Bruselas propone reducir las obligaciones medioambientales exigidas a las empresas

Entre la incertidumbre que provocan los aranceles al acero y al aluminio aplicados por Estados Unidos o la competencia, a veces desleal, de los productos chinos baratos, la Unión Europea está dispuesta a acelerar su reconversión para convertirse en un bloque más seductor para la industria. La nueva Comisión Europea de Ursula von der Leyen quiere demostrar que ha escuchado las demandas del sector manufacturero, que protesta por unos precios energéticos por las nubes, demasiados impuestos y una burocracia que considera que ahoga a los inversores, y este miércoles llegó un enorme paquete de medidas para corregir el tiro. Entre otras cosas quiere destinar 100.000 millones de inversión para impulsar la descarbonización de las empresas, propone que los Estados miembros apliquen el tipo mínimo del 5% del IVA a la electricidad o reducir en gran medida la carga administrativa, en tres grandes planes interconectados con el mismo objetivo: modernizar la economía europea.

Para hacerlo, y aunque el Ejecutivo comunitario asegura que no renuncia a ninguno de sus objetivos climáticos, la Comisión Europea está dispuesta a recular en algunos pasos dados durante los últimos años. Porque entre las medidas presentadas este miércoles para aliviar la carga burocrática, Bruselas propone reducir las obligaciones medioambientales exigidas a las empresas. Por ejemplo, quiere que a partir de ahora solamente las que tienen más de 1.000 empleados estén obligadas a informar sobre su impacto en el medioambiente y los derechos humanos. Un paso atrás, ya que en la actualidad, las normas se aplican a las empresas con más de 250 trabajadores. Según los datos comunitarios, el cambio liberaría de estas obligaciones a 40.000 empresas, es decir, el 80% de todas las compañías a las que se aplicaba inicialmente la política. No solo esto, sino que el Ejecutivo comunitaria también plantea suavizar las multas mínimas para las compañías que no rebajen su huella de carbono. Se trata de un cambio en la directiva que exigía a las empresas identificar y mitigar su impacto sobre la sosteniblidad ambiental o social, incluidos los derechos humanos, así como el impacto que tengan las firmas de su cadena de suministros aun cuando estén fuera de la UE. Ahora, Bruselas suprime el umbral que pedía que las sanciones mínimas en caso de incumplimiento fuesen de al menos el 5% de la facturación anual de la empresa. Esto, según fuentes comunitarias, había creado “mucho nerviosismo en la industria”.

Frente a EE.UU. y China El comisario Dombrovskis avisa que la alternativa es “ceder terreno” con valores distintos a los europeos

En total, estas primeras medidas contra la burocracia –seguirán otros paquetes en los próximos meses– permitirán ahorrar hasta 6.300 millones de euros en cargos administrativos a las empresas, según el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, que justifica la desregulación por la necesidad de ver el “cuadro general”. “Esta semana hemos visto a un viejo socio estratégico (EE.UU.) votar en contra de una resolución de la ONU que condena la agresión de Rusia contra Ucrania. Debemos tratar estos acontecimientos como una llamada a la acción. Las libertades que disfrutamos y apreciamos ya no pueden darse por sentadas en este mundo complejo y más conflictivo”, aseguró el político letón. “La alternativa –a esta reducción de la carga administrativa– sería retroceder y ceder terreno a competidores que no comparten necesariamente nuestros valores o métodos de trabajo”.

La bicicleta tiene que pedalear, cree el Ejecutivo comunitario, porque si se para EE.UU. o China la echarán por el suelo. A la vez que el paquete antiburocrático, la Comisión Europea ha presentado el Clean Industrial Deal (Pacto Industrial Limpio), que pretende apoyar a dos sectores clave: las industrias de alto consumo energético y el sector de las tecnologías limpias. La idea es revitalizar las empresas manufactureras europeas a la vez que reducen su huella de carbono para lo que, según los datos comunitarios, movilizará 100.000 millones de euros. A la vez, se pone sobre la mesa un nuevo marco de ayudas nacionales más significado para la industria limpia que permita apoyar la fabricación de tecnologías verdes, como las baterías, o ayude a las empresas contaminantes a reducir sus emisiones.

“El mundo cambia rápidamente. Y nosotros también debemos hacerlo. Nuestra prosperidad y seguridad dependen de ello. Nuestra visión es que Europa lidere como potencia de fabricación limpia", aseguró la vicepresidenta comunitaria Teresa Ribera, comisaria de Competencia y Transición Limpia, protagonista en este esfuerzo comunitario.

Todo sigue al informe sobre competitividad que Ursula von der Leyen encargó a Mario Draghi, y que pedía inversiones masivas por parte de Europa para jugar en la misma liga que China o Estados Unidos. Pero uno de los mayores problemas que afronta la industria europea son unos costes energéticos drásticamente más elevados que los de sus competidores. Los precios de la energía en Europa doblan los que se pagaban antes de la pandemia o de la guerra en Ucrania. Los del gas, en concreto, son cuatro o cinco veces mayores que en Estados Unidos. Son diferencias importantes que tienen un impacto en la economía europea como conjunto, pero particularmente en la industria de alto consumo energético.

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Corregir el tiro es urgente, sobre todo porque las carencias son estructurales. Europa todavía confía demasiado en energías fósiles importadas, lo que la hace más vulnerable a la incertidumbre del mercado mundial, a la presión extranjera y geopolítica y provoca más volatilidad en los precios. Además, la falta de una integración plena en el sistema eléctrico. Queda camino por recorrer en materia de interconexiones, infraestructuras de red, integración de sistemas energéticos y flexibilidad de los sistemas para seguir ampliando la integración de fuentes de energía más baratas y limpias, considera el Ejecutivo comunitario. Los crecientes costes del sistema, de las tarifas de red y los impuestos y gravámenes, hacen subir todavía más los costes de la electricidad y constituyen una parte sustancial de la factura energética. Por eso, la Comisión Europea pide a los países que bajen los impuestos energéticos, entre ellos aplicar el tipo mínimo del 5% del IVA a la electricidad.