Consejo de ministros y espacios institucionales: CRC defiende que no hubo censura y cumplió normas

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) reafirmó esta semana su decisión de no autorizar un mensaje institucional de la Presidencia que convocaba a marchar el 1 de mayo en apoyo a la consulta popular por la reforma laboral. Después de que el presidente Gustavo Petro calificara el rechazo como un acto de “censura” y acusara al regulador de exceder sus competencias, la CRC insistió en que aplicó de manera estricta las reglas que rigen estos espacios.

La CRC explicó que estos espacios gratuitos en la televisión sirven solo para informar a la ciudadanía sobre la gestión del Estado y no para hacer propaganda política. Por eso revisan cada video para asegurarse de que no intente influir en el voto o en la opinión pública durante procesos que aún no han concluido.

En la solicitud presentada por la Presidencia, se incluyó un video de 27 segundos que simula una conversación entre dos ciudadanos invitándolos a acudir a la Plaza de Bolívar para defender la consulta popular.

La entidad determinó que ese mensaje, aun tratándose de un llamado a la participación democrática, contenía un marcado sesgo político y pretendía incidir en la opinión pública durante un proceso consultivo aún en desarrollo. Por lo tanto, no cumplía con los requisitos de información objetiva que exige la regulación.

A diferencia de un órgano censor, la CRC sostiene que su función es verificar el ajuste de cada mensaje a las normas, sin revisar o alterar el contenido. Tras el fallo del Consejo de Estado sobre las alocuciones presidenciales —que deben ser comunicaciones personales del jefe de Estado— la Comisión reforzó su protocolo para garantizar que las futuras peticiones se alineen con las pautas judiciales establecidas.

En ese proceso, la CRC no sustituyó su criterio por el del Gobierno ni alteró ni un segundo del material original. La negativa obedeció únicamente a que la pauta difundía un mensaje de carácter político electoral dentro de un espacio reservado al servicio público.

Aunque la CRC insiste en que su decisión fue técnica y ajustada a derecho, la reacción del Gobierno no se hizo esperar. Una hora después de conocerse el fallo judicial que respaldó al regulador, el ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció en su cuenta de 'X' que la medida sería impugnada, alegando que “una tutela no puede ir en contra de la Ley 182 de 1995”, la cual regula el servicio público de televisión en Colombia. “No se alegren tanto. La decisión de no transmitir los consejos de ministros será impugnada”, escribió.

Un operador de televisión regional con el que EL TIEMPO habló, señaló una confusión a la hora de diferenciar entre una alocución presidencial y la transmisión de un Consejo de ministros. El fallo del Consejo de Estado establece que las alocuciones deben ser mensajes personales del jefe de Estado sobre temas de interés general y no incluir deliberaciones de gabinete.

Para los canales, esa línea resulta confusa porque ambos segmentos pueden transmitirse en un mismo bloque informativo. Sin embargo, la CRC dice que dicha diferenciación es clave para salvaguardar el pluralismo informativo: "permitir que las sesiones del Consejo de ministros ocupen espacios institucionales equivaldría a convertir a estos segmentos en un canal alterno de propaganda oficial", afirmaron.

En caso de desacato a los lineamientos judiciales, la CRC anunció que no cuenta con facultades para sancionar al presidente; solo un juez de tutela podría declarar la omisión como desacato y ordenar las medidas correspondientes. La Comisión se limita a supervisar el cumplimiento técnico y a remitir solicitudes sin intervenir en el contenido.

Para evitar confusiones y polémicas similares, la CRC dijo que trabaja en un "documento azul" que diagnóstica los riesgos al pluralismo informativo derivados de la regulación actual.

Este medio habló con la comisionada de la sesión de contenidos audiovisuales de la CRC, Andrea Muñoz: “Para finales de este año, proyectamos presentar propuestas regulatorias que incluyan mecanismos de autorregulación para medios de televisión estándares de integridad editorial inspirados en iniciativas internacionales y ajustes a la definición y atribución de espacios institucionales”, explicó.

Con esas medidas, el organismo dice que "busca brindar mayor claridad a emisoras y entidades estatales, evitando interpretaciones contradictorias de las normas y fortaleciendo el pluralismo informativo".

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