Denuncian inicio de obras en el puerto Manzanillo Cuyutlán sin autorización de Semarnat

COLIMA, Col., (apro) .- Pese a que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no ha emitido la autorización en materia ambiental, ya comenzaron los trabajos de dragado de la Laguna de Cuyutlán dentro del proyecto del puerto Nuevo Manzanillo, denunció la asociación Defensores del Medio Ambiente y Recursos del Mañana (Demarem), junto con integrantes del movimiento Salvemos Cuyutlán, Laguna Viva.

Mediante un pronunciamiento, los ambientalistas señalaron que en la laguna se ha documentado la presencia de dragas marinas, lo que “violenta el principio precautorio” y, en este contexto, la obra “podría estar causando daños irreparables”.

Recordaron que el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) establece que ninguna obra con potencial de causar desequilibrios ecológicos puede iniciarse sin la autorización previa de la Semarnat, lo que en este caso no se ha cumplido.

De igual forma, denunciaron que la MIA-R omite el análisis del patrimonio cultural en la zona y particularmente en Isla Cocodrilos, una de las áreas que serían intervenidas para la construcción del nuevo puerto.

“En esa isla hemos encontrado una cantidad abrumadora de restos prehispánicos. Esta evidencia demuestra que ni siquiera el responsable del estudio ha visitado la zona que avala impactar”, denunciaron.

Los defensores del ambiente reclamaron que se lleve a cabo una evaluación arqueológica obligatoria, pues su ausencia constituye “una grave violación a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos”.

Advirtieron que la falta de un estudio arqueológico impide al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) cumplir con sus funciones, ya que no se le da la oportunidad de determinar la existencia de vestigios ni de aplicar medidas de protección. En consecuencia —alertaron— cualquier vestigio cultural en la isla corre el riesgo de ser destruido de manera irreversible, lo que violenta el espíritu de la ley, cuyo propósito es preservar el patrimonio nacional para las futuras generaciones.

También cuestionaron que la Semarnat haya otorgado únicamente ocho días para revisar un documento de casi mil 300 páginas. Consideraron este plazo “ridículo e irresponsable” y exigieron que se cumpla con lo previsto en el artículo 34 de la LGEEPA, que permite organizar una consulta pública para garantizar la participación ciudadana en el proceso de evaluación.

En su posicionamiento, Demarem subrayó además que la MIA carece de rigor técnico y multidisciplinario, ya que aparece firmada sólo por un oceanólogo. Aunque reconocieron su formación en ese campo, insistieron en que un proyecto de carácter federal y con alto riesgo ambiental debería contar con un equipo de especialistas de distintas áreas para evaluar integralmente los impactos sociales, económicos y ambientales.

Los defensores de la laguna advirtieron que el Puerto Nuevo Manzanillo generaría efectos irreversibles en la región, entre los que mencionaron la agudización de la escasez de agua potable ya presente en la zona, el despojo del modo de vida de pescadores y salineros, atentando contra sus derechos humanos, la pérdida irreparable de biodiversidad y de las barreras naturales que regulan fenómenos climáticos, así como la alteración de corrientes marinas, que podría ocasionar la elevación del nivel del mar, la reducción de playas, erosión costera y afectaciones al turismo.

Finalmente, Demarem afirmó que el proyecto portuario no representa progreso para los pueblos de Cuyutlán y Armería, sino “destrucción y despojo”.

Subrayaron que el verdadero desarrollo para la región consiste en apoyar a los agricultores que padecen despojo de agua, invertir en infraestructura pública en beneficio de la ciudadanía, y proteger a las cooperativas de pescadores, salineros, apicultores y agricultores que dependen de la laguna respetando sus prácticas y modos de vida.

“El proyecto del puerto, tal y como está planteado, solo significa destrucción y despojo para las comunidades, un progreso y desarrollo que no hemos pedido ni solicitado”, concluyeron.