Soberanía obsoleta

Su reinado consiste solamente en reunirse un rato todos los días y conjugar por el verbo: Yo soy soberano, tú eres soberano, nosotros somos soberanos. Pobres y cándidos reyes… cómo trastorna una ilusión.

Juan Rico Amat

Para el jurista Reynaldo Reyes Rosas con admiración y solidaridad.

La abstracción jurídico-política del concepto de soberanía es una reliquia inútil en el siglo XXI. Querer escudarse en ella sólo provoca desaliento y precariedad de liderazgo. Son señales de debilidad e ilegitimidad. Al repasar los discursos de los gobernantes se puede confirmar que ha sido desechada, ya no dice nada.

En términos muy simples, soberanía significa concentración de poder. Sus raíces etimológicas son super omnia: sobre todos. Sustituye a la auctoritas y a la mayestas de Grecia y Roma. Su “poder de mando, poder absoluto, poder indivisible”. Su autor, Jean Bodin, concibió el concepto en 1576 en Los seis libros de la República con el propósito de consolidar el absolutismo francés y español. Eran los reinados de Enrique III y Felipe II, quienes se confrontaban con los señores feudales y el poder de la Iglesia. Con todo, Bodin era un fervoroso creyente del derecho eterno al cual el gobernante debía someterse. Eran los prolegómenos en la formación de los Estados nacionales europeos.

En 1648 se termina la guerra y se firma la Paz de Westfalia, documento emanado del primer congreso diplomático moderno y origen de la teoría política generadora de los conceptos fundamentales. Ahí surgen los pensadores que, recogiendo las tesis de los derechos humanos, hablan de un derecho internacional.

Locke, a la caída de Jacobo II de Inglaterra (1689), marca el inicio de la división de Poderes y de la asamblea parlamentaria. En 1776, Rousseau incorpora un elemento más, “la voluntad general”, y empieza a hablar de la “soberanía popular”. Este ejercicio audaz y arbitrario culmina en Prusia cuando Federico II escribe en 1739 su Antimaquiavelo y, asesorado por Voltaire, fija las bases de lo que en el siglo XIX se llamaría “Estado de derecho”.

Hermann Heller, gran teórico político, escribió un voluminoso texto sobre la evolución del término. Interpretándose, podríamos percibir su evolución y sus elementos:

1. La necesidad de una fuerza reconocida como suprema para organizar a la sociedad y darle forma al Estado.

2. La limitación de sus atribuciones para que alcance su fin último: el bien común.

3. El sustento de legitimidad que se obtiene con el apego a la legalidad.

4. Con la creación de la Sociedad de Naciones (1919), se da su entreveramiento con el derecho de otras naciones.

5. Su justificación se obtiene con la participación ciudadana.

En México, la palabreja nos atrapó desde el inicio de nuestra vida independiente. En el siglo XX, grotescamente empezamos a hablar de soberanía energética y alimentaria. La confundieron con autosuficiencia y autarquía. Hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum la utiliza sin recato alguno y cayendo en espantosas incongruencias sin entender que la amenaza mayor a la mentada soberanía no viene del exterior, sino del interior, mermando cada vez más su propia jerarquía.

Que yo recuerde, el Ejecutivo federal nunca se había debilitado tanto apenas en el quinto mes de gobierno. El gran peligro es la anarquía y la descomposición social. No hay un solo frente que no esté desafiado. Al ignorar esta grave crisis, oculta por la abyecta sumisión de sus funcionarios y por la nefasta influencia de su antecesor, hay señales claras del deterioro de la estabilidad política y la gobernabilidad.

Urge el reconocimiento de nuestra realidad para asumir el papel y las tareas que corresponden a la Presidencia de la República. Esto es, acatar el mandato ciudadano. Seguir presumiendo un apoyo popular artificial y encabezando inútiles y dañinos cambios es una actitud suicida de la que todos pagaremos las consecuencias.