Así quiere Europa salir de la Convención de Ginebra

La Comisión Europea ha presentado una propuesta (Bruselas, 20.5.2025 COM (2025) 259) para modificar el Reglamento (UE) 2024 n. 1348 sobre procedimientos de asilo (que se aplicará a partir de junio de 2026) con el objetivo de intervenir sobre el concepto de tercer país seguro. Incluso aquellos que no siguen de cerca la ley de asilo han comenzado a familiarizarse con la controvertida noción de un país de origen seguro, pero ¿qué es la noción de un tercer país seguro?

Se trata de un país que no es el país de origen del solicitante de asilo, ni siquiera el país de la UE en el que se solicita el asilo, sino un tercer país en el que no se aplica el derecho europeo de asilo y que puede considerarse un lugar seguro para el solicitante (art. 59 del Reglamento de Procedimientos) o un país en el que la persona no corre riesgo de sufrir persecución o daños graves y en el que puede solicitar y disfrutar de una protección definitiva «efectiva» tal y como se define en el artículo 59 del Reglamento de Procedimientos. Según ella, se considera que un tercer país garantiza una protección efectiva si "ha ratificado y cumple la Convención de Ginebra dentro de los límites de las excepciones o limitaciones previstas por ese tercer país, autorizadas por la Convención" (manteniendo por tanto también la limitación geográfica). De este modo, también desaparece mediante un ingenioso truco la referencia a la noción de protección contra las consecuencias de los conflictos armados, piedra angular del Derecho europeo.

¿Por qué se introdujo el concepto de tercer país seguro y cuál es su relevancia en relación con las obligaciones de asilo de la Unión y sus Estados miembros? El motivo de esta elección está relacionado con el hecho de que el Reglamento de Procedimiento prevé que la solicitud de asilo presentada a un Estado miembro puede ser declarada inadmisible (y, por tanto, ni siquiera examinada en cuanto al fondo) si la persona que solicita protección « tiene una conexión con el tercer país en cuestión en virtud de la cual sería razonable que se desplazara allí » (art. 59, apartado 5, letra b). Cualquiera puede observar inmediatamente que nos encontramos ante un concepto muy escurridizo desde el punto de vista jurídico porque es extremadamente vago y ambiguo, es decir, carece del principio de certeza que siempre debe tener una norma. El concepto de tercer país seguro es, pues, ya en la legislación actual, extremadamente problemático porque puede funcionar como un instrumento con el que los Estados europeos pueden eludir la obligación de examinar las solicitudes de asilo que les presenta un extranjero.

Llamo la atención sobre el hecho de que el derecho de asilo se materializa en primer lugar en el derecho a solicitarlo, en la frontera, en las aguas territoriales, en las zonas de tránsito, en el territorio. En otras palabras, consiste fundamentalmente en el derecho a acceder al procedimiento que conducirá (o no) al reconocimiento de la solicitud de protección. Si no existe un derecho de acceso y una consiguiente obligación de examinar esa solicitud, el derecho de asilo no existe en su raíz. Debido a su nivel irremediable de incertidumbre, creo que se debería abolir el concepto de tercer país seguro. Si, por el contrario, se desea salvarla, la noción de vínculo entre el solicitante y el tercer país debe ser extremadamente restrictiva y excluir cualquier arbitrariedad, de modo que sea estricta la razón por la cual el tercer país involucrado tiene el deber de asegurar la protección precisamente a aquel solicitante que ha decidido en cambio pedirla a un país europeo.

La Comisión Europea, presionada por un clima político cada día más exasperado en cuestiones migratorias y donde parece estar en curso una competencia de extremismos, ha propuesto en cambio una enmienda que va en la dirección opuesta. Español Se modifica el texto del artículo 59, apartado 5, del Reglamento mencionado para establecer que un tercer país puede considerarse seguro si se cumple una de las condiciones siguientes: 1) existe un vínculo entre el solicitante y el tercer país en cuestión, sobre cuya base sería razonable que viajara a dicho país; 2) el solicitante haya transitado por el tercer país en cuestión; 3) exista un acuerdo o convenio con el tercer país de que se trate que exija el examen del fondo de las solicitudes de protección efectiva presentadas por solicitantes sujetos a dicho acuerdo o convenio. La primera condición es una mera repetición de la legislación existente y, por tanto, no contribuye a dar mayor rigor jurídico a la propuesta. La segunda condición presupone la existencia de un vínculo entre el solicitante y el tercer país por el mero hecho de haber transitado por ese país, incluso si la persona no tiene ningún vínculo con él. En los considerandos de la propuesta de reforma, la Comisión escribe, de hecho, que el vínculo existe "ya que es razonable esperar que una persona que busca protección internacional haya solicitado protección en un tercer país seguro por el que haya transitado. El tránsito previo en un tercer país seguro establece un vínculo objetivo entre el solicitante y el tercer país en cuestión".

