Suprema Corte pospone discusión sobre Prisión Preventiva Oficiosa en México
El 15 de julio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició su último receso anual bajo la presidencia de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien concluirá su gestión el próximo 12 de agosto de 2025. Este periodo de transición se produce en un contexto clave: el arribo de una nueva integración de la Corte, la primera conformada por voto popular, que asumirá funciones a partir del 1 de septiembre de 2025.
Sin embargo, el inicio del receso judicial llegó acompañado de una noticia que ha generado inconformidad entre sectores sociales y de derechos humanos: la SCJN no discutirá la constitucionalidad de la Prisión Preventiva Oficiosa (PPO) antes de este relevo histórico. Este asunto, considerado por muchos como una deuda pendiente del sistema judicial mexicano, ha sido nuevamente postergado.
La Prisión Preventiva Oficiosa es una figura legal que permite a las autoridades encarcelar a una persona sin juicio previo, siempre que esté acusada de ciertos delitos considerados graves, como secuestro, delincuencia organizada o delitos contra la seguridad nacional. A diferencia de la prisión preventiva justificada, en la que un juez debe valorar caso por caso, en la PPO la detención se aplica de forma automática, sin que exista un análisis de riesgo o proporcionalidad.
Críticos de esta figura —incluidos organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)— señalan que contradice principios fundamentales como la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho a la libertad personal. También se ha documentado que ha sido aplicada de forma discrecional y abusiva, especialmente contra personas en situación de vulnerabilidad.
En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, el ministro Javier Laynez Potisek explicó que el tema de la PPO no será discutido durante las dos sesiones restantes del Pleno, programadas para los días 6 y 12 de agosto. “No hay espacio para votar un asunto de esta manera… a la carrera”, señaló, refiriéndose a la complejidad del tema y la necesidad de un análisis profundo.
El ministro también argumentó que la decisión de aplazar el debate obedece a que este asunto requiere ser abordado de forma conjunta con dos proyectos distintos: uno elaborado por la ministra Margarita Ríos Farjat, y otro derivado del cumplimiento de una sentencia de la CIDH. Ambos documentos, dijo, ofrecen soluciones distintas que deben ser analizadas con detenimiento por la próxima integración de la SCJN.
La SCJN también dejará sin resolver otros asuntos relevantes, como el caso del software de espionaje Pegasus o la discusión sobre la “convencionalidad” de figuras legales como la PPO. En palabras del ministro Laynez, estos temas han quedado en lista de espera y su análisis corresponderá a los nueve ministros y ministras que conformarán la nueva Corte a partir de septiembre.
Este aplazamiento ha sido visto con preocupación por activistas y expertos, quienes esperaban que la actual integración del máximo tribunal se pronunciara sobre estas prácticas antes de concluir su mandato.
Diversos colectivos, organizaciones de derechos humanos y juristas han expresado su preocupación ante la falta de decisión por parte de la SCJN, especialmente en un tema que impacta directamente en la libertad de miles de personas encarceladas sin sentencia.
“La Corte perdió una oportunidad histórica para consolidar el principio de presunción de inocencia en México”, señaló un comunicado emitido por el colectivo #SinPPO, que promueve la eliminación de esta figura del sistema penal.
También se ha planteado que la decisión podría obedecer a motivos políticos, en un momento donde las instituciones están siendo rediseñadas de cara al nuevo modelo de justicia constitucional que propone la reforma judicial impulsada por el Ejecutivo.
Aunque la decisión de aplazar el análisis sobre la Prisión Preventiva Oficiosa ha generado frustración, también abre una puerta para que la nueva SCJN, que se estrenará en septiembre, lo aborde con un enfoque renovado y, posiblemente, con mayor legitimidad social al ser producto de elección popular.
Se espera que los próximos ministros y ministras tengan entre sus primeras tareas el análisis de este tipo de figuras legales que han sido objeto de sentencias internacionales, cuestionamientos académicos y exigencias ciudadanas.
La Verdad Yucatán
