Ley de Agua de NL: Las Claves que Apuntan a Privatización y Tarifazos
En medio de la peor crisis hídrica de su historia reciente, el Congreso de Nuevo León aprobó una reforma a la Ley de Agua Potable y Saneamiento. Presentada como una modernización, sus artículos clave han desatado el temor de una privatización encubierta y futuros tarifazos.
Detrás de las masivas protestas por la escasez de agua en Monterrey yace un documento legal que se ha convertido en el epicentro de la controversia: la reformada Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo León. Aunque su texto es complejo, un análisis detallado de sus artículos revela por qué ha generado tanto recelo y se ha convertido en el combustible del descontento social y político.
La ley, cuya última reforma data de octubre de 2023, establece un nuevo marco para la gestión del agua en el estado, y son precisamente sus puntos más ambiguos los que han encendido las alarmas.
La Clave 1: La «Participación Privada» (Artículo 13)
El Artículo 13 de la ley es quizás el más polémico. Establece que las autoridades podrán «Celebrar con los particulares contratos de obra pública y servicios con la modalidad de inversión recuperable para la construcción, equipamiento y operación de infraestructura hidráulica».
¿Qué significa esto en la práctica?
Abre la puerta para que empresas privadas no solo construyan, sino que también operen partes del sistema de agua potable y saneamiento. Para los críticos, esta es la definición de una privatización por partes. Argumentan que, aunque el servicio siga siendo nominalmente público, la gestión de componentes clave (como plantas de tratamiento o acueductos) podría quedar en manos de empresas cuyo principal objetivo es el lucro, no el bienestar social.
La Clave 2: Tarifas «Suficientes» (Artículo 41)
El Artículo 41 establece que «Las cuotas y tarifas deberán ser suficientes para cubrir los costos de operación, administración, mantenimiento, depreciación, costo financiero y una reserva para rehabilitación y mejoramiento del sistema».
¿Qué significa esto para tu recibo?
Este artículo obliga a que la tarifa que pagan los usuarios cubra absolutamente todos los costos asociados al servicio, incluyendo el pago de deudas («costo financiero») y un fondo para futuras obras. Si bien esto suena financieramente responsable, los detractores advierten que es una justificación legal para imponer «tarifazos». Si AyD contrae grandes deudas para nuevos proyectos (como el acueducto Monterrey V), este artículo le permitiría trasladar el costo íntegro de esa deuda a los recibos de los ciudadanos, sin importar su capacidad de pago.
La Clave 3: Medición Obligatoria (Artículo 42)
El Artículo 42 es contundente: «El servicio de agua potable será medido, siendo obligatoria la instalación de aparatos medidores». Se acabaron las cuotas fijas.
¿Qué implica este cambio?
Por un lado, promueve un consumo más responsable, ya que cada litro cuenta. Sin embargo, para las familias de bajos recursos y para aquellas en zonas con suministro intermitente, puede ser un golpe devastador. Pagarán por cada gota que reciban, incluso si el servicio es deficiente, y podrían enfrentar facturas impagables en un contexto de crisis económica.
«El acceso al agua es un derecho humano consagrado en la Constitución, y exigimos que la ciudadanía reciba un servicio digno, continuo y transparente». – Declaración recurrente de activistas y políticos de oposición.
La nueva ley se presenta como una herramienta técnica para modernizar un sistema obsoleto y garantizar su viabilidad financiera. Sin embargo, para una ciudadanía que ya sufre la escasez, sus cláusulas suenan a una amenaza: que el agua, un derecho humano fundamental, se convierta definitivamente en una mercancía accesible solo para quien pueda pagarla. Este es el fondo del debate que hoy tiene a Nuevo León al borde de un estallido social.
La Verdad Yucatán
