El Gobierno impugna la ley toscana sobre el final de la vida, pero aún falta una ley nacional

El Gobierno, durante el Consejo de Ministros reunido esta tarde en el Palacio Chigi, ha decidido impugnar la ley de la Región Toscana sobre el final de la vida. Así se conoció al final de la reunión del Consejo de Ministros.

Con la sentencia de 2019, confirmada posteriormente con otra de 2024, el Tribunal Constitucional ha otorgado efectivamente a las regiones la posibilidad de regular el uso del suicidio asistido, dentro de los límites de lo previsto en la propia sentencia y sujeta a la aprobación de una ley estatal, ley que todavía falta.

Hubo tiempo hasta el 17 de mayo para impugnar la ley regional toscana sobre el final de la vida. Las resoluciones de Emilia Romagna ya habían sido suspendidas, siempre sobre el mismo tema. Tras semanas de estancamiento, se reanuda el trabajo sobre un nuevo texto básico para una ley nacional.

Hace dos meses, una primera apertura en el Senado, con dos hipótesis de definición, sobre el fin de la vida y sobre la inviolabilidad del derecho a la vida. El miércoles, el senador demócrata Alfredo Bazoli volvió a pedir en la Cámara la programación de la medida. En las próximas semanas se presentará un nuevo texto base, que será el punto de partida para la comparación entre los grupos y para nuevas enmiendas. “Ante la inminente promulgación de leyes regionales y la decisión del TAR, el Parlamento debe intervenir con cierta urgencia”, afirmó uno de los portavoces de Forza Italia, Pierantonio Zanettin, quien afirmó que “es el momento oportuno para iniciar un proceso”.

Según la ley autonómica, “ pueden acceder a los procedimientos relativos al suicidio médicamente asistido las personas que cumplan los requisitos señalados en las sentencias del Tribunal Constitucional 242/2019 y 135/2024” . Según las dos sentencias del Tribunal Constitucional, el suicidio asistido es posible cuando la patología es irreversible, la persona experimenta un sufrimiento físico o psíquico que considera intolerable, existe una situación de dependencia de tratamientos de soporte vital y el paciente tiene capacidad para tomar decisiones libres y conscientes.

La ley establece además que, en los 15 días siguientes a su entrada en vigor, las autoridades sanitarias locales "establecerán una comisión multidisciplinaria permanente para verificar la existencia de los requisitos". La Comisión, identificada de forma voluntaria, estará integrada por un médico paliativo, es decir especializado en cuidados paliativos, un psiquiatra y un anestesista, un psicólogo, un médico forense y un enfermero, así como un médico especialista en la patología que padece la persona que solicita el suicidio médicamente asistido.

Para acceder a la práctica, la persona interesada deberá presentar una solicitud ante la autoridad sanitaria local para verificar los requisitos, acompañada de la documentación sanitaria. La autoridad sanitaria local envía luego la solicitud a la Comisión y al Comité de Ética de la clínica. El procedimiento de verificación de requisitos deberá concluirse dentro de los veinte días siguientes a la presentación de la solicitud. A continuación, la Comisión verifica que el paciente haya recibido información adecuada sobre la posibilidad de acceder a un programa de cuidados paliativos y, si el solicitante confirma su intención, la Comisión examina la documentación. Tras haber solicitado al Comité dictamen sobre los aspectos éticos del caso en cuestión, elabora el informe final y la autoridad sanitaria comunica los resultados de la evaluación al interesado.