Ley Duplomb: el veneno y el antídoto
El civismo de una estudiante que inició la petición contra la Ley Duplomb ha logrado revolucionar la agenda política. Su enfoque de interés público es un antídoto contra la legislación tóxica adoptada tras un golpe de Estado, resultado de un odioso acuerdo entre la minoría presidencial, los republicanos, y la extrema derecha.
A pesar de la oposición generalizada de la izquierda y los ambientalistas, así como de la sociedad civil, médicos, científicos y ONG, sus defensores creían que el asunto estaba zanjado. Como si la reintroducción de los neonicotinoides mortales no fuera un problema de salud pública.
El éxito de la petición dice mucho sobre las preocupaciones de los consumidores, preocupados por el acceso a alimentos saludables y la preservación del medio ambiente. Estas preocupaciones contradicen los intereses de los agroindustriales y sus simpatizantes en el Palacio Borbón, quienes serán los principales beneficiarios de esta ley ecocida, una copia exacta de la "Emprendimiento para la Agricultura" promovida por la FNSEA (Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores Franceses). " La oposición permanente entre producción y medio ambiente es insostenible para nuestro país ", intenta explicar su presidente y empresario Arnaud Rousseau , cuyo sindicato se escuda en la competitividad europea y la existencia de fumigaciones nocivas en nuestros países vecinos para justificar la autorización de pesticidas cancerígenos, cuyas primeras víctimas serán los agricultores. Para ellos, el principio de precaución no existe.
El gobierno asume sus responsabilidades tras haber aprobado una ley que no elimina las restricciones al ejercicio de la profesión agrícola y olvida lo esencial: la remuneración de quienes trabajan la tierra y la respetan, lejos del espíritu de la agricultura extensiva. Ha dado vía libre a un productivismo desmesurado, un envenenamiento generalizado. El presidente de la Asamblea Nacional considera acertado especificar que el debate previsto para otoño no puede, en ningún caso, revisar la ley aprobada. Una forma de abreviar. Esta última desautorización ciudadana debería, no obstante, animar a las autoridades a revisar su texto para garantizar una soberanía alimentaria respetuosa con los seres humanos y el planeta. A la espera de la decisión del Consejo Constitucional, controlado por los partidos de izquierda, que debe pronunciarse sobre este texto tóxico en agosto.
L'Humanité
