La Salada. Desmantelar la feria no solucionará la precariedad
SANKT GELLEN, Suiza
La Salada es un fenómeno particular. Su aparición periódica en la discusión pública suele despertar prejuicios, reproducir mitos y sentimientos que parecen exagerar su verdadera naturaleza: un mercado informal de ropa ubicado apenas a un kilómetro de la ciudad de Buenos Aires. En este artículo me propongo cuestionar varios de esos lugares comunes en la certeza de que, para obtener resultados diferentes y dejar de pensar en La Salada como un fenómeno criminal, es necesario una perspectiva superadora, más cauta y comprensiva.
Para la política, formalizar la feria ha sido un riesgo electoral y no una oportunidad
La Salada existe porque un sector mayoritario de la sociedad argentina padece un severo problema de acceso a la indumentaria producida formalmente. Es, por lo tanto, un fenómeno estrechamente asociado a la creciente desigualdad social. Y, como tal, no es patrimonio argentino, pues mercados exactamente iguales o incluso más grandes existen en Brasil (Feira da Madrugada) o Italia (Macrolotto). El problema de acceso a la ropa probablemente se deba a un conjunto de factores como, por ejemplo, el costo de la mano de obra, la carga impositiva o los salarios deprimidos. Para comprender el problema, lo que importa señalar es que, desde hace ya mucho tiempo, la mayoría de las familias no pueden abastecerse de ropa únicamente en shoppings o en tiendas “de marca”. La contracara de esta dificultad es entonces una extendida demanda de prendas de vestir accesibles que La Salada viene a satisfacer. Y aquí conviene hacer dos aclaraciones. En primer lugar, La Salada ha dejado de ser “el shopping de los pobres”, como escribió alguna vez Jorge Ossona. Todos los segmentos de la sociedad argentina –altos, medios y bajos– compran ropa comercializada a través de La Salada. Usted, lector, dirá “¡pero yo nunca he ido a La Salada!”. La segunda aclaración responde justamente a su comentario: sabiéndolo o no, usted ha estado comprando ropa de La Salada, que es algo así como un mercado central de la indumentaria: las prendas que allí se exhiben se revenden en otras ferias –las famosas “saladitas”– y también en innumerables comercios de barrio en todas las ciudades del país.
Llegado este punto, queda bastante claro que La Salada es mucho más que un predio ubicado en Lomas de Zamora. Los tres mercados de este complejo –Punta Mogote, Ocean y Urkupiña– son apenas el primer eslabón de la cadena de distribución de ropa fabricada en unos 24.000 talleres esparcidos en el conurbano bonaerense. Las prendas que salen de esos talleres se comercializan a través de los 8000 puestos que la feria le alquila a miles de fabricantes ávidos por exhibir sus creaciones. Y, si observamos la cadena de distribución, los casi doscientos ómnibus de larga distancia que llegan por día a La Salada transportan ropa que luego se revende en todo el país, incluyendo unas quinientas “saladitas” que replican el modelo de negocio. Como si esto fuera poco, esta economía ha estimulado otras actividades, como el transporte, la venta de insumos para la producción de ropa, la venta ambulante, los negocios inmobiliarios, etc. Se trata entonces de una economía gigantesca que incluso genera más trabajo que el sector formal de la indumentaria.
Informalidad y costos
Las prendas comercializadas a través de La Salada son accesibles porque son el fruto de una economía informal de principio a fin, desde la producción hasta el consumidor final. Ese es el rasgo central de la informalidad en esta economía: el incumplimiento de una gran variedad de regulaciones tanto en las etapas de producción como de distribución. Aunque la figura del monotributo está muy extendida, se incumplen normas vinculadas a las habilitaciones de talleres y comercios, al registro de trabajadores, a las medidas de seguridad y se evaden distintos tipos de impuestos y tasas. Pero es justamente ese incumplimiento lo que permite reducir costos y convertir La Salada en una economía capaz de ofrecer productos accesibles. Si todos los actores de esta economía cumpliesen con todas las regulaciones requeridas, esta feria colapsaría.
Finalmente, antes de ocuparnos de las respuestas gubernamentales, quisiera aludir a la crítica por la cual La Salada suele estar en las noticias: la ilegalidad. Ya he mencionado que es una economía informal, algo que no difiere en nada de otros sectores de la economía argentina. Pero la preocupación popular parece ir más allá y centrarse en la “falsificación de marcas”. En La Salada, la mitad de las prendas en venta exhibe logos que contravienen la ley de marcas. La otra mitad, no exhibe marcas falsificadas y por ende no viola esa ley. Es más, muchos fabricantes han desarrollado su propia marca. Pero también la idea de falsificación es engañosa, pues en La Salada son muy pocas las prendas que son exactamente iguales al original de una marca famosa. Estas últimas son prendas cuyo valor surge justamente de producir una réplica exacta, por ejemplo, una camiseta de la selección argentina. En los talleres que yo he visitado, las prendas se diseñan siguiendo diversos criterios, como las preferencias de los clientes, la disponibilidad de telas, tendencias de moda, etc. Al final, la falsificación se manifiesta en el uso indebido de logos de marcas famosas, que se agregan por un único motivo: porque la gente los desea y los compra. Así las cosas, el énfasis en la ilegalidad de La Salada, parece ser parte de una doble moral: se denuncia ilegalidad y se demanda “orden” mientras que se consumen prendas con logos falsificados cuyo precio solo es posible si se transgreden normas.
