Hacienda pone fin a medio año de asfixia financiera a CC.AA. y ayuntamientos y desbloqueará los 13.000 millones que les debe

La voz de alarma la lanzó hace poco más de una semana el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. "Si el Gobierno de España no habilita de manera inminente el Fondo de Liquidez Extraordinario los servicios básicos fundamentales de la Comunidad Valenciana no se van a poder prestar en las próximas semanas". Después de cinco meses malviviendo con las mismas transferencias del Estado del año 2023, recibiendo 165 millones de euros menos al mes de lo que le correspondía según la financiación que Hacienda les había prometido un año antes y con una catástrofe sin precedentes que paliar, las cuentas de la Generalitat Valenciana habían llegado al límite.

La situación era de tal gravedad que incluso responsables de Hacienda de comunidades autónomas gobernadas por el partido en el Gobierno metieron presión para resolver la situación. Este lunes al fin la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que llevará al Consejo de Ministros de este martes la actualización de las entregas a cuenta a comunidades autónomas y ayuntamientos que les corresponden según sus respectivos sistemas de financiación.

En el ínterin, Hacienda se ha quedado en caja con alrededor de 13.000 millones de euros que debían haber estado en las arcas de las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Montero ha atribuido este lunes la distorsión a la negativa del PP, entre otras formaciones políticas, a respaldar el decreto ómnibus de diciembre donde el Ejecutivo decidió meter este asunto con otros muchos más y que terminó cayendo por falta de apoyo parlamentario suficiente. "Esperamos que esta vez el Gobierno lleve solo estos anticipos a cuenta y no aproveche para meter otras cuestiones de su agenda política", ha advertido la consejera de Hacienda de la Comunidad Valenciana, Ruth Merino.

No es que comunidades autónomas y ayuntamientos no hayan recibido la financiación que Hacienda les avanzó en julio de 2024 para darles una guía para diseñar sus presupuestos de este año, es que ni siquiera están recibiendo los mismos recursos que el año pasado, ya que al decaer la actualización prevista en el decreto ómnibus la referencia para estos pagos ha pasado a ser la Ley de Presupuestos de 2023 y el perjuicio financiero para las comunidades autónomas de régimen común es de cerca de 1.800 millones de euros mensuales. Para los ayuntamientos supera los 500 millones mensuales.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este lunes que el Consejo de Ministros de mañana tiene previsto aprobar un decreto ley para actualizar el dinero que reciben comunidades autónomas y ayuntamientos como entregas a cuenta.

Montero, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, ha afirmado que este decreto ley recibió el voto en contra del PP, aunque posteriormente «reprochó al Gobierno el no haberlo aprobado, también en la Conferencia de Presidentes». Esta medida forma parte del tristemente célebre decreto ómnibus, presentado a finales de enero por el Gobierno y que incluía, entre otras medidas, la revalorización de las pensiones, bonificaciones al transporte público o, por otro lado, la cesión de un inmueble parisino al Partido Nacionalista Vasco (PNV) en virtud de la Ley de Memoria Democrática.

«Vamos a volver a llevarlo a ver si ahora el PP cambia de opinión y le da oxígeno a comunidades autónomas y ayuntamientos que necesitan esos recursos y que siendo incluso del color político del PP, por el simple hecho de intentar hacer una derrota parlamentaria, no vieron la luz», ha subrayado Montero.

En este contexto, la vicepresidenta primera ha defendido que «sobran los motivos» para que el Gobierno pueda completar en esta legislatura todo el programa de gobierno que el presidente, Pedro Sánchez, anunció en su investidura. Estas declaraciones se enmarcan en el centro de una gravísima crisis para el PSOE, cuyo último episodio ha sido protagonizado por el ya ex-secretario de Organización del partido, Santos Cerdán, que declarará de forma voluntaria ante el Supremo el 25 de junio, por su condición de aforado, al haber observado el juez indicios de cohecho y organización criminal.

«Nosotros necesitamos completar esta legislatura para continuar el enorme proceso de transformación que está haciendo este Gobierno (...) La economía va mejor que nunca, tiene récord de afiliación, casi 22 millones de personas trabajando. Tenemos en este momento una subida del salario mínimo interprofesional que ha mejorado de forma sustancial la vida de los ciudadanos y ahora más un pensionista cobra 400 euros más de media de lo que cobraba en la etapa del PP«, ha recalcado Montero.

«Tenemos muchas tareas pendientes, mucha labor que desarrollar y por tanto nos sobran los motivos para estar comprometidos ilusionados y para impulsar la legislatura», ha concluido la titular de Hacienda.