'Si los decretos de Minsalud violan la Constitución o la ley, deben ser demandados y anulados': Acemi

Con dichas normativas, el Gobierno buscaría hacer cambios en la asignación y manejo de la UPC y el rol que tienen las EPS en el sistema con la implementación de un ‘Modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo’. Básicamente, implementar por decreto algunos de los cambios que estaban dentro del texto de reforma.

Sin embargo, para Acemi, gremio de las EPS, varios de los artículos que conforman esa última propuesta de normativa violarían la ley e irían en contra de lo que establece la Constitución y el marco normativo del sistema de salud. Según explicó la presidenta de Acemi, Ana María Vesga, el próximo 10 de mayo presentarán varias observaciones ante el Minsalud, por las irregularidades jurídicas que tendría el texto.

En entrevista con EL TIEMPO, la jefa del gremio de las EPS, señaló que “si los decretos del Ministerio de Salud contravienen la constitución y la ley” el camino es que sean demandados y se caigan. De acuerdo con ella, si bien es cierto que cada Gobierno establece su modelo de salud, en el caso del actual lo que se está planteando es abiertamente contranormativo.

Vesga también destacó que las mesas técnicas sobre la UPC, ordenadas por la Corte Constitucional, si bien entregaron la información necesaria que demuestra que hoy no se están girando suficientes recursos al sistema, y que es eso lo que está causando la crisis, en su concepto hubo varios factores que afectaron la discusión, como la falta de información de las EPS intervenidas (que cobijan al 60 por ciento de los usuarios) o la metodología definida por el Ministerio de Salud para presentar los datos.

Hoy el 80 por ciento de los recursos en la mayoría de las EPS se giran a través del mecanismo de giro directo. Como hemos advertido siempre, este mecanismo implica que los dineros no llegan a las EPS y son girados directamente por Adres, pero no resuelve las dificultades financieras que tiene el sistema por cuenta de la insuficiencia de los recursos.

Ahora bien, se ha presentado también un problema en la implementación de ese giro directo que ahora se quiere llevar al 90 por ciento y es la demora en la facturación por parte de clínicas y hospitales, ocasionada por la entrada en vigencia de la factura electrónica así como de los RIPS (Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud) . Esto dificulta a su vez que las EPS postulen los pagos para el giro directo por parte de Adres. Es necesario resolver las dificultades del modelo operativo entre el Ministerio y los Prestadores para asegurar que los recursos fluyan sin inconveniente.

Totalmente. Las dificultades en el flujo de recursos del sector se traducen en barreras para los usuarios. Lo estamos viendo en el tema de medicamentos y por supuesto en los demás servicios que demanda la población.

Evidentemente la insuficiencia de los recursos y ahí tenemos que hablar de siniestralidad. Lo reconoce la Supersalud en sus cálculos sobre 2024: el gasto en salud excede en cerca del 9 por ciento los ingresos por UPC. Ese rezago, que se ha venido acumulando principalmente después de la pandemia y que hemos estimado en más de 20 billones de pesos, es dinero que se le debe al sistema y está representado en la cartera con clínicas, hospitales, proveedores, y que ha erosionado los patrimonios de las EPS. Por esa misma razón no se ha cumplido con las reservas técnicas, el dinero no alcanza.

Hay que decir que todos los gobiernos han diseñado un modelo de salud para el país. Es de cierta manera la materialización de la visión propia sobre el sistema que llega cada cuatro años. Por eso y lo dijimos cuando se empezó a discutir la reforma a la salud: este gobierno podía haber implementado muchos de los cambios al modelo actual a través de decretos.

Ahora bien, ese modelo o ese diseño de sistema, tiene que ajustarse a la Ley. En el caso del decreto que está en consulta pública esta semana estamos advirtiendo que hay varias disposiciones que contravienen la legislación en materia de salud: no pueden modificarse por decreto las competencias de las EPS, ni el ordenamiento del territorio, como tampoco pueden crearse por decreto instancias de participación ciudadana o entregar a la Superintendencia de Salud competencias que exceden lo que se le otorgó por ley.

Vemos esencialmente un exceso de la facultad reglamentaria en la propuesta del Ministerio. En ese sentido participaremos en la consulta pública y esperamos que con buen juicio el Ministerio atienda estas observaciones que son en algunos casos por inconstitucionalidad, en otros por ilegalidad.

Sería crítico para el sistema, en un momento de crisis como el que atraviesa, que además se instaurara un modelo y se hicieran unos cambios que luego tuvieran que ser revertidos como sucedió con los decretos de la emergencia en La Guajira.

Muchos. Principalmente para los usuarios. Se releva a las EPS de roles que le son propios hoy por ley: conformar la red, agenciar a los usuarios a través de la misma.

El rol del CRUE en el modelo de salud planteado lo convierte en la “torre de control” del sistema. Lo que hacen hoy varias EPS en un mismo territorio para organizar el tránsito de los pacientes por la red ahora lo hará el CRUE. Esas capacidades hay que desarrollarlas pero antes que eso: este es un rol asignado a las EPS bajo la legislación actual.

Claro que sí. Si los decretos contravienen la constitución y la ley, ese es el camino.

El cronograma se cumplió la semana pasada con la última mesa. Hicimos muchas observaciones a la forma como se adelantaron: la conformación y participación en las mesas así como la metodología utilizada. Era imposible llevar a cabo un ejercicio técnico a profundidad bajo el método elegido por el Ministerio. Desde Acemi llevamos y allegamos la información de nuestras EPS y los análisis sobre frecuencias, severidad, siniestralidad, el efecto de las inclusiones en el PBS y las dificultades técnicas en los ajustes de la UPC.

Vemos dos grandes problemas: no hay una correcta estandarización de la información ni en el reporte ni en el análisis, es decir se comparan peras con guayabas. Eso afecta el dato y genera discrecionalidad también. Se está eliminando la información del sistema sin mayor sustento y obviamente cada registro que se elimina es gasto que se elimina del cálculo. Eso explica la subestimación de la UPC los últimos años.

El otro problema grande y grave es que no hay información de las EPS intervenidas y estas representan más del 60 por ciento de la población. No vemos cómo puede hacerse un cálculo preciso con ese defecto.

El Ministerio tiene enorme responsabilidad en la rectoría de la información del sistema. En estandarizar el reporte, acompañar a los agentes, contrastar información y buscar la mejora continua en ese proceso. El cálculo de la UPC es la decisión más importante para el financiamiento del sistema.

Hay que recordar que la información que allegan las EPS es la que reciben de clínicas y hospitales. Si ese reporte no está bien, si tiene inconsistencias, afecta la calidad del mismo. Esta es una responsabilidad conjunta. No obstante lo que hemos observado es que el Ministerio afirma que las EPS no entregan información o entregan mala información y la consecuencia es castigar al sistema y a los usuarios con una UPC subestimada.

Lo que debe hacer el Ministerio como responsable del proceso es llamar a todos los agentes que tienen obligación sobre el reporte: EPS, prestadores, proveedores y contrastar y retroalimentar y repito: orientar la mejora del proceso. Eso es ejercer la rectoría. Creemos que con la información que entregamos en las mesas el Ministerio tiene elementos suficientes para revisar la forma como ha hecho el cálculo. El sistema necesita más recursos, esto es independiente del debate político o la visión del sistema.

Periodista de Medioambiente y Salud