Respuestas gubernamentales
La Salada comenzó a desarrollarse en los años 90, al calor de una paridad con el dólar que, al tiempo que contribuía a desmantelar la industria de la indumentaria nacional, funcionaba como un imán para migrantes de países limítrofes. Hacia 2001, a diferencia de la economía formal, La Salada experimentaba su apogeo. Con los años, este mercado se transformó en un refugio efectivo ante los vaivenes de la economía formal: allí llegaron tanto quienes necesitaban generar ingresos ya sea produciendo o revendiendo, como sectores cada vez más amplios que buscaban ropa accesible.
Desde los años 90 hasta ahora, la respuesta gubernamental a este fenómeno ha estado basada en la creencia en que el libre mercado en La Salada traerá bienestar y progreso. Esto puede resultar paradójico, pero las administraciones peronistas, de Cambiemos o de La Libertad Avanza no han apostado por procesos de formalización que contemplen las capacidades empresariales de miles de emprendedores, la heterogeneidad del sector o la realidad del modelo de negocio que impera en La Salada. No se han desarrollado estrategias, por ejemplo, orientadas al desarrollo tecnológico de los talleres, a mejorar las infraestructuras o a crear regímenes impositivos especiales. Lejos de soluciones que tiendan a una formalización sustentada en la valorización de la voluntad de trabajo y la creatividad en este sector, se ha elegido al libre mercado como mecanismo corrector del precio de la ropa, pero también como forma de disciplinar a un sector estigmatizado de la sociedad.
La fe en el libre mercado se ha instrumentado de dos maneras. La primera es a través de lo que podríamos llamar una “tolerancia gubernamental estratégica”, que consiste en no aplicar la ley en una diversidad de ámbitos de esta economía. Los gobiernos nacionales, provinciales y municipales se han rehusado a controlar, realizar inspecciones o aplicar regulaciones, en la creencia de que la lógica de mercado de La Salada no solo los ayudaría a ganar elecciones, sino que además resolvería problemas como la falta de empleo, el acceso a la ropa o potenciales protestas. La formalización, en tanto estrategia de política pública cuyo objetivo es asegurar el ejercicio de derechos y crear una sociedad más igualitaria, ha sido percibida como riesgo electoral antes que como oportunidad. Pero esta fe en el libre mercado no incluye ni siquiera un Estado mínimo, como pregona el credo neoliberal. Por el contrario, la economía de La Salada ha recibido el lado informal y brutal del Estado para solucionar sus problemas, como la extorsión con fines recaudatorios para campañas políticas.
La apertura comercial es la segunda forma que adopta esta creencia en que el libre mercado por si solo podrá solucionar el problema del acceso a la indumentaria y la informalidad de La Salada. La reducción de aranceles de importación de ropa y calzado, telas e hilados, como sucede hoy, agrega presión a una economía que ya opera con altos niveles de trabajo familiar no remunerado, baja calificación y un uso intensivo de la mano de obra. El ingreso de importaciones es una mala solución por la sencilla razón de que penaliza a una población ya muy débil.
Cambiar este panorama presenta desafíos que no son insuperables. En primer lugar, asumir que todos los actores involucrados en este fenómeno tienen muy pocos incentivos para generar un cambio. El rehusarse a controlar, fiscalizar y, en definitiva, a formalizar este sector por motivos electorales debería dar lugar a una visión estratégica, también electoralmente rentable. Esto es un paso necesario para modificar los incentivos de fabricantes y comerciantes que tienen poco o ningún interés en promover un cambio; en definitiva, sus fuentes de ingresos dependen justamente de la posibilidad de incumplir normas. Lo mismo puede afirmarse de los dueños de los mercados cuyo negocio es el alquiler de puestos a una legión de fabricantes necesitados de un espacio para exhibir sus prendas. Diversas agencias estatales tampoco tienen incentivos, como la policía, que históricamente han capturado recursos de esta economía. El segundo desafío es un cambio de mirada: lograr que la dirigencia política, empresarial y, por qué no, periodística, sepa diferenciar entre personajes que delinquen y un sector económico poblado de emprendedores que, en un entorno sumamente hostil, logran proveer de indumentaria a todo un país.
Sociólogo y profesor de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de St. Gallen, Suiza; autor de El orden clandestino. Política, fuerzas de seguridad y mercados ilegales en la Argentina
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