El Gobierno pide a Airbnb que elimine 65.000 anuncios

El Gobierno español ha pedido a Airbnb que elimine más de 65.000 anuncios de alojamientos turísticos de su plataforma, alegando que violan la ley sobre publicidad de este tipo de alojamientos, anunció este lunes el Ministerio de Consumo. El Ministerio ordenó "a la filial de esta multinacional en Irlanda retirar un total de 65.935 anuncios considerados ilegales", indicó la Dirección General de Consumo (DGC) en un comunicado de prensa.

En los últimos meses, la DGC ha enviado tres notificaciones a Airbnb, informándole de que debe desactivar unos 65.000 anuncios de viviendas enteras en varias regiones españolas. Estos anuncios, según el Ministerio de Consumo, son ilegales porque no mencionan el número de licencia de vivienda ni especifican la naturaleza jurídica de los propietarios (público o privado), como exige la ley.

La compañía decidió recurrir ante los tribunales, pero una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio la razón al Ministerio, obligando a su vez a Airbnb a "eliminar de forma inmediata 5.800 anuncios de alojamientos turísticos", lo que supone "una primera tanda" de propiedades afectadas, según el Ministerio.

Tras esta primera decisión favorable, el ministerio intensificó la presión para intentar "poner fin al caos y a la ilegalidad generalizada del alojamiento turístico, con el fin de favorecer el acceso a la vivienda y proteger los derechos de los consumidores", continúa el comunicado de la DGC.

Al no atender estas diversas solicitudes de conformidad, el Gobierno español abrió en diciembre un procedimiento administrativo contra Airbnb. Otras organizaciones de alquiler de alojamientos turísticos también están sujetas a procedimientos similares.

Las críticas a las entidades gestoras de alojamientos turísticos han aumentado en los últimos meses en España, el segundo destino turístico más popular del mundo después de Francia. Se les acusa de alimentar el aumento de los precios de los alquileres en las principales ciudades y de reducir la cantidad de viviendas disponibles para los residentes.

En un intento de apaciguar la ira de los residentes de Barcelona, ​​el ayuntamiento de la ciudad nororiental anunció el año pasado su intención de revocar las licencias de casi 10.000 apartamentos turísticos en la ciudad para finales de 2028. En Málaga, en el sur de España, el municipio ha prohibido nuevos alquileres vacacionales en 43 barrios de la ciudad.