He leído la frase anterior con consternación docenas de veces porque supone un desafío audaz a la lógica. Nada vincula al solicitante con los terceros países que solo ha atravesado físicamente (¿de qué otra manera podemos identificar entre los diversos países atravesados ​​el elegido para convertirse en el país al que el solicitante será devuelto? ¿Con el vínculo objetivo de un sorteo?), mientras que afirmar que podría haber presentado la solicitud de asilo en esos países equivale a sostener que la Unión Europea solo se ocupa de las solicitudes de asilo de quienes huyen de los países vecinos o llegan a Europa en avión (pero obviamente solo en el caso en que el solicitante salga cómodamente del país en el que sufre persecución, saludando afectuosamente a los responsables de la misma). Los menores extranjeros no acompañados también estarían sujetos a un retorno forzado al tercer país seguro que están cruzando, aunque, según afirma afortunadamente el texto, solo después de una evaluación cuidadosa de si esto es lo mejor para ellos. Querer introducir una disposición de este tipo equivale en el fondo a eliminar el derecho de asilo en Europa y, al mismo tiempo, exigir que se respete estrictamente en el resto del mundo.

La tercera hipótesis contemplada en la propuesta de la Comisión se basa en la misma distorsión jurídica radical, a saber, la existencia de un acuerdo o entendimiento entre el tercer país y el país europeo por el cual el tercer país se compromete a examinar las solicitudes de asilo de los solicitantes de asilo mientras que el país europeo se exime de toda responsabilidad. Si esto no supone una salida europea de la Convención de Ginebra, estamos muy cerca de ello. Un caso comparable en muchos aspectos al que hoy propone la Comisión no es el modelo Italia-Albania, terrible en muchos aspectos pero que prevé el mantenimiento de la jurisdicción italiana en el examen de las solicitudes, sino el vergonzoso experimento que fue el Memorándum entre el Reino Unido y Ruanda. Con este memorándum, el Reino Unido habría vendido a los solicitantes de asilo llegados a las costas inglesas a un tercer país, Ruanda , que habría asumido la jurisdicción sobre el examen de las solicitudes de asilo que habría sido responsabilidad de Gran Bretaña . El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados se expresó claramente en su momento sobre este Memorándum (que fue definitivamente considerado ilegítimo por la Corte Suprema del Reino Unido el 15 de noviembre de 2023 ), destacando cómo la previsión de un procedimiento sistemático para transferir la responsabilidad a otros Estados " sigue en conflicto con el espíritu y la letra de la Convención sobre los Refugiados" (ACNUR, Análisis de la legalidad y la idoneidad del traslado de solicitantes de asilo en el marco del acuerdo entre el Reino Unido y Ruanda: una actualización, 15 de enero de 2024).

Hoy en día, la Comisión adopta en esencia el mismo enfoque, ya que, tal como están formuladas, las hipótesis que legitimarían la devolución a países terceros de la competencia para examinar las solicitudes de asilo en Europa serían tan amplias que presentarían las características de una situación generalizada y sistemática. ¿Podrá el Parlamento Europeo, y en particular el grupo S&D (Socialistas y Demócratas) que apoya a la actual Comisión, repudiar unánimemente, sin distinciones ni vacilaciones en las delegaciones nacionales, la increíble propuesta de la Comisión de vender solicitantes de asilo a los países más dispares del mundo en una especie de mercado global de seres humanos? ¿Tendremos todos la capacidad de comprender el nivel de extremismo al que se ha llegado y darnos cuenta de que debemos volver atrás lo antes posible?

DE

Gianfranco Schiavone