Destrucción de la Selva Lacandona, temporada final 2018-2025

La Selva Lacandona es el fracaso de gobernanza territorial más grande y trágico en la historia de México. Es el testimonio de la destrucción de un valiosísimo capital natural que sólo ha traído expansión de actividades económicas de muy baja productividad, y más pobreza, y ofrecido una válvula de escape efímera e inútil a presiones agrarias, sociales, demográficas y políticas originadas fundamentalmente desde los Altos de Chiapas. Es un caso trágico de fallas institucionales radicales y derrumbe extremo del estado de derecho. La destrucción de la Selva Lacandona no comenzó con el gobierno 2018 -2024, pero sí encontró en este la culminación casi deliberada de un proceso iniciado hacia 1970.

Lo que se conoce como Selva Lacandona abarcaba hacia 1970 más de 1.5 millones de hectáreas; hoy subsiste, probablemente, menos de una cuarta parte. La Selva Lacandona es (fue) uno de los ecosistemas más biodiversos de México y Mesoamérica, comparable en riqueza biológica con la Amazonía, Indonesia y el Congo. Es posible identificar al menos cuatro etapas en la destrucción de la Selva Lacandona. La primera arranca a partir de los años 30 del siglo XX, cuando el Estado mexicano promovió la colonización agraria para “poblar” el oriente de Chiapas. Los terrenos nacionales de propiedad pública fueron entregados, en lo esencial, a nuevos ejidos y comunidades. Se dieron grandes concesiones a empresas forestales, que penetraron la selva con una amplia red de caminos madereros, los cuales invitaron a la colonización caótica. Arrancó la destrucción del bosque tropical a través de asentamientos campesinos, quemas y desmontes para establecer parcelas agrícolas de subsistencia y potreros de ganadería extensiva. En una segunda etapa, la Reforma Agraria se aceleró vertiginosamente en los primeros años de la década de los setenta, liquidando todo el patrimonio territorial del Estado Mexicano que existía en forma de terrenos nacionales. El gobierno concedió en 1972 a 66 familias de la Comunidad Lacandona (indígenas lacandones originarios) una extensión de 314 mil hectáreas. Estas tierras, posteriormente, en 1978, fueron decretadas como Reserva de la Biósfera, pero, manteniendo la propiedad privada de la tierra (propiedad comunal, privada), y sin presupuesto ni institucionalidad ni vigilancia algunas. La Reserva de la Biósfera fue rápidamente invadida por indígenas tzeltales, choles y tzotziles de los Altos de Chiapas. En estos años, un catalizador definitivo de la colonización formal y anárquica fue la construcción de la carretera Transfronteriza paralela a los ríos Usumacinta y Salinas. La tercera etapa de destrucción de la Selva Lacandona fue protagonizada por el llamado “Ejército Zapatista de Liberación Nacional” a partir de 1994, que indujo y aceleró la invasión de la reserva de la Biósfera. En su momento, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) intentó con denuedo contener la destrucción de la Selva Lacandona, en particular de la Reserva de la Biósfera de Montes Azules. Todo el esfuerzo fue abandonado en años posteriores. La cuarta etapa arranca en el año 2000, y se extiende hasta nuestros días con los gobiernos de Morena. En 2018 se recortaron radicalmente los presupuestos de la CONANP, se desmantelaron los programas de conservación, e incluso – por perversión ideológica – en 2019 se promovió desde SEMARNAT la colonización de la Reserva de la Biósfera con grupos indígenas. La Selva Lacandona, que había atraído la atención de medios de comunicación, organizaciones civiles nacionales e internacionales, y del propio gobierno federal, simplemente se evaporó. Peor, el gobierno federal estableció en 2018 un programa masivo de subsidios clientelares llamado “Sembrando Vida” que incentivó la destrucción del bosque tropical para hacer las tierras acreedoras a cuantiosas dádivas que alcanzan 5 mil pesos por hectárea al mes, algo irresistible para ejidatarios, comuneros y propietarios individuales. Es así, que, en 2019, la deforestación en la Selva Lacandona alcanzó los niveles más altos en la historia. Actualmente, como ocurre en muchas otras regiones del país, la Selva Lacandona se ha entregado al control del crimen organizado. El turismo ecológico incipiente fue abortado. La deforestación es terminal, la violencia es cotidiana, hay una ausencia total de estado de derecho, abandono, extorsión, tráfico de estupefacientes y de fauna silvestre y maderas preciosas, invasiones, narco-ganadería, y colusión entre comunidades y delincuentes.

La población en los municipios que conforman la Selva Lacandona ha crecido aceleradamente en las últimas dos décadas, por inmigración y muy altas tasas de fecundidad de la población local de entre 3.5 y 4.5 hijos por mujer (en México es de 1.6). Por último, debe consignarse que la destrucción ha contabilizado emisiones masivas de CO2 a la atmósfera que han contribuido a las emisiones totales de nuestro país: la destrucción de más de un millón de hectáreas de bosque tropical perennifolio ha generado emisiones acumuladas equivalentes al total – en un año – de emisiones de CO2 de México. Mientras tanto, la Guardia Nacional, SEMARNAT, PROFEPA, CONANP y CONAFOR, impotentes o indiferentes, miran hacia otro lado. Es fiel reflejo del México actual. Se acabó.