Trump encuentra en África un salvavidas para su programa de deportaciones exprés de migrantes

Una llamada desde una cárcel de Eswatini despertó a la familia Mosquera en la madrugada del viernes 1 de agosto. Era Roberto Mosquera del Peral (La Habana, 58 años), uno de los cinco hombres ―de Cuba, Jamaica, Laos, Vietnam y Yemen― deportados por el Gobierno de EE UU a este país africano, antes conocido como Suazilandia, a mediados de julio. Jessica Canoto, su sobrina, escuchó la voz de Mosquera al otro lado del teléfono. “No pudo hablar mucho, nada más nos dejó saber que estaba bien. Hasta entonces, no sabíamos si estaba vivo o muerto”, cuenta Canoto a EL PAÍS por teléfono desde Miami. El Gobierno estadounidense acusa a su tío de ser “un delincuente extranjero peligroso con un pasado violento”, según palabras de un portavoz del ICE, y sostiene que estuvo condenado por asesinato en primer grado y por agresión agravada, robo de vehículo, fuga para eludir a las autoridades y conducción temeraria.

Mosquera, que llegó a EE UU a los 13 años en medio del gran éxodo de El Mariel, estuvo dos veces en prisión, entre 1989 y 1996 y entre 2010 y 2012, según figura en un informe del Departamento Correccional de Florida. Mosquera fue detenido en la sede del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Miami, el 16 de junio. Un mes después, el 14 de julio, fue deportado “en cumplimiento de una orden administrativa definitiva de expulsión”, según el portavoz del ICE, a Eswatini. Este es un pequeño país al sur de África, con apenas 1,2 millones de habitantes y gobernado por una monarquía absoluta y en el que ocurren diversas violaciones a los derechos humanos que, de hecho, están documentadas por el Departamento de Estado de EE UU en sus informes anuales. En el reporte de Eswatini, se mencionan casos de detenciones arbitrarias y homicidios por motivos políticos, torturas y tratos crueles por parte de las fuerzas de seguridad y hacinamiento y pésimas condiciones sanitarias en las prisiones.

En la casa de los Mosquera, en Miami, no entienden por qué Roberto ha sido deportado a un tercer país del que no sabían prácticamente nada. En Eswatini, a más de 13.000 kilómetros de distancia, partidos políticos de oposición como PÙDEMO y organizaciones como el Southern Africa Litigation Center o el Swaziland Rural Women Assembly tampoco entienden por qué cinco extranjeros han llegado a las cárceles de su territorio en medio de un acuerdo secreto entre el Gobierno Trump y las autoridades locales. En Sudáfrica, el país vecino, el Gobierno comunicó el pasado el miércoles al Reino de Eswatini que teme estas, y futuras deportaciones, pongan en riesgo su seguridad nacional.

EE UU no afirma en absoluto que se trate de terceros países seguros, sino que los utiliza simplemente como lugar de deportación

Bill Frelick, director del Programa de Derechos de los Refugiados de Human Rights Watch

El caso de Mosquera no es una excepción. Donald Trump ha encontrado en África un salvavidas para continuar su política de deportaciones de migrantes con acuerdos secretos y en territorios remotos, lejos de las miradas de la prensa y de los defensores de derechos humanos. En mayo, deportó a Sudán del Sur a ocho hombres de Cuba, Vietnam, Corea del Sur, México, Laos, Myanmar y Sudán del Sur. En julio, fue el turno de los cinco expulsados a Eswatini. El martes pasado, Ruanda confirmó que había cerrado un acuerdo con EE UU para recibir hasta 250 migrantes deportados.

El plan en África está lejos de detenerse. Medios como The Wall Street Journal sostienen que Trump ha propuesto acuerdos de deportación a otros países como Gabón, Guinea-Bissau, Liberia, Mauritania y Senegal. CBS ha mencionado también negociaciones con Angola y Guinea Ecuatorial. Nigeria se negó, en julio, a recibir deportados.

Expertos de Naciones Unidas han cuestionado que las deportaciones exprés a terceros países, sin “procedimientos adicionales” y con notificaciones con pocas horas de antelación, hayan sido avaladas por el Tribunal Supremo de EE UU. Bill Frelick, director del Programa de Derechos de los Refugiados de Human Rights Watch (HRW), plantea, en entrevista con EL PAÍS, que en una deportación se debe cumplir el debido proceso, en el que se da la oportunidad de presentar reclamaciones ante las órdenes de deportación. También se debe garantizar el principio de protección, por el que una persona no debe ser devuelta a un país donde haya riesgo de persecución. “Cuando se deporta a terceros países, la situación es mucho más complicada”, resalta Frelick y añade que, en ese caso, se debe evaluar un país seguro de destino y determinar qué se entiende por seguro. “En el caso de Eswatini y Sudán del Sur, EE UU no afirma en absoluto que se trate de terceros países seguros, sino que los utiliza simplemente como lugar de deportación”, afirma, en una videollamada desde Washington. Esto es un reto porque, legalmente, estos países africanos ahora son responsables de estas personas.

“En su búsqueda [de destinos de deportación] descubrieron un país, que dudo que Trump conociera antes, que tiene un monarca que haría cualquier cosa por dinero”. Así es como Mlungisi Makhanya, presidente de PUDEMO, el principal partido de oposición de Eswatini, resume este caso. Makhanya, cuyo partido político ha sido perseguido por la monarquía, conoce de primera mano el estado de los derechos humanos y de las cárceles en su país. De acuerdo con la plataforma World Prison Brief, la ocupación del sistema penal de Eswatini supera el 171%. Makhanya describe, además, situaciones como falta de alimentos, poco presupuesto para los servicios penitenciarios y débiles medidas de seguridad. “Ha habido fugas en nuestras prisiones. ¿Por qué traen a estas personas que, según ellos, son muy peligrosos sabiendo que nuestro sistema de seguridad penitenciaria es muy débil?“, cuestiona Makhanya en una vídeollamada con EL PAÍS.

PUDEMO, explica su presidente, prepara una demanda contra el Estado por haber negociado en secreto con EE UU y “a expensas de los deportados”. “Nuestros tribunales no son independientes, pero creemos que, pese a ello, tenemos el deber de impugnar el encarcelamiento de estas cinco personas. Eswatini está siendo utilizado para deshumanizar a nuestros hermanos del hemisferio Sur”, asegura Makhanya. “El primer procedimiento permitirá a nuestro equipo jurídico ponerse en contacto con estas personas para obtener sus declaraciones e información sobre lo que ocurrió realmente”, agrega el líder político.

En su búsqueda [de destinos de deportación] descubrieron un país, que dudo que Trump conociera antes, que tiene un monarca que haría cualquier cosa por dinero

Mlungisi Makhanya, presidente de PUDEMO

No hay nueva información oficial sobre el estado de los cinco deportados. El Gobierno de Eswatini, en julio, se limitó a confirmar que estaban “recluidos en centros penitenciarios en unidades aisladas donde se encuentran otros delincuentes similares”. También han asegurado que colaborarán con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para retornar a los cinco a sus países de origen. No obstante, la OIM, según explica el portavoz de HRW, no puede intervenir en casos de deportación, solo en los de retorno voluntario.

El abogado Sibusiso Nhlabatsi, especialista en derechos humanos, fue el pasado 25 de julio hasta la puerta de la cárcel de alta seguridad de Matsapha ―donde, se cree, están los cinco deportados― y pidió, en nombre de una firma de abogados de EE UU que los representa, que le permitieran verificar su situación. Le negaron la entrada. “Han cumplido sus condenas”, declaró Nhlabatsi a la agencia Associated Press. “Si una persona ha cometido un delito y ha cumplido su condena, ¿por qué se le sigue manteniendo en prisión?“.

Melusi Simelane, gerente del Grupo de Derechos Civiles del Southern Africa Litigation Centre, asegura que están asesorando al abogado Nhlabatsi para que pueda entrar a la prisión. El 31 de julio demandaron al jefe del departamento de servicios correccionales de Eswatini y al fiscal general del país para conseguir acceso. Mientras esa autorización llega, la organización prepara otra acción legal para exigir al Primer Ministro de Eswatini, Russell Dlamini, que responda por qué recibió a los deportados y bajo qué disposiciones legales. “Solicitaremos a un tribunal que obligue al primer ministro a explicar cuál fue el acuerdo [con EE UU] y a consultar al Parlamento en el futuro”, asegura Simelane. “Esto es un precedente muy peligroso en el país y en la región. Lo que hace Trump es decir ‘si me hacen este favor, no les impondré aranceles’. No podemos permitir que nuestra soberanía se vea socavada”. Eswatini, Sudán del Sur y Ruanda tienen, desde este 7 de agosto, aranceles del 10%, la tasa más baja de esta política de Trump.

HRW también tiene muchas preguntas. Frelick asegura que la organización prepara una carta para los Gobiernos de Sudán del Sur y Eswatini para solicitar más información y determinar si abrirán una investigación. No obstante, reconoce que una investigación en terreno es un reto mayor en ciertos países africanos. “Tenemos una relación muy difícil con Ruanda, porque hemos sido críticos con su Gobierno”, dice Frelick, a manera de ejemplo.

Kelly Stone, consultora de Justicia y prevención de violencias en el Institute for Security Studies (ISS) de Pretoria, advierte de que las deportaciones hacia África son una continuación de la política de seguridad de Trump de expulsar supuestos criminales que comenzó por Centroamérica. Con el agravante de que los acuerdos se han cerrado en medio de un alto secretismo: no se sabe qué reciben a cambio los países receptores ―de El Salvador se sabía que recibiría 20.000 dólares, unos 17.000 euros, por preso al año―, a qué prisiones van o si se recibirán más detenidos. Por otro lado, se trata de países pobres con bajo margen de negociación frente al gigante norteamericano.

Se sembró una semilla de duda en un contexto en el que las personas ya no confiaban en los políticos

Kelly Stone, consultora de Justicia y prevención de violencias en el Institute for Security Studies (ISS) de Pretoria

Para el economista Patrick Bond, profesor de Sociología en la Universidad de Johannesburgo y autor de varios libros sobre la explotación de recursos en países africanos, estas deportaciones no son más que una parte de la política transaccional de Donal Trump y de su agenda en África. “Quiere una relación dura en la que si dan algo a África, esta debe hacer lo que sea [en retribución]. Es un soborno. En el caso de Sudán del Sur, necesita el apoyo militar de EE UU. Y Eswatini necesita, desesperadamente, legitimidad”, explica en una videollamada.

Stone, además, advierte de un riesgo mucho más profundo que la seguridad: el aumento de la desconfianza ciudadana por sus gobiernos en contextos de poca estabilidad. “La gente se pregunta, ¿por qué estás asumiendo un problema que debería gestionar EE UU?, ¿qué les has prometido?, ¿qué acuerdo sucio están tramando? Se sembró una semilla de duda en un contexto en el que las personas ya no confiaban en los políticos".