala un recorte del 17,4%, pasando de $100 billones a $82,5 billones.Arbeláez confirma que “el Gobierno ha absorbido más crédito para cubrir su déficit, encareciendo los recursos para las empresas. De hecho, la alta tasa de intervención del Banco de la República (9,25%) y atrasos en pagos estatales están llevando a muchas Pymes al borde de la insolvencia”.

Por último destacaron que estos impactos también se sienten en el mercado laboral, donde la informalidad laboral supera el 57%, como reflejo de la contracción del mercado formal o en asuntos de inversión extranjera directa (IED) que cayó un 15,2% en 2024 frente a 2023, debido a la desconfianza generada por cambios en la política económica y la falta de claridad en el rumbo del